Editorial: La política cultural reclama un cambio

A pesar de que sus partidas presupuestarias son siempre menores y las primeras en sufrir los recortes, la cultura supone nada menos que el 3,5% del PIB, es decir, tiene un peso superior a sectores como la agricultura, la ganadería y la pesca (2,5%), la industria química (1,1%) o las telecomunicaciones (1,8%). En España, el empleo directo en el ámbito cultural asciende a casi 460.000 personas, un 2,6% del mercado de trabajo total, con más de 100.000 empresas cuya actividad económica principal es la cultural.

Cuando nos sobrepongamos a esta atroz crisis financiera, muchos de estos empleos y empresas habrán desaparecido ante la indiferencia de nuestros gobernantes, incultos no solo en lo que afecta al sector sino en todo lo referido a su propio ámbito de competencias, pues el cultural es un derecho recogido nada menos que en el artículo 44.1 de la Constitución. El libre acceso a la cultura, de obligado cumplimiento para el Estado, se ve cada día más restringido, entre otras razones por la dificultad de deslindar, como en el resto de las prestaciones sociales básicas, lo público de lo privado y lo que ha de ser gratuito de lo de pago, si bien los hechos ponen en evidencia la inviabilidad de un modelo basado únicamente en los ingresos propios.

A pesar de la abusiva subida del precio de sus entradas, las grandes instituciones culturales llevan años con pérdidas millonarias, camufladas por el aparente éxito y la buena marcha de sus propuestas de captación de visitantes, muchas veces realizadas como puro marketing. El Museo del Prado, el que goza de mayor autonomía, ha llegado a perder más de 6 millones de euros en 2013, el Museo Thyssen de Madrid 5,2 (con una deuda acumulada de 9,5 millones) y más de 2 millones el Centro de Arte Reina Sofía, sumiéndolos en un auténtico caos de gestión. Estos vaivenes coyunturales se ven agravados con el cada vez menor apoyo por parte de la Administración del Estado, las Autonomías y los Ayuntamientos, que son, por este orden y de menos a más, los principales contribuyentes al sostenimiento de un sistema público de promoción, protección y disfrute del patrimonio cultural común, sea éste material o inmaterial. Este año, Asturias dedica a Cultura y Deportes un presupuesto que no llega a los 36 millones de euros y con el capítulo de inversiones reducido a 17 millones, lo que representa un irrisorio 0,9% del presupuesto autonómico total. Los Ayuntamientos de Oviedo y Gijón se han estancado en unos 11 millones de euros cada uno y Cajastur ha renunciado no sin polémica a sus responsabilidades culturales, que son imprescindibles.

La cultura da mucho más de lo que recibe, también en impuestos, y esto habría que hacérselo comprender a nuestros dirigentes, que siempre parecen más interesados en lucir las galas de su pompa y relumbre que en comprometerse realmente con un derecho que no es un ropaje que llevar en época de vacas gordas, sino que afecta directamente a la estructura social elemental y a la posibilidad de mejora democrática y niveladora. De hecho, la cultura padece los mismos males que perjudican a todo nuestro sistema de convivencia, como son la intromisión de los partidos políticos, la falta de transparencia, la ausencia de controles y una nula voluntad de participación. Solo así se explica que en el Museo del Prado, por ejemplo, siga mandando un director, Miguel Zugaza, que fue nombrado a dedo por el Gobierno de Aznar y poco tiempo después recibió con todos los honores la dación de la colección de Rosendo Naseiro, ex tesorero del PP encausado, en la que se incluían cuadros vendidos por Luis Bárcenas.

En los centros culturales deben imponerse las buenas prácticas defendidas por las asociaciones del sector, sobre todo en lo referido a la elección de sus directores y gerentes a través de concursos públicos libres de toda sospecha, algo que en Asturias solo ocurre en la selección de los directores de actividades de Laboral Centro de Arte, el último de los cuales, Oscar Abril Ascaso, acaba de ser despedido por el Patronato por “falta de confianza mutua” antes de cumplir un año en el cargo, un fracaso para quien lo nombró.

Los centros, y también las sociedades instrumentales de gestión como Recrea, deben estar sometidos a una estrecha vigilancia de ejecución y gasto, sin austericidios suicidas pero teniendo muy claro que la cultura ha de ir siempre de menos a más y que tampoco en este campo se puede consentir el despilfarro. En Asturias, corregidos al menos en parte los desmanes del Centro Niemeyer de Avilés y Laboral, todavía queda como rescoldo de la etapa de grandonismo cultural del ex presidente Vicente Álvarez Areces la ampliación del Museo de Bellas Artes, que se inaugura antes de las elecciones tras años de retraso y con unos sobrecostes que rondan los 5 millones de euros, sin que su apertura, en un edificio disfuncional mal planteado y exhibicionista, solucione del todo los problemas estructurales de la pinacoteca ovetense.

Pero no se trata como nos dicen de que no haya dinero, sobre todo cuando el Gobierno de Javier Fernández lleva años renunciando al 1% cultural recogido en la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias, que obliga a “toda obra pública” realizada por la Administración. Lo que hay es mala gestión. El asunto es planificar convenientemente, estudiar las necesidades reales, calcular los costes con precisión y recibir las partidas presupuestarias correspondientes, en respuesta a la demanda de más y mejor cultura para todos promovida por movimientos ciudadanos como Oviedo SOS Cultura. Y que el fiel de la balanza en todos los sectores –audiovisual, musical, editorial, literario, de artes escénicas y visuales–, a los que por supuesto hay que rebajar “el maldito IVA” que denunciaba Enrique González Macho en la ceremonia de los premios Goya, se incline más hacia los autores, creadores, profesionales y públicos que hacia una pretendida industria cultural, que solo produce finales felices en las películas y estribillos pegadizos en las canciones.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 37, MARZO DE 2015