El ‘Gobiernín’, Asturias sola en mitad de la Tierra

El Gobierno presidido por Belarmino Tomás reunió a las izquierdas asturianas y los anarquistas.

Rafa Balbuena / Periodista e historiador.

La batalla de Santander, penúltima etapa de la Campaña del Norte en la Guerra Civil, se libró en solamente doce días de combates. Avanzando sin apenas resistencia y con la rapidez de un paseo militar, el Ejército Nacional alcanzó Torrelavega el 24 de agosto de 1937 y dos días más tarde entró en la capital, quedando entonces Asturias como único reducto de la República en el Norte. Las expectativas no eran precisamente halagüeñas. A la cada vez mayor escasez de avituallamiento y armas se sumaba un abultado contingente de refugiados vascos y santanderinos. Sin olvidar que, por mar y aire, la supremacía de la escuadra sublevada en el Cantábrico y la presencia constante de los bombardeos de Legión Cóndor alemana contribuían a aislar aún más a Asturias.

En este punto, el Consejo Interprovincial de Asturias y León, delegado del Gobierno de Valencia desde diciembre de 1936, tomó un decisión sin precedentes, tan desesperada y audaz como controvertida: declararse soberana, o, lo que es lo mismo, independiente y responsable integral de sus decisiones por encima de la autoridad del Gobierno central. Una medida lógica, pero problemática en el marco de la legalidad republicana: la soberanía regional, por mucho que el Consejo insistiese en su “carácter reversible, exclusivamente transitorio y en razón del grave discurso de los acontecimientos”, no existía dentro de la Constitución de 1931.

Y menos cuando en la zona republicana, de modo incomprensible, las Cortes Generales aún no habían declarado el Estado de Guerra. Tal medida, que en octubre de 1934 se había decretado nada más declararse la huelga revolucionaria, se pospuso esta vez hasta un momento tan tardío como enero de 1939, con la contienda irremisiblemente perdida. En la práctica, el Estado de Guerra significaba supeditar al poder militar el civil, y a ello se aplicó el Consejo Soberano de Asturias, consciente de que, cuando los sublevados cruzasen el puente de Unquera, toda la región sería frente de guerra y, en consecuencia, la única opción de alcanzar una salida airosa implicaba unificar todos los esfuerzos a ese fin.

Un ‘Gobiernín’ controvertido

El Consejo Soberano -que llegó a emitir moneda propia, los famosos “belarminos”- tuvo una vida breve, apenas dos meses, lo que no quita que su existencia, al margen de cuestiones militares, fuera tormentosa y estuviese marcada desde el minuto cero por las diferencias ideológicas de sus integrantes. Esto no era novedad: la confrontación política interna fue una constante en todo el bando republicano desde el comienzo de la guerra, y a mayor abundamiento, estaban recientes los graves sucesos de mayo de 1937 en Barcelona, donde las disensiones sobre si guerra y revolución debían ir en paralelo desembocaron en el enfrentamiento armado entre comunistas y anarquistas. Unos hechos que certifican la desintegración política del Frente Popular y que el hispanista Hugh Thomas definió ilustrativamente como “una guerra civil dentro de la Guerra Civil”.

El Consejo Soberano de Asturias y León llegó a emitir moneda propia.

En esta tesitura, durante la propia declaración de soberanía, adoptada por mayoría del Consejo en la noche del 24 de agosto, se produjo el primer enfrentamiento entre los miembros del nuevo Gobierno asturiano. El voto a favor fue apoyado por el PSOE y los anarquistas, con la oposición de los comunistas y de los dos miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas. La tensión dialéctica fue en aumento durante el debate, celebrado en la “Casa Blanca” de la plaza del Instituto de Gijón, y el culmen llegó con una violenta disputa, con agresión incluida, entre Rafael Fernández, de las JSU, y Segundo Blanco, de la CNT. Fue el propio presidente del Consejo, Belarmino Tomás, quien terminó por imponer el orden con su proverbial vehemencia. Algo calmados los ánimos, se aprobó finalmente la declaración de soberanía, vigente desde esa misma medianoche.

La declaración fue tomada a burla desde el bando sublevado, pero tampoco suscitó grandes adhesiones en el Gobierno de Valencia. Muchos políticos, sobre todo los afines al PCE, afearon la decisión del Consejo, cuando no hablaron directamente de “sedición”. Azaña, en sus abatidos diarios, lo llama con sarcasmo “el Gobiernín” y añade que “no se ha visto nunca causa más justa servida más torpemente, ni buena voluntad de auténticos combatientes peor aprovechada”, mientras que en el gabinete ministerial solo Indalecio Prieto, también asturiano y del PSOE, ponderó la medida y ofreció su apoyo explícito al Consejo, que apenas fructificó: sitiada y aislada, Asturias estaba ahora, más que nunca, “sola en mitad de la Tierra”.

Por si ello fuera poco, las decisiones del ‘Gobiernín’ fueron controvertidas desde el comienzo. La destitución fulminante del general Gámir Ulibarri como jefe del Ejército y la evacuación de los asesores militares rusos fue una de ellas, consumada la debacle de Santander. Desde la toma de Irún, Gámir se había resignado a una inoperancia progresiva, con su autoridad cuestionada o directamente ninguneada por la práctica totalidad de fuerzas, primero por los gudaris y luego por el resto de cuerpos de ejército. Ello se debe a que, pese a quedar disueltas oficialmente en octubre de 1936, las distintas milicias de partido siguieron funcionando operativamente durante toda la guerra en el Cantábrico, hasta el punto de que el Ejército Popular del Norte no existió como estructura unitaria en ningún momento.

Su relevo lo tomó coronel Adolfo Prada. Afín a los comunistas y con una capacidad de mando notablemente mayor que su predecesor, Prada no dudó en hacer uso de la autoridad que, como comandante en jefe, le confirió el Consejo Soberano. Emprendió algunas depuraciones para imponer la disciplina y procedió a organizar la defensa de Gijón y las cuencas, esperando que la llegada del otoño jugase a favor de las cada vez más desabastecidas y desmoralizadas tropas. Pero una vez que los sublevados cruzaron Tinamayor y superaron como un rodillo las defensas de El Mazucu y el Sella, la suerte de Asturias estaba echada.

A finales de agosto, el Gobierno de Valencia expresó su malestar por otra iniciativa del Consejo. Aduciendo la situación desesperada en que se hallaba Asturias, el ‘Gobiernín’ remitió por su cuenta un llamamiento de ayuda a la Sociedad de Naciones. En él, se arrogaba ante la comunidad internacional unas atribuciones de mando, representación diplomática y justicia de guerra más propias de un Estado en fase de autodeterminación que de una Autonomía regional interina. El entendimiento con el Gobierno de la República, en especial con el presidente Negrín, quedaba seriamente comprometido, entre la sospecha de algunos mandos, especialmente comunistas, de la existencia oculta de un plan de evacuación en Asturias que, en realidad, encubriese una huida del Consejo. De hecho, desde el PCE, defensor a ultranza de la resistencia hasta el mismo final de la contienda, se señaló repetidamente que los socialistas y anarquistas del ‘Gobiernín’ tenían preparada desde su misma constitución una estrategia poco clara a este fin, según denuncia Juan Ambou en su libro Los comunistas en la resistencia nacional republicana.

La Casa Blanca de Gijón, sede del Consejo Soberano de Asturias y León. Foto / Rafa Balbuena.

La situación de la población civil, por su parte, pasó entre agosto y octubre de la incertidumbre a la desesperación. La falta acuciante de productos de primera necesidad se agudizó con el horror de los bombardeos. A partir de septiembre Gijón sufrió destrucción continua, entre el pánico y las carreras a los refugios cada vez que se oían las hélices de un avión. Los bombardeos de Avilés del 15 de septiembre han dejado testimonios pavorosos, equiparables por otra parte a los sufridos en Oviedo meses atrás, durante el cerco republicano a la capital. El contrabando de alimentos y tabaco (“estraperlo”) alcanzaba ahora una intensidad inusitada. Y la censura, cada vez más férrea, fue otra medida impopular potenciada por el Consejo Soberano, que prohibió a comienzos de septiembre toda escucha de radio bajo diversas penas. Como arma psicológica, la propaganda radiofónica era un elemento de primer orden, especialmente desde enero de 1937, cuando los sublevados pusieron en marcha Radio Nacional, que emitía desde La Coruña con una potencia muy superior a la de Unión Radio Madrid, emisora oficial de la República.

¿Evacuación o huida?

Los acontecimientos se precipitaron a partir del 12 de octubre. Desde la toma de Ribadesella, era cuestión de tiempo que las columnas navarras, por el oriente, o las unidades del general Aranda desde Luarca, Oviedo o la cordillera copasen en cualquier momento los últimos núcleos de la resistencia republicana. La psicosis se apoderaba de unos y otros, hasta el punto de que ese día 12 se fugaron por barco los miembros en pleno del Tribunal Popular, incluyendo al secretario de Belarmino Tomás. Con la ausencia de Amador Fernández, que se hallaba en Valencia, el Consejo Soberano celebró un último pleno en Gijón el día 20, al que también asistió Prada en calidad de jefe del Ejército.

Ante la evidencia de que todo estaba perdido, decretaron la disolución del Consejo y el retorno de sus competencias al Gobierno central, decidiendo asimismo la retirada. De las tres disyuntivas planteadas, consistentes en la evacuación general, la del ejército o la del Estado Mayor y oficiales superiores, se optó por esta última. Y aunque los miembros del Consejo adujeron que con la escasez de buques era la única opción viable, no es menos cierto que así se abandonó a su suerte a la población civil y a la práctica totalidad de soldados y oficiales del frente. La noche del 20 octubre de 1937, entre bombardeos, colas de desesperados sin salvoconducto, escenas de pánico y acusaciones de traición e insultos a los consejeros, el ‘Gobiernín’ dejaba de existir en El Musel, con sus miembros embarcando en el Abascal, un pesquero propiedad de un armador próximo al círculo personal de Belarmino Tomás. Horas después desembarcaban en Francia y pasaban de nuevo a la España republicana, integrándose casi todos en diversos organismos del Gobierno de Valencia.

Mientras tanto, y sin soltar un solo tiro, los “nacionales” entraban en Gijón el 21 de octubre, entre sonoros vítores al ejército y con los balcones engalanados con banderas rojigualdas y sábanas blancas. Una imagen tan festiva como chocante, como de lógica irreal, palpable en el testimonio de Marino Álvarez, un dependiente de comercio de 35 años que entonces se preguntaba confuso: “Y todos estos ¿dónde estaban hace tres días, cuando solo había tiros y bombardeos?”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 52, SEPTIEMBRE DE 2017