El gran debate sobre el secuestro de la democracia

La prohibición de la Junta Electoral Central de un debate entre los cinco partidos que se disputan el gobierno en las elecciones generales del próximo día 28 es una pésima noticia para la democracia, la libertad de expresión y el periodismo.

Ilustración de Goyo Rodríguez.

Xuan Cándano | Periodista de RTVE y exdirector de ATLÁNTICA XXII
@XuanCandano

Tanto como la irrupción de la extrema derecha, asusta comprobar la debilidad de una democracia donde son tan escasos los demócratas que defienden públicamente una obviedad como la que formuló Voltaire hace tres siglos: «No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo».

No soy precisamente sospechoso de defender a las organizaciones o a las ideas de la extrema derecha, algo que están fomentando precisamente medidas como esta. Pero excluir a Vox de un debate con el resto de los candidatos de los partidos con implantación nacional y posibilidades de formar gobierno es un atropello democrático. Que además solo beneficia a este partido extremista porque da argumentos a su victimismo y a su discurso contra las élites, evitando además que Santiago Abascal, que rechaza debates y entrevistas por su propia debilidad argumental, tenga que exponer públicamente su montaraz argumentario.

Si como ciudadano me parece que Vox tiene derecho a participar en un debate a cinco, como periodista me parece una obligación, por el evidente interés informativo de este partido, al que las encuestas, la percepción en la calle y el pulso de la opinión pública conceden de cara al 28-A una especial relevancia. Que en el caso de sus seguidores, tras sus resultados en las elecciones autonómicas andaluzas, se traduce en esperanza y en el de los demócratas en miedo a un retroceso en las libertades y en los derechos sociales.

Ese debate a cinco prohibido se debería emitir en RTVE si esta empresa fuese un medio público independiente y neutral, como sostienen faltando a la verdad Pedro Sánchez y el PSOE, que tras el veto de la JEC han exhibido públicamente su control político de la radiotelevisión que pagamos todos, pero que sigue manejando a su antojo el gobierno de turno. Ese control político del mando a distancia de RTVE, idéntico al del resto de los medios públicos autonómicos, fue aún mayor y más grosero con el PP de Rajoy, y no es previsible que cambie con partido o gobierno alguno, porque parece tentación política inevitable la de apropiarse del mando de la tele en cuanto se accede al poder.

Esta cacicada de la JEC ha impedido un debate de indudable interés general, interfiriendo gravemente en la campaña electoral, pero ha generado otro más interesante sobre el secuestro de la democracia por parte de la partitocracia. Porque eso es lo que se observa, a falta de las imágenes de cinco candidatos debatiendo, tras la arbitraria decisión de un órgano público que incluso ataca a la libertad de empresa, porque ha impedido a una televisión privada optar por el debate que estimaba conveniente.

La Junta Electoral Central está compuesta por ocho jueces del Tribunal Supremo, elegidos por los partidos políticos a través del sistema de cuotas, donde lo decisorio durante las negociaciones son los vetos y las afinidades, no la independencia y la profesionalidad. Otros cinco miembros de la JEC son elegidos directamente por los partidos. Esa Junta, al igual que las provinciales, se limita a interpretar la Ley Electoral, que es injusta porque no garantiza que todos los votos valgan lo mismo y favorece al bipartidismo que la impulsó. Y además es intervencionista, porque permite aberraciones como esta última de la JEC, que deben acatar también los medios privados tras una reforma en 2011.

En los medios públicos el sistema de control partitocrático es el mismo. Los partidos se reparten los puestos en los consejos de administración y eligen a los responsables de los medios, primando también la afinidad sobre la independencia o la profesionalidad. Y caen en desgracia con los cambios de gobierno, cuando son sustituidos por las personas de confianza del nuevo partido ganador. En esto España no cambió mucho desde el turnismo decimonónico.

Así es como el poder político, que parece subordinado al económico, que está por encima aunque de forma invisible, controla sin pudor alguno y aplicando su propia legalidad a los poderes judicial y mediático. Éste último hace tiempo que dejó de ser un contrapoder y la subordinación del judicial haría salir del susto de su tumba al mismísimo Montesquieu, que identificaba democracia con separación de poderes. Algo tan perdido como el debate a cinco de Atresmedia.

Y por esta herida de la democracia aparecen esos virus a los que llaman populismo, como Vox en España. Este es el gran debate, que no afecta solo a cinco personas, sino a toda la ciudadanía. Y que los periodistas deberíamos ser los primeros en alentar.

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