Los papeles de Postigo destapan más corrupción en el Montepío

Unos papeles escritos a mano en 2002, atribuidos a José Antonio Postigo y aparecidos ahora, han provocado un fuerte impacto en las cuencas mineras, donde llegaron a los ordenadores de muchos sindicalistas de forma anónima. En ellos el principal acusado en el Caso Hulla delata supuestos cobros de comisiones ilegales por parte de sus dos antecesores en la presidencia del Montepío de la Minería, Alfredo Álvarez Espina y Ricardo López Estébanez.

El inicio del texto manuscrito atribuido a José Antonio Postigo.

Texto publicado en el número 57 (julio de 2018)

Xuan Cándano

«Los papeles de Postigo» –a los que ha tenido acceso Atlántica XXII, al igual que muchos sindicalistas de las cuencas mineras en los últimos días a través del correo electrónico o el teléfono móvil– son 14 hojas manuscritas que llevan en su encabezamiento una cifra, como si formaran parte de un expediente judicial, aunque no consta que figuren en el sumario del Caso Hulla. Algunas fuentes especulan con que fueron hallados en uno de los registros que los agentes de la UCO llevaron a cabo en los domicilios de José Antonio Postigo cuando estalló este caso en 2017.

Cuatro de esos folios son una descripción de Postigo de la corrupción que dice observar en el Montepío de la Minería en el verano de 2002, cuando están fechados. La redacción es muy deficiente y con abundantes faltas de ortografía, por lo que la transcripción de esta revista contiene correcciones formales. Están fechados en el hotel Aitana de Madrid, establecimiento muy frecuentado por sindicalistas del SOMA en aquella época. Diferentes personas consultadas por esta revista, entre ellas el actual presidente del Montepío, Juan José González Pulgar, y el secretario general del SOMA, José Luis Alperi, coinciden en su autenticidad, basándose en la letra, la firma y peculiar forma de expresarse de Postigo, que entonces era el secretario de Acción Sindical del SOMA, el número dos del sindicato minero y la mano derecha de José Ángel Fernández Villa.

PRUEBAS, GRABACIONES, VÍDEOS

Las primeras líneas del escrito ya adelantan el contenido de lo que luego se detalla: «Cuando me entero de que Ricardo (por López Estébanez) y Espina (por Alfredo Álvarez Espina) y otros están forrándose en el Montepío, ilegalmente por supuesto, pido que me den pruebas». Más adelante indica que sus informantes, con la condición de no ser delatados, que Postigo respeta, aportan «pruebas, grabaciones, vídeos donde aparecen estos dos haciendo negocios donde exigían pagos, cenas y comidas donde participaba hasta la mujer de Ricardo». A López Estébanez, entonces presidente del Montepío, lo considera «el cabecilla de todo». Álvarez Espina era miembro de la Comisión Regional de la mutua.

Según su relato, Postigo se dirige a ambos y «a otros, los cuales se ponen muy nerviosos y eso me favorece las posiciones». De Espina dice que «al principio niega, pero con las pruebas tan evidentes canta como un lorito» y «Ricardo niega pero cuando le hablo que los otros ya reconocieron y va a haber careo se viene abajo». Ese careo, según el manuscrito, fue en el hotel Aitana y Postigo indicó que solo había «dos soluciones»: acudir al Juzgado a denunciar o la presentación inmediata de la dimisión de los dos «y que pusieran la causa que quisiera», porque no se debía dilatar el asunto «pues podían hacer mucho daño». La denuncia judicial la descartaba Postigo para no perjudicar al sindicato, «pero sobre todo que no se convirtiera todo como el Caso Campelo» y para «no mezclar a otras personas puesto que no sabían nada», en aparente alusión a Fernández Villa.

La reunión se saldó con las dos dimisiones, la de Espina en un folio, dejando a Postigo que pusiese la fecha que quisiera. En su escrito éste dice que la de López Estébanez se demoró más, porque «tenía que consultarlo a la mujer» y quería garantías de que «dimitiendo yo no siguiera con el tema». Postigo asegura que contestó al entonces presidente del Montepío que «lo tomaba o lo dejaba, pero si lo dejaba entrarían en escena otros que sabía que están como ellos». «Al final –añade– me dio su dimisión también a mano en un folio donde la fecha que me pidió era el 2 de agosto de 2002».

