
Ignacio Hernanz y su mujer, Mónica Celemín, en su piso en Gijón. Foto / Iván Martínez.
Javier Fernández / Periodista. Una deuda de 125.000 euros. Ya ha devuelto 108.000 pero Cajastur se niega a darle facilidades para que pueda retener el piso que tiene en Gijón. Cuando perdió su trabajo en julio de 2012, tras 30 años trabajando para la misma compañía, quiso rebajar la cuota de su hipoteca. “Traté de negociar varias veces y todas me dijeron que no”. Ignacio Hernanz, de 51 años, quería ajustar sus ingresos y sus letras, pero la entidad se negó a aceptar todas sus propuestas, como alargar la devolución en el tiempo.
Cuando se acercó a la PAH se dio cuenta de que le había tocado un hueso muy duro de roer: “Colaboro continuamente con la Plataforma y con varios bancos se consiguen daciones en pago pero Cajastur ni siquiera negocia”. Su hijo, de 28 años, también está desempleado. Desde 2011.
La hipoteca se fue comiendo sus ahorros, sus prestaciones de desempleo y la indemnización de 20.000 euros que recibió tras el despido. En octubre del año pasado dejó de pagar. Y aún se quedó sin otros 1.600 euros más que cobró de un seguro y que no llegó a ver por tener sus cuentas embargadas. “Retuvieron el dinero sin avisar. Da igual que lo reclames que no te lo devuelven”.
Su caso está a punto de llegar a los juzgados. Ya ha recibido un burofax y, con la llegada del segundo, el requerimiento de todo lo que adeuda pasará a los juzgados y entrará en ejecución hipotecaria. Sus esperanzas pasan por que Cajastur acceda a sentarse y alcanzar un acuerdo. Una empresa difícil. Para que sea posible “tienen que ponernos un interlocutor con el que negociar como los que tienen otras entidades. Si no hay negociación solo se beneficia una parte”.
“La PAH me salvó la vida”
“O nos dedicamos a robar o es imposible seguir pagando”. Andrés Señal, que tiene 53 años y una hija de 3, aún no ha recibido la indemnización que le debe la empresa en la que estuvo 28 años y para la que también trabajaba su mujer. Cuando se paró la actividad, en marzo de 2013, se le debían 5 nóminas a cada uno, que tampoco han cobrado todavía.
Trató de negociar con Cajastur pero no le ofrecieron solución alguna y no fue hasta que se presentó en su oficina bancaria con otros miembros de la PAH cuando empezó a ver algunos resultados: “La transformación fue total”. Le dijeron entonces que fuese a Oviedo a ver a la jefa de recuperaciones de la entidad, pero ésta la remitió de nuevo al director de su sucursal. “Estas son las soluciones que te dan, marearte de aquí para allá”.
Pedirá explicaciones de nuevo y seguirá peleando para evitar que llegue la ejecución hipotecaria de la vivienda unifamiliar que tiene en Villaviciosa. La esperanza de encontrar una solución, sin embargo, no se la dieron en la Oficina de Intermediación del Principado, donde “más parece que están para ponerse del lado del banco. Me dijeron que siguiese pagando mientras pudiese y que luego hablaríamos con la entidad a ver si se podía hacer algo”. Fue la PAH, a la que se acercó después, la que le “salvó la vida”. Llegó con una deuda aún por pagar de 450.000 euros y se sintió arropado enseguida. Comprendido.
“No es mal de muchos consuelo de tontos. Es el apoyo que se siente. Muchas veces, cuando explico mi situación, hay gente que dice: ‘¿Pero cómo te metiste ahí?’. En la plataforma te apoyan moralmente y lo primero que te dicen es que no eres el culpable sino la víctima”.
“Hemos dejado que os pudráis”

Marcos Álvarez, su mujer, Mónica Franco, y su hijo Telmo. Foto / Iván Martínez.
Repite la frase constantemente. “Hemos dejado que os pudráis”. La tiene clavada en el alma. Una y otra vez lo dice. “Eso me lo dijo a mí un directivo de Cajastur”. Planteó todas las fórmulas posibles para evitar los impagos pero se negaron a cambiar las condiciones de su hipoteca. Hasta que no pudo seguir pagándola. En invierno. Porque Marcos Álvarez y su familia no solo están a punto de perder su casa. También peligra su negocio. Un alojamiento rural en Piloñeta (Nava) y en el que este emprendedor de 38 años vive con su mujer y su hijo de dos años.
Su caso, que llega a juicio en junio, es especialmente llamativo. Abrieron su negocio en 2007 y en 2009 el Principado le concedió el sello de calidad turística. La crisis mermó sus ingresos y a finales de 2012 se vieron obligados a dejar de pagar la hipoteca: “Ya habíamos avisado un año antes”. Presentaron toda la documentación para demostrar la caída de actividad y pidieron una bajada de cuota. Al menos mientras durase la crisis. Cajastur se negó, dejando a la familia en una situación muy complicada. “¿Cómo quieren que pague si me quitan el trabajo?”, critica Marcos Álvarez. El suyo y el de su mujer, que también es su compañera laboral.
Tienen un comprador dispuesto a aceptar la subrogación de la deuda pero las condiciones que impone la entidad son muy desfavorables, lo que bloquea una posible solución. Todo son trabas. “Nos han dejado en la ruina y se podía haber evitado desde el principio”.
La de Cajastur es la única deuda de la familia, que continúa vendiendo algunos de los muebles del establecimiento para salir adelante. Gracias al apoyo de la Plataforma y a sus propias ganas de salir adelante mantienen la moral alta. “Por nuestro hijo, porque, como dice mi mujer, hipotecamos la casa, pero no la alegría de criarlo”.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 32, MAYO DE 2014
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