La independencia emocional

Raul Romeva, Oriol Junqueras y Jordi Turull con la urna que se quiere utilizar el 1-O.

Daniel Ripa / Investigador en Psicología Social y del Trabajo y secretario general de Podemos en Asturias.

Así suceden los grandes acontecimientos, de un día para otro. Ayer todo era normal, hoy no hay vuelta atrás. La semana trágica de Catalunya, que comenzó con imputaciones a alcaldes el 13 de septiembre y terminó con detenciones de altos cargos de la Generalitat el pasado día 20, incluyó requisamiento de urnas y papeletas, registros de imprentas, cierre de páginas web, entrada en medios de comunicación, desplazamiento de guardias civiles y policías, junto a una inmensa movilización ciudadana de respuesta. Ese 20 de septiembre, millones de personas en Catalunya vieron al rey desnudo. Los ropajes de la España de Rajoy se cayeron. La revelación fue colectiva: “No estamos en España por propia voluntad, sino a la fuerza, y el Gobierno español hará lo que sea necesario para evitar cualquier referéndum”. Adiós a la España seductora y a las redes compartidas.

En paralelo, millones de españoles han pasado de rechazar a una minoría independentista a odiar al conjunto de los catalanes. Peligroso. Un clásico de la psicología social: reforzar el propio grupo (endogrupo) a cambio de rechazar a otro grupo ajeno (exogrupo), en el que no hay matices. Todos los españoles tienen razón, todos los independentistas (extendido al 80% de la población catalana que apoya el referéndum) están equivocados. Reforzar la identidad confrontando contra otra identidad. En estas semanas hemos visto familias y niños en concentraciones convocadas por neonazis (donde se ha pedido ejecutar a dirigentes de Podemos), juras de bandera populares, cánticos del ‘Cara al Sol’ y saludos fascistas en las concentraciones en Madrid, despedidas a guardias civiles cantando ‘a por ellos, oeee’… Nosotros vs. ellos. La España que quiere volver sin complejos.

¿Puede frenarse la independencia política? Es probable. ¿Tiene vuelta atrás esta independencia emocional? Difícil. Varias generaciones de catalanes sienten ahora que es falso que Catalunya esté por propia voluntad en España, que no hay proyecto conjunto. Dentro de una década, seguiremos sufriendo los efectos. Lo recordaba Enric Juliana tras el 20-S: “Los acontecimientos suman de manera definitiva a muchos no independentistas. El caudal se va haciendo cada vez más grande y puede desbordar. Un acto de afirmación de la autoridad del Estado sin oferta política a modo de alternativa, tendente a la humillación de las instituciones catalanas, puede tener consecuencias catastróficas para el Estado español en el medio plazo. En pocas palabras: se está abriendo el ciclo histórico de la separación de Catalunya de España”. Y es que Rajoy limita la posibilidad de un proyecto seductor en Madrid. Frente a él, los independentistas proponen una república catalana, indefinida, sobre la que volcar cualquier aspiración. No sucede solo en Catalunya: la mayoría de España rechaza a Rajoy, pero solo allí hay alternativa. Obviamente, sin seducción, solo queda la fuerza.

Las consecuencias están a la vista. La encuesta de GAPS augura una participación electoral que rondará el 63%, superior a la participación en muchas de las elecciones catalanas (en 2003, 62%; en 2006, 56%; en 2010, 59%) y solo algo inferior al porcentaje en las elecciones estatales del 26-J (69%), con un voto favorable a la independencia por encima del 80%. 600.000 personas más que irán a votar como consecuencia de los acontecimientos del últimos mes. Houston, tenemos un problema.

