Investigan si una negligencia de los bomberos incendió Ibias

Una denuncia relaciona el incendio de 2017 con una quema controlada para una tesis doctoral

Artículo publicado en el número 57 (julio de 2018)

Tres bomberos trabajan en la extinción de uno de los fuegos en Degaña.

Texto: Andrés Rodríguez / Foto: Juanjo Arroyo

Uno de los primeros grandes incendios que sufrió el concejo de Ibias en octubre de 2017 pudo tener su origen en una quema controlada que realizó un trabajador del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) para una tesis doctoral. Así lo sugiere una denuncia interpuesta en diciembre ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por José Manuel Carral, un guarda del Medio Natural, que  solicitaba la apertura de diligencias y cuyas sospechas han sido ahora incluidas por la Fiscalía en un proceso que investigará lo sucedido.

El guarda apunta además a supuestas irregularidades en la solicitud, adjudicación y desarrollo de la quema controlada, que enlaza con las condiciones climatológicas adversas y también a la incorrecta elección del enclave, el menos idóneo en su opinión profesional. Hablamos del mayor incendio que se recuerda en Asturias en décadas, y sobre el que, paradójicamente, no existía ninguna investigación en marcha de la Administración.

La quema controlada se desarrolló el 8 de octubre y tenía por objeto la toma de datos por parte del doctorando y trabajador público Luis Alfonso Pérez Rodríguez, con quien esta revista se ha puesto en contacto sin haber recibido respuesta al cierre de la edición. Al día siguiente de la quema, se detectó un gran fuego en torno al núcleo rural de Uría, que se extendió rápidamente a los territorios del Valledor, en el concejo de Allande, y de Negueira de Muñiz, en la vecina Galicia. La unión de este gran frente con otro que ya estaba activo en Seroiro concentró, finalmente, un incendio de dimensiones descomunales que arrasó parte de Cornollo, en el concejo de Allande, donde sucumbieron dos viviendas, cinco paneras y la ermita de la localidad.

Aunque no existe cuantificación oficial del monte devastado, el profesorado del módulo en Topografía Agraria
y Gestión de los Aprovechamientos del Medio Forestal, perteneciente al Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara, estima que alcanzó las 6.690 hectáreas. Sumadas al resto de fuegos que aparecieron en los días sucesivos en la autonomía, dan un total de 12.712 hectáreas en toda Asturias en un mes ciertamente fatídico.

El fuego de Ibias estuvo activo más de veinte días y requirió ingentes medios técnicos y humanos: bomberos del SEPA, miembros de las Brigadas Forestales (BRIF), de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y varias cooperativas agroforestales que aportaron hombres y maquinaria pesada. Aunque no existe una cuantificación de los gastos, valga señalar que obligó a pagar cientos de horas de trabajo de los trabajadores, unidas al alquiler de vehículos y a las horas de vuelo de los medios aéreos que colaboraron.

Los hechos que se presentan a continuación desarrollados cronológicamente pretenden analizar la quema controlada, realizada con medios públicos, y un incendio cuya extinción y posterior investigación son cuestionadas por algunos expertos.

LA SOLICITUD
La quema fue solicitada por Luis Alfonso Pérez Rodríguez, ingeniero técnico Forestal y actual Doctorando en la Universidad de León, para su tesis Incendios forestales: identificación de la intensidad, severidad y capacidad de regeneración de la vegetación tras el fuego en el Principado de Asturias. El trabajo, según la documentación oficial a la que ha accedido esta revista, está enmarcado dentro del programa de doctorado Ecología Funcional y Aplicada, dirigido por Elena Marcos, y tiene prevista su defensa para el año 2020. Pérez Rodríguez es además bombero del  SEPA en la base de Tineo, y previamente fue responsable de Prevención y Formación del Área de Bomberos de dicho organismo.

La solicitud de la quema fue presentada el 22 de agosto de 2017. Se hizo fuera del periodo establecido entonces por la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, que solo permitía peticiones así entre el 1 de octubre y el 28 de febrero. El mismo bombero ya había solicitado otras dos quemas para el periodo estival, que habían sido denegadas por la Administración.

El lugar escogido en octubre fue la Sierra de Uría y Marco, situada a 1.390 metros del pueblo de Uría, en la parroquia de Seroiro. El tamaño de quema era de 6,7 hectáreas, casi dos más de las recomendadas por la Consejería para labores de estas características. La titularidad de los terrenos le corresponde al Ayuntamiento de Ibias, por lo que se requería su aprobación.

Según el Manual de Procedimiento para el Personal de Guardería de Medio Natural sobre las Quemas Controladas, la demanda y la resolución deben de ir acompañadas de un decreto de Alcaldía, de un acuerdo de la Junta de Gobierno municipal o, en su defecto, de una certificación del pleno municipal autorizando dichos trabajos y nombrando un representante. José Luis Díaz, concejal de Nós Ibias, asegura que no se produjeron ninguno de tales trámites, pues su formación desconoce que pasara por pleno y duda «seriamente» de que lo hiciera por la Junta de Gobierno.