En «Los Papeles de Postigo» lo primero que aparece son ambas dimisiones, la de Espina apenas cuatro líneas y la de Estébanez dos folios en los que detalla su gestión y sus logros. Ambas llevan la fecha del 2 de agosto de 2002 y en la de Estébanez también aparece la firma del secretario del Montepío, Miguel A. Díaz Collado. López Estébanez llevaba 13 años en la presidencia del Montepío. Pero curiosamente, en el caso de Álvarez Espina, poco después de su cese en la Comisión Regional, ese mismo año 2002, fue nombrado presidente, sucediendo a López Estébanez, puesto en el que permaneció hasta 2006, cuando el propio Postigo accedió a la presidencia.

«SI SE LEE ES QUE HE MUERTO»

El último folio del escrito de Postigo se refiere a José Ángel Fernández Villa, al que cubre de elogios y al que oculta lo que dice haber descubierto: «Siempre utilizan su nombre sin que esa persona sepa nunca nada y no quiero bajo ningún concepto que nadie empañe su nombre porque no lo merece y todo lo que somos se lo debemos a él (…) José Ángel que me perdone si no lo he hecho bien, pero solo lo hago así para que nadie nunca le pueda decir nada, pues para mi es muy difícil que por primera vez le oculto algo, pero es mejor que no sepa nada, yo asumo esa responsabilidad (….)». Antes de finalizar, Postigo da tintes dramáticos a su escrito: «Yo espero que esto nunca se tenga que leer, pues si se lee es que yo he muerto (….)».

Los papeles de Postigo terminan con cinco folios, también manuscritos y con la misma letra, en los que aparecen anotaciones, desde noviembre de 1990 hasta la Navidad del año 2000, con alusiones a vídeos y grabaciones telefónicas sobre el cobro de comisiones ilegales, citando a personas, sitios y establecimientos públicos donde tuvieron lugar los pagos y los cobros. También aparecen cantidades de dinero y una empresa, Promociones Europa, la constructora que impulsó un gran proyecto inmobiliario del Montepío a principios de los años 90, la adquisición de más de un centenar de apartamentos en Los Alcázares (Murcia). Sería la primera de las millonarias operaciones inmobiliarias de la mutua minera, que se prolongarían hasta 2003, con la polémica compraventa de apartamentos en Los Alcázares y Roquetas (Almería), hasta donde se extendió el complejo hotelero del Montepío.

La primera anotación de esos cinco folios finales comienza indicando «Caja Murcia video, Noviembre 90» y luego cita los nombres de dos personas (Juan de Dios y Augusto) añadiendo «Caja de Murcia Oficina Principal guardando en una bolsa dinero 82 mill». Más adelante se citan repetidas veces los nombres de «Ricardo y esposa», «Espina» y «Alfredo» como receptores de comisiones de dinero aportadas por esas dos personas, que podrían ser un empresario y un sindicalista del SOMA. Hay frases como «reclamando el pago de una certificación para cobrar la comisión», «recibiendo de Juan de Dios un sobre en un coche en San Javier» o «guardando en una maleta de cuero dinero», acciones de las que darían fe grabaciones telefónicas y videos. Se citan locales públicos como escenario, el restaurante Casa Ramón en Los Alcázares y el Café Moderno en San Javier. También Salamanca, donde el Montepío regenta un balneario en Ledesma, y un hotel de Zamora. La alusión al sobre en un coche en San Javier continúa indicando «delante del Café Moderno el día de la firma de la operación y después Espina entra en el Café y se sienta con el vicepresidente». Por aquellas fechas era vicepresidente del Montepío Ricardo González Argüelles, al que en su sindicato, CC OO, acusaron de cobrar una comisión de 25 millones de pesetas, algo que niega, aunque aquel episodio se saldó con su dimisión.

El último folio de estos comprometedores papeles incluye en su mayor parte cifras, como si fueran explicativas del cobro de comisiones. Lo primero que se lee es «Compra 1500» y debajo «Venta 1800».

Aluden a las operaciones inmobiliarias en Murcia y Almería

Esta revista se puso en contacto tanto con el abogado de Postigo como con Álvarez Espina y López Estébanez, pero solo éste último accedió a ofrecer su versión. En primer lugar admite que la dimisión manuscrita que aparece en «Los Papeles de Postigo», que dice que no vio, puede ser la suya. También que hubo reuniones con él en el hotel Aitana, pero niega cobros de comisiones y resta toda credibilidad a Postigo. «Lo que diga un delincuente no tiene ningún sentido, lo que diga un corrupto no tiene ningún valor, intentará enmierdar a todo el mundo, que presente pruebas», enfatiza.

Resta también crédito al relato escrito de Postigo y sus anotaciones manuscritas, subrayando que Espina sería luego nombrado presidente del Montepío. «Yo a Espina quise echarlo y nunca me dejaron», asegura. De las negociaciones con Promociones Europa en las que participó recuerda que «no me reuní yo solo». Y a Postigo le recomienda prudencia: «Que amarre los machos».