Crisis en Barcelona, crisis en Madrid

La crisis de régimen mostrada en las plazas en Mayo de 2011, llegó antes a Catalunya. Empezó con los recortes de CiU ante la crisis económica en 2010, siguió con el 15-M y la lucha antidesahucios y vivió en paralelo al Procés, que nació con la consulta municipalista por la independencia de septiembre de 2009 en Arenys de Munt. La calle se tambaleaba y en cada elección en Catalunya desde 2006 lograba representación un nuevo partido en el Parlament. Ciudadanos en 2006 (contra el Tripartit y la reforma del Estatut, pero también contra CiU), Solidaritat Catalana por la Independencia en 2010, la CUP en 2012 (que ya estaba en los Ayuntamientos), Junts pel Sí en 2015. Unió ha desaparecido, Esquerra, tras perder la mitad de sus votos, puso al mando a un alcalde mileurista que no militaba en su partido (Oriol Junqueras), Convergencia tuvo que refundarse para librarse de la sombra de la corrupción, el PP es un partido residual y el PSC pasó de ganar las elecciones a ser tercera fuerza (aun conservando un relevante poder municipal). PSC y CiU sumaban el 62% en 2003 y ahora apenas alcanzarán el 30%. Cada ex presidente catalán desde el 2003 ha tenido una vida media de 3 años (Maragall, 3 años; Montilla, 4 años; Artur mas, 5 años; Puigdemont, 2 años).

Las crisis nacional, democrática y social han sucedido en paralelo en Catalunya, pero no mezcladas, con diferentes legitimidades y movimientos políticos aparejados (en elecciones locales y estatales, la crisis democrática impulsó las victorias de Barcelona en Comú y En Comú Podem; en elecciones europeas y autonómicas, la crisis nacional alzó a Esquerra en 2014, y luego a Junts pel Sí en 2015). Lo histórico de este 1 de Octubre es que será la primera gran movilización donde confluirán estos dos grandes bloques sociales y políticos. ¡Ojo!

A pesar de las especificidades catalanas, el hilo conductor con la situación política española no se ha perdido. Cada paso en la crisis de régimen catalana ha ido en paralelo a la crisis de régimen española, la que hizo abdicar a Juan Carlos I en 2014, la que llevó a Podemos (y a Ciudadanos) al Parlamento y logró las alcaldías del cambio en 2015, la que aupó a Pedro Sánchez enfrentado a todo el aparato heredero de Suresnes en 2017, la que ha imputado al PP por corrupción. ¿En qué medida la consulta de este domingo va a revivir la crisis de régimen española que parecía cerrada y cuánto se va a centrar en el PP y el PSOE? ¿Cómo se conectan ambos descontentos políticos?

El PP, rehén de sí mismo

Rajoy sabe, como usted y yo, que no caerá por su corrupción, porque sus votantes creen que no hay otra alternativa fiable. Pero sí podría hacerlo por la cuestión nacional. Sus votantes le perdonarán la Gürtel, pero no el ser blando con Catalunya. Volvamos atrás. Finales de los años noventa. José María Aznar, ya en Moncloa (le seguirá luego Esperanza Aguirre en Madrid), entiende que ha de dar la batalla mediática. Quiere obligar a los medios de comunicación a girar hacia posiciones más extremistas en lo económico y, sobre todo, en lo nacional, con el País Vasco y con Catalunya. ABC y El Mundo, en los que se había apoyado para ganar el Gobierno, eran insuficientes. Poco a poco irían surgiendo medios que se alejan del centro derecha. Nace La Razón, la COPE sube un grado su intensidad, la TDT ve la llegada de nuevas cadenas a la derecha del PP… Estos medios amplían la base social aznarista, fijando un ala derecha, que le facilite en el medio plazo alejarse del centro sin perder apoyo social.

La cuestión catalana será central tras el Tripartit (2003) y el apoyo de Esquerra a la investidura de Zapatero (2004). Se entrará en una confrontación que produce réditos electorales por las dos partes (que lleva, por ejemplo, a Carod-Rovira a obtener los mejores resultados de Esquerra tras hacerse pública su reunión con la cúpula de ETA; su campaña “Hablando se entiende la gente”). El juego de espejos con Catalunya funciona porque este territorio cuenta también con medios de comunicación fuertes y propios que han construido una opinión pública de signo contrario a la de la capital del Estado. A este respecto, es llamativa la reciente encuesta de El País. Los votantes catalanes de todos los partidos, de la CUP al PP (49% a favor, 43% en contra) y Ciudadanos (57% a favor), están favor de un referéndum pactado y legal sobre la independencia de Cataluña. Dos visiones del mundo completamente distintas.

La historia desde entonces ya la conocen. Presión asfixiante sobre Zapatero y la propuesta de encaje de Catalunya, descarrilamiento del Estatut tras el abandono del PSOE en 2010, creciente catalanofobia en los medios madrileños (e hispanofobia en los medios catalanes) y éxito de la apuesta aznarista [Zapatero también lo intentó sin éxito con el diario Público, aunque su fracaso dio cabida al espacio comunicativo heredero del 15-M, con proyectos como eldiario.es, Mongolia, La Marea, Publico.es, etc…]. Mire las primeras portadas de La Razón en el año 1998 y compárelas ahora con las de El Mundo o El País. Vean una tertulia en 2005 de Intereconomía y luego otra actual del Canal 24 horas de TVE. ¿Notan diferencias? Lo antaño outsider es ahora mainstream.

El éxito de la política comunicativa aznarista hace rehén a Rajoy. No puede permitirse no ser duro en Catalunya sin arriesgar a desconectarse de esta base social. Pero incluso esto se lo permitió en la primera parte de su mandato (2011-2015). Sin alternativa, ¿a quién iban a votar? Pero es precisamente la llegada de Ciudadanos al Congreso lo que inquieta a Rajoy. Por primera vez el PP tiene un competidor en la cuestión nacional, que encima representa el unionismo en Catalunya, donde son líderes de la oposición. Mostrar debilidad podría provocar un trasvase masivo, e inmediato, del PP a C’s. No se lo perdonarían. Es por tanto la base social postaznarista que auto-construyó el PP en la primera década del siglo XXI y el miedo de Rajoy a Ciudadanos lo que hace al PP rehén de sí mismo y le impide solucionar el problema catalán.

Catalunya como alivio

13 de junio. Podemos impulsa una moción de censura que muestra que la suma de sus apoyos junto a los votos del PSOE de Sánchez pueden hacer caer ya a Rajoy. Gran dilema: Sánchez debería aceptar los votos del PDeCAT, ERC y PNV y a cambio el PP sufrirá desde la oposición la sentencia de Gürtel, Bárcenas, Lezo, Aquagest… Se encienden las alarmas en Moncloa y Rajoy opta por dos estrategias. La primera, ofensiva y preelectoral (dirigida al target generacional de Ciudadanos): ayudas para jóvenes por 18 meses y mostrar la recuperación parcial económica. La segunda, defensiva, hacer imposible al PSOE aceptar los votos del PDeCAT y Esquerra, poniendo una cuarentena sobre los partidos catalanes, como ya había hecho a partir del 20-D (todo esto, mientras el PP pacta con PNV y Coalición Canaria). Para ello necesita girar el debate político de lo democrático-ético-corrupción y de lo económico-social, a lo nacional, al Catalunya vs. España, donde su partido tiene menos fisuras y el PSOE más fractura interna (Norte-Sur, sanchismo-susanismo). Es decir, señala Diego Díaz: “El PP va a tratar de instalar a la sociedad española en una tensión territorial funcional a su único interés: perpetuarse en el poder”.

La estrategia Catalunya tiene otras ventajas. Sirve de excusa para recortes sociales, comprar F-30 a Estados Unidos, justificar el no aprobar los presupuestos… Pero sobre todo inmoviliza al PSOE: ¿Podría Sánchez lanzar una moción de censura, en un período de incertidumbre territorial, apoyándose en partidos independentistas, sin fracturarse internamente? No. El nuevo líder socialista querría mantener un perfil bajo, alineado con el Gobierno, esperando el enquistamiento de la situación, cierta relajación de los ánimos y, tras el choque de trenes y el bloqueo, presentarse como la solución. Lamentablemente, el choque de trenes va a ser tan grande que entre medio no va a quedar demasiado.

Rajoy está cómodo debatiendo sobre Catalunya. Su partido centró su acción política en el independentismo vasco durante años. Ahora, con la amenaza del Govern, vuelve a polarizar entre independentistas y no independentistas, donde no hay término medio y donde defender una España unida implica apoyar sus acciones. Misma estrategia que con el Pacto Antiterrorista que Aznar hizo firmar a Zapatero en relación al País Vasco. Abrazar al PP es apoyar recortes de libertades (de expresión, de reunión, de autonomía) pero, más grave, supone situar lo nacional en el centro, allá donde el PP (y los independentistas) son más fuertes. Con esa unidad de acción, no hay matices ni términos medios. Un drama político.

Rajoy estaría feliz con una tensión controlada de la cuestión catalana hasta que acabase su legislatura. Un conflicto con suficiente fuerza para marcar la agenda, pero amarrado para que no sea irreversible ni se descontrole internacionalmente. Pero, seguidores del líder gallego, no canten victoria tan rápido. La encrucijada del presidente es que debe mostrar una línea muy dura en el conflicto para cerrar flancos electorales en el terreno nacional, a sabiendas de que la política represiva y de confrontación con Catalunya imposibilita la solución del problema y lo enquista. Y ahí viene el problema: las mismas bases que le exigen dureza con Catalunya, lo situarán como el primer culpable si no logra solucionar la crisis catalana. Una declaración de independencia provocaría una profunda crisis política y un, previsible, giro en la política española que podría no ser capitalizado por el líder gallego.

Las respuestas llevadas a cabo por el Gobierno español también han sido un salvavidas para los dirigentes catalanes. Recapitulemos. El Govern de Artur Mas, para evitar la erosión de haber gobernado y recortado desde 2010, y de estar acorralado por la corrupción, optó por poner en primer lugar la cuestión nacional y apoyar una movilización independentista que crecía día a día en las calles. Desde 2012, tras los acuerdos con Esquerra, tuvo que lidiar con la promesa de un Procès independentista que nunca parecía concretarse. Rajoy pensaba que dinamitando CiU, con investigaciones por corrupción, presiones empresariales y conspiraciones desde el Ministerio del Interior, este partido volvería al autonomismo. Pero, extrañamente, eso les obligó a seguir hacia adelante. Desde entonces, la principal preocupación del independentismo era cómo conseguir que una sociedad donde el apoyo al independentismo no superaba el 50%, pudiese celebrar y, sobre todo, ganar un referéndum de autodeterminación (especialmente tras la derrota nacionalista en el referéndum escocés), logrando el reconocimiento internacional de los resultados. El juego de espejos aquí era de nuevo clave. Lo resume Guillem Martínez: “Lo único que se puede hacer, tras cinco años de no hacer nada, y con el respaldo de menos del 50% de la sociedad es, en fin, el martiring. (…) Cuando se junta un Gobierno sado, y un Govern masoca, la cosa puede durar años”. Es decir, la estrategia de Rajoy pasa por mostrar su perfil más duro. Y la estrategia del Govern busca una represión que deslegitime al Estado español, adquiriendo respaldos internacionales, y logrando superar el 50% de apoyos por la independencia. La clave no es convocar un referéndum sino ganarlo. A eso van encaminadas sus acciones y por ello ambos bandos son funcionales el uno al otro.

¿Consecuencias? El 82% de los españoles consideran que Rajoy ha reforzado al proceso independentista, tesis que comparte el historiador Diego Díaz en su artículo “¿Es Mariano Rajoy una amenaza para la unidad de España?”, donde recuerda que cada episodio de mano dura con Catalunya en los siglos XX y XXI fue seguido de un auge del sentimiento catalanista.

Los efectos secundarios

La escalada de represión ha provocado una respuesta unitaria en Catalunya, así como grietas en España. Es complicado apoyar a Rajoy si sus acciones van unidas a la recortes de derechos. Pero la represión también ha cambiado la opinión pública mundial sobre la situación en Catalunya, que ha visto estupefacta imágenes de registros en medios de comunicación, detención de dirigentes políticos o requisamiento de urnas. ¿Recuerdan algún país europeo donde se hayan producido hechos semejantes? En un mundo globalizado, la retransmisión de la acción policial sobre manifestantes, políticos o periodistas en Barcelona, cuarta ciudad en número de turistas de la UE (millones de ellos, jóvenes de medio mundo) -