Sin embargo, en el permiso posteriormente concedido se señala la existencia de una respuesta favorable del Consistorio, así como la preventiva adecuación del terreno para la quema y las mediciones del combustible. La aprobación, firmada por el Jefe del Servicio de Montes, Dictinio Belloso Uceda, se realizó un jueves 5 de octubre. Es decir, fuera del periodo permitido en ese momento: del 1 de noviembre al 30 de marzo.

EL PEOR LUGAR PARA LAS QUEMAS CONTROLADAS

Desde los años setenta Ibias había sido el municipio de España más castigado por el fuego. Solo un pequeño número de hectáreas se ha salvado de las llamas. En los dos últimos decenios se registró un considerable repunte, avivado por el cambio climático y, quizá, los intereses económicos. Como medida preventiva se creó la base de Liñares, de uso estival.

Del mismo modo, en 2003 se encargó a Natutecnia S.L. (una consultora de trabajos medioambientales que actualmente asume labores de extinción en Galicia) un informe sobre la problemática  del fuego en el concejo. El documento, llamado Plan de Prevención contra incendios forestales en el concejo de Ibias, lo coordinó Jaime Martín  Herrero, por aquel entonces jefe de Intervención de bomberos del SEPA, que fue cesado tras una denuncia de la CSI por contratación irregular.

El escrito presentado ante la Fiscalía por el guarda José Manuel Carral reclama, precisamente, saber si el exjefe de Intervención participó en la quema del 8 de octubre. Luis Alfonso Pérez Rodríguez, por su parte, también participó en el equipo técnico que firmó el citado dossier, como miembro del Departamento de SIG y Tratamiento de Planos.

Curiosamente, las pautas de aquel plan de Natutecnia S.L. contradicen la quema del 8 de octubre. Por un lado, inciden en que el periodo más peligroso para la propagación de incendios son los equinoccios, haciendo mención especial a los meses de agosto y octubre, ya que la sequía es mayor.

Por otro lado, el plan señala un listado de  pueblos con alto riesgo, entre ellos Uría y Mourentán, donde Pérez Rodríguez concentró sus trabajos de investigación. El plan, por último, proponía una serie de intervenciones, centrándose en la ordenación del combustible, la creación de infraestructuras de defensa, y la formación y concienciación de la población. Todo, con una inversión mínima inicial de medio millón de euros por parte de la Administración.

TRABAJOS DE TESIS
Regresando a la fecha de autos, lo más relevante eran las condiciones climatológicas, debido a la fuerte sequía que arrastraba el noroeste. El año 2017 había sido el más cálido en España desde 1969. Y octubre, en concreto, el mes con menos precipitaciones desde 1985. Además estaba anunciada la llegada del huracán Ofelia, que tocó tierra en las islas británicas el día 9 y que se extendió hacia el sur en las jornadas posteriores, agravando la peligrosidad de los incendios que se habían propagado ya. La denuncia del guarda ante la Fiscalía entiende que la quema controlada, en estas condiciones, entrañaba «un riesgo grave que se debería de haber evitado».

Esa zona ya había registrado además dos incendios en julio. Que el siguiente  se iniciase en octubre, con toda esa suma de circunstancias, aceleró el denominado «efecto llamada», es decir, la aparición de incendios intencionados «por copia», aprovechándose de que los efectivos de extinción y vigilancia estaban ocupados. Tres días después de su aprobación, se llevó a cabo la quema en los montes de Uría y Sierra del Marco. Se eligió un domingo, un hecho significativo ya que suelen realizarse en días laborables. Hacerlo en un festivo supone un gasto notable en horas extras de los operarios que participan.

Los trabajos fueron coordinados por el Guarda Mayor de Cangas del Narcea, José Manuel Rúa, y apoyados por dos guardas del Medio Natural del Principado de Asturias, José Sevillano y Antonio Anselmo Fernández. La denuncia ante la Fiscalía pide saber si también participó Jaime Martín en calidad de Jefe de Intervención de los bomberos del SEPA.

En total, intervinieron casi 30 personas, entre ellas 17 miembros de cuadrillas de quemas de las BRIF de la base de Tineo, pertenecientes al Ministerio, y siete bomberos del SEPA de la base de Tebongu. Les apoyaron una furgoneta pick up, una autobomba y tres todoterrenos. A las horas extra hubo que añadir el complemento de festividad.

EL INCENDIO
Al día siguiente comenzó una oleada de fuegos de extrema gravedad. Uno de los más conflictivos, precisamente en el monte de Uría. Este fuego, junto a otro originado en Seroiro, desembocaron en un gran desastre ecológico que se extendió a los vecinos concejos de Allande y Negueira de Muñiz, en Galicia. Para el guarda José Manuel Carral, hay «una conexión clara en el tiempo y espacio». De ser cierto, podría no ser la primera vez que una quema controlada se escapa, ya que existen algunos precedentes en Río Negro, en el concejo de Aller, o en Riotorno y el Puelu- Alto de Santana, en Cangas del Narcea.

Dada la gravedad que alcanzó el fuego, la extinción requirió de los bomberos del SEPA, operarios de las BRIF, de la UME y personal de cooperativas forestales como Valledor Medioambiental. Estuvieron más de 20 días. La ralentización del apagado se derivó también de los problemas de coordinación entre los diferentes organismos, según algunos operarios a los que ha entrevistado Atlántica XXII.