Los papeles de Postigo incluyen anotaciones sobre el pago de comisiones ilegales en las operaciones inmobiliarias del Montepío en Murcia y Almería.

Dos pelotazos impunes en Murcia y Almería

Con el boom de la construcción de los años 90 el Montepío de la Minería entró de lleno en el negocio inmobiliario con dos operaciones millonarias que siempre estuvieron bajo sospecha. Incluso una de ellas llegó a los tribunales. A esas operaciones y a algunos de sus protagonistas parecen referirse «Los papeles de Postigo», que arrancan precisamente en el año 90. Un año después se firma la adquisición de más de un centenar de apartamentos en Los Alcázares (Murcia) por un precio que a día de hoy aún desconoce el Montepío. La operación se hizo en seis fases y duró varios años (90-98), durante la presidencia de Ricardo López Estébanez. Según cuenta el exsindicalista de UGT Antón Saavedra, en su libro Villamocho, la corrupción en el sindicalismo minero, fue un «megapelotazo» por el que el empresario avilesino ya fallecido Manuel Álvarez «Lloriana», amigo de José Ángel Fernández Villa, se embolsó 859 millones de pesetas.

Según Saavedra, durante 1989, 1990 y 1991 «Lloriana» compró terrenos por 1.191 millones de pesetas y luego vendió a Ottagono, una empresa participada por Cajastur, por 2.050 millones. La promotora que finalmente vendió los apartamentos fue Promociones Europa, empresa vinculada al PSOE. Joaquín Uría, vicepresidente del Montepío en aquella época por CC OO, asegura que en este negocio participó activamente Ángel Fernández Noriega, un economista de confianza de Fernández Villa, que fue presidente de Cajastur y secretario general de Unicaja. Uría también dijo a Atlántica XXII (número 36, enero de 2015) que varios responsables de Promociones Europa lo quisieron sobornar durante las negociaciones para la venta al Montepío, que finalmente se aprobó con el voto en contra de CC OO.

A finales de esa década 61 de esos apartamentos de Los Alcázares, unos dúplex, entraron en una permuta inmobiliaria que provocó todo tipo de sospechas, acusaciones e incluso una denuncia judicial. Otro pelotazo, con comisiones y maletines por el medio, según varios testigos, algo que ahora corroboran «Los papeles de Postigo». El presidente del Montepío era entonces Alfredo Álvarez Espina, que estuvo en el cargo entre 2002 y 2006. Un mismo empresario asturiano, Sergio Díaz Sariego, compró esos dúplex al Montepío a un precio muy inferior al del mercado (3.299.551 euros) y vendió a la mutua un bloque de 140 apartamentos en Roquetas (Almería) a un precio muy superior al del mercado (10.818.277 euros). Cinco con ocho millones de beneficio en la llamativa compraventa, los mismos que se evaporaron de las cuentas del Montepío. Díaz Sariego compró con una empresa, Mitra XXI, y vendió con otra, Forlaca. Es el yerno del empresario Amado Hevia, que fue vicealcalde en Riosa con Álvarez Espina en la alcaldía, ambos por el PSOE.

Escandalizados por la permuta, un grupo de mutualistas formó una plataforma y puso una denuncia judicial (ver Atlántica xxi número 4, septiembre de 2009). La querella tuvo un largo recorrido, por Murcia y Oviedo, hasta que la jueza del Juzgado de Instrucción Número 4 de Oviedo, María Luisa Llaneza, lo archivó en una polémica sentencia. El carpetazo final fue en 2008 y lo ratificó dos años después el Tribunal Constitucional. El presidente de la plataforma, Marcelino Rodríguez, llegó a ser expulsado del Montepío por Postigo.

No fueron los únicos dirigentes de CC OO que hicieron este tipo de denuncias públicas. Juan Francisco Cañete, que también estuvo en el órgano de dirección del Montepío, dijo de la permuta de Díaz Sariego que «ahí corrieron los maletines, en las altas esferas de la dirección del Montepío hubo al menos dos maletines de entre dos y medio y tres millones de pesetas», señala en el libro «Villamocho» de Antón Saavedra.

Piden reabrir el caso

El presidente del Montepío, Juan José González Pulgar, remitió a la Fiscalía Anticorrupción amplia documentación sobre la permuta inmobiliaria en Los Alcázares y Roquetas, convencido de que la corrupción en la mutua ya era evidente en esa operación, en la que se esfumaron cinco con ocho millones de euros. También alega la relación entre Postigo y Díaz Sariego, el gran beneficiado de la operación. Anticorrupción no le quita la razón, ve como mínimo fraude, pero no tiró por esa vía en la investigación del Caso Hulla, en la que Postigo es el principal implicado, porque entiende que los delitos están prescritos. De todas formas remitió el expediente a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que llegó a parecidas conclusiones. Ve indicios de varios delitos (administración fraudulenta, estafa y falsedad) pero también que estaría prescrito, aunque eso no impediría «denunciar los hechos ante el juzgado de guardia y la Fiscalía Anticorrupción».

Tras la aparición de «Los papeles de Postigo» González Pulgar ve un motivo más para reabrir el caso. «Nos ayuda a desempolvarlo de una vez, esto es mucho más extenso, hay cosas a las que no se quiere llegar».

Lo mismo opinan otros sindicalistas, algunos conocedores de primera mano de aquella operación. El secretario general del SOMA, José Luis Alperi, piensa que lo que aparece en «Los papeles de Postigo», a los que tuvo acceso, «encaja con lo que todo el mundo hablaba» y cree que si se reabre el caso eso debería ser una iniciativa del fiscal del Caso Villa, en el que el SOMA es la acusación. Alberto Rubio, exsecretario general de CC OO de Asturias y ahora al frente de una plataforma de mutualistas críticos con la gestión de González Pulgar, entiende que con las revelaciones de Postigo «ahora hay pruebas documentales para la reapertura».

El exsecretario general de CC OO de la Minería, Antonio Hevia, nunca entendió el archivo del caso y también pide su reapertura, al igual que Joaquín Uría. Hevia ratificó a esta revista que Ricardo López Estébanez le aseguró hace unos años que en la compraventa de Murcia y Almería hubo comisiones y maletines, aunque éste lo desmiente ahora.

El más contundente es Salvador Fernández, que se sintió purgado en CC OO por apuntar a posibles delitos que siguen sin esclarecerse. «Si queda algún resquicio legal para que sea reabierto el caso puede que también tengamos la oportunidad de esclarecer los hechos y pedir cuentas a los tramposos. Y si no fuera posible, creo que es de justicia que la sociedad conozca los nombres y las caras de quienes robaron en nombre de organizaciones sindicales. Y que se pueda decir una vez más, alto y claro, que todos no somos iguales».

José Antonio Postigo entrando en la Audiencia de Oviedo para declarar en el Caso Villa el pasado 28 de junio.

Atlántica XXII lo adelantó

«Los papeles de Postigo» vienen a corroborar las numerosas y amplias informaciones publicadas por Atlántica xxii, prácticamente desde su nacimiento, sobre la corrupción en el Montepío de la Minería desde hace décadas. Entre los muchos artículos publicados, uno del número 36 (enero de 2015) recogía la denuncia de Joaquín Uría sobre un intento de soborno por parte de Promociones Europa y la de quien fuera posteriormente también vicepresidente de la mutua por CC OO, Salvador Fernández. Este elevó a su sindicato la sospecha sobre el también vicepresidente del Montepío por CC OO cuando se firmó la compraventa de Los Alcázares y Roquetas, Ricardo González Argüelles, al que se acusaba del cobro de una comisión de 150.000 euros. Aunque sin citar su nombre, González Argüelles aparece en «Los papeles de Postigo». En aquel número negaba a Atlántica xxii esa acusación, posando delante de un póster de La Pasionaria. En las mismas páginas se informaba de que un restaurante de Los Alcázares, Casa Ramón, era lugar habitual de intercambio de maletines cargados de dinero, algo que también se indica en el manuscrito de Postigo.

No fueron los únicos dirigentes de CC OO que hicieron este tipo de denuncias públicas. Juan Francisco Cañete, que también estuvo en el órgano de dirección del Montepío dijo de la permuta de Díaz Sariego que «ahí corrieron los maletines, en las altas esferas de la dirección del Montepío hubo al menos dos maletines de entre dos y medio y tres millones de pesetas», señala en el libro de Antón Saavedra.

En el número 37 de Atlántica xxii (marzo de 2015) Salvador Fernández detallaba su versión inculpatoria de González Argüelles, en la actualidad dirigente de IU en Mieres. Ahora Salvador Fernández piensa que «Los papeles de Postigo» vienen a «confirmar con todo lujo de detalles la existencia de una trama corrupta en la que participaron distintas personas, tanto del ámbito empresarial como el sindical». Con sus denuncias dice que «lo único que logré fue ser destituido de mi cargo de vicepresidente, operación fraguada de común acuerdo entre las direcciones de los dos sindicatos, SOMA y CC OO, a cuya cabeza figuraban el hoy alcalde de Morcín, Maximino García, y José Ángel Fernández Villa»

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