La Audiencia pone fin al calvario del arqueólogo Ángel Villa

El arqueólogo Ángel Villa. Foto / Xosé Martínez.

La sección número 2 de la Audiencia Provincial de Oviedo ha desestimado definitivamente las acusaciones de fraude y prevaricación presentadas por el alcalde de Grandas de Salime, Eustaquio Revilla, contra el arqueólogo Ángel Villa y su trabajo en el Chao Samartin.

El alcalde había planteado un recurso de apelación al sobreseimiento de la causa por parte del Juzgado de Instrucción Número 4 de Oviedo por esos delitos y la Audiencia ha confirmado ese fallo descartando la prevaricación, así como supuestas irregularidades en la adjudicación de los trabajos de restauración y consolidación de las ruinas de este yacimiento arqueológico.

La sentencia, que no es recurrible, pone fin al calvario al que Revilla ha sometido al arqueólogo, que se inició tras el cese por el Gobierno de Vicente Álvarez Areces en 2010 de José Navieras, Pepe el Ferreiro, fundador del modélico Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Ángel Villa mostró su apoyo a Pepe el Ferreiro y eso desencadenó las represalias del alcalde grandalés, que llegaron a enfrentar al Ayuntamiento de Grandas con la Consejería de Educación y Cultura, a pesar de depender ambas administraciones del mismo partido político, en un prolongado cruce de denuncias judiciales.

Desde el punto de vista económico la “Guerra del Chao” supuso un largo proceso que salió muy caro a los grandaleses, pues se han sucedido innumerables pleitos y juicios entre el Ayuntamiento y diferentes partes perjudicadas, lo que supone un alto precio en costes judiciales y contratación de abogados.

En su pulso obsesivo con Ángel Villa y la Consejería de Educación y Cultura, Eustaquio Revilla siempre apeló a la Federación Socialista Asturiana (FSA) y al propio presidente del Gobierno Javier Fernández, también secretario general del partido, que se han plegado a sus exigencias. A este asunto, al que ATLÁNTICA XXII ha prestado atención en numerosas ocasiones, se dedica un amplio reportaje en el último número, todavía en los quioscos, bajo el título “Grandas, cuando la política se impone a la cultura”.

El tribunal señala que las explicaciones ofrecidas desde la Consejería de Cultura justifican la conveniencia de efectuar contratos diferenciados entre actuaciones de índole estrictamente arqueológica, intervenciones sobre estructuras arquitectónicas y restauración de pinturas murales y afirma que la acusaciones de fraude y exacciones ilegales son “meras conjeturas carentes de base fáctica alguna”, con lo que desestima la apelación del edil “al no deducirse de las actuaciones que existan indicios para sostener que se ha cometido hecho punible alguno”.