Cajastur, desahucio sí o sí

El drama de los desahucios es uno de los más graves desde el inicio de la crisis. Foto / Mario Rojas.

Liberbank es la auténtica bestia negra para las familias desahuciadas, con las que se niega a negociar. “Es, junto a Kutxabank, el peor banco con el que negociar en toda España”, dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el colectivo que arropa a los afectados y demuestra eficacia para solucionar su problema. Justo lo que no hace el Principado.

Javier Fernández / Periodista.

“Son los casos más difíciles de sacar adelante”. Lo eran y lo siguen siendo. Antes de integrarse en una entidad de mayor tamaño, obligada como el resto por las dificultades que atraviesa el sector, Caja Cantabria se prestaba a sentarse con quienes están a punto de perder su casa para buscar soluciones. Cuando pasó a formar parte del Frankenstein que unió su incierto futuro al de Caja de Asturias y Caja de Extremadura, la cosa cambió. En Asturias, sin embargo, la negociación no es siquiera un recuerdo. Liberbank no da el brazo a torcer, pero tampoco lo hacía Cajastur antes de integrarse en el banco del que controla la mayor parte de las acciones. El único acuerdo satisfactorio, tanto para la entidad como para el afectado, lo consiguió el inmigrante Jorge Cordero. Lo pagó con su propia salud pero lo logró. El precio: una huelga de hambre de 64 días frente a la sede central de la Caja. Y para de contar. Desde entonces apenas ha fluido el diálogo. La entidad financiera se agarra a la legalidad vigente, muy favorable a sus intereses en caso de impago, lo que deja poco espacio de maniobra a los afectados.

Así lo denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Asturias, que asegura que Liberbank y Kutxabank son “los dos peores bancos para negociar de toda España”. Cajastur, que se negó a hablar con esta revista de cómo está manejando los impagos hipotecarios y rechazó también ofrecer datos propios, no es de los que más desahucios por impago tiene pendientes en Asturias, pero si la hipoteca se firmó en una de sus oficinas hay poco espacio para la esperanza. Lo más probable es que, si no se hace frente a la deuda, los afectados pierdan su casa. Pero eso no implica la liquidación del pufo.

Los precios de la vivienda han caído tanto que el dinero de la venta del inmueble y el que se desembolsó hasta que comenzaron los impagos rara vez es suficiente. No llega para cubrir lo que se pagó en los tiempos de la burbuja inmobiliaria y, por lo tanto, los afectados se ven atados de por vida a una deuda que les perseguirá donde vayan. El embargo actúa como una cadena al cuello: todo lo que tengan a su nombre, se lo quedará el banco. Un castigo demasiado duro, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos trataron de renegociar las condiciones de la hipoteca cuando vieron mermados sus ingresos. “En ningún momento quisimos dejar de pagar”, suena como una letanía. Firmaron sus hipotecas sobre una vivienda para compartir con la familia, sin que existiesen otros activos inmobiliarios, y trataron de bajar la cuota cuando aparecieron dificultades. Entre unos cuantos “miraremos qué se puede hacer” y otros tantos “repasaremos de nuevo las condiciones”, sus ahorros se fueron esfumando. Cuando se terminaron las prestaciones por desempleo o se vieron obligados a cerrar sus negocios, llegaron los impagos.

Con la dación en pago fuera del menú, una carencia es una de las pocas opciones reales que tienen. Tampoco es un camino de rosas. Generalmente son de dos años y para obtenerlas se ha de firmar una novación de la hipoteca. Esto permite aplazar la devolución del dinero solicitado pero suele incluir un aumento de los intereses que el banco cobra por el crédito, que deben seguir abonándose. Así, la cuota baja durante un tiempo, pero cuando se termina la moratoria sube de nuevo, pudiendo llegar incluso a ser más alta que antes de la novación. Si no se ha negociado con cuidado, es posible que terminada la carencia se tengan que afrontar mensualidades más caras. A unos intereses más altos se ha de sumar de nuevo la devolución del crédito. Y, además, se pagará durante más tiempo para ponerse al día con la devolución del dinero que prestó la entidad. “Si quieres lo coges y si no te quedas en la calle, eso se lo han dicho a alguno de los afectados de Cajastur”, destaca Miguel Ángel García, uno de los miembros más activos de la PAH de Asturias. Un tratamiento miserable por parte de una entidad que paga sueldos astronómicos a sus directivos y que no solo mantiene abierto un intenso conflicto laboral con despidos masivos, sino que ni siquiera trata de ofrecer facilidades a quienes pretenden mantener un techo sobre sus cabezas.

Recalca García, además, que lo que parece una solución puede convertirse con el tiempo en un mal mayor y recomienda mucha cautela: “Si Marcos Álvarez (pone un significativo ejemplo) hubiese aceptado la carencia que le ofrecieron podría llegar a pagar hasta 300 euros más una vez se terminase”. La asociación a la que pertenece se afana por que todos los afectados conozcan al detalle lo que les proponen las entidades bancarias y todas las condiciones a las que quedarían sujetos. Algo que no ocurrió cuando las concesiones de hipotecas alcanzaban cifras récord sin que prácticamente nadie supiese con certeza dónde se estaba metiendo.

Ahora no hay intención de llegar a acuerdos, dice, “porque la banca siempre gana” y, pese a que niega que tenga intención de acumular activos inmobiliarios, la realidad podría ser otra. “Quieren las viviendas porque consideran que en unos años remontará el mercado. Si no las quisiesen buscarían soluciones”, argumenta.

La PAH y el Principado

Entre los desahuciados no crecen los brotes verdes y, ahora que terminan las carencias, la PAH vive una “avalancha” de personas que se ven de nuevo al borde del precipicio. La cosa cada vez se pone peor. Al menos en Asturias. Caja Rural de Asturias y Sabadell Herrero (marca bajo la que opera Banco Sabadell en la Comunidad y también en León) ocupan asimismo puestos destacados en la deshonrosa lista de entidades con las que es más difícil negociar, según la PAH.

En 2013 los tribunales realizaron en la Autonomía 971 ejecuciones hipotecarias, un 11% más que el año anterior. El mayor incremento de todo el país. La mayoría de viviendas particulares, aunque también se desalojaron solares y locales comerciales. Una situación distinta a la tónica general de España, ya que los mismos datos, publicados por el Consejo General del Poder Judicial, recogen que estos procedimientos descendieron un 9,8% en el conjunto nacional. Pero las ejecuciones son solo el último empujón hacia el abismo. El drama de los desahucios afecta a miles más que no han tenido más remedio que dejar de pagar la hipoteca o el alquiler y aún no han llegado a dependencias judiciales.

Para tratar de buscar soluciones para las familias asturianas afectadas por los lanzamientos hipotecarios el Principado puso a su disposición una Oficina de Intermediación entre el banco y quienes han dejado de pagar la hipoteca. Atendió entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013 un total de 140 solicitudes (57 en trámite y 83 archivadas, 32 de las cuales terminaron en acuerdo). Al Servicio de Orientación Jurídica llegaron 12 casos (5 en trámite de ejecución hipotecaria, 5 suspendidos y 2 archivados). Según datos de la Consejería de Bienestar Social, entre ambos organismos atendieron otros 39 casos más, consiguiendo la suspensión de 11 ejecuciones.

El tratamiento y los resultados de las herramientas con las que el Principado trabaja en su plan de choque contra los desahucios son muy criticadas por los afectados de Cajastur, que lamentan que el Gobierno se encargue de mediar cuando “debería ponerse del lado del ciudadano”. Por eso, afirman, se encuentran más arropados por la PAH, que consiguió hasta marzo 40 daciones en pago, 10 en alquiler social y registró 311 casos. La plataforma no media con el banco. Apoya y acompaña a sus miembros a las oficinas de los bancos, pone de relieve el problema y la falta de escrúpulos de las entidades financieras y busca salida a situaciones que pueden convertirse en una condena de por vida. Una enorme deuda que pagar, aunque no se tenga un céntimo que dar al banco y se haya entregado ya la propiedad.

Una situación insostenible contra la que, apunta la PAH, los partidos políticos debieron haber levantado la voz hace tiempo. Sobre todo en el caso de Cajastur, donde siguen copando sus órganos de gestión, con cuantiosas remuneraciones para sus representantes. En la Plataforma  aún escuece que no se ganaran el sueldo y peleasen por las familias asturianas en un momento en el que los desahucios ya eran un drama social.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 32, MAYO DE 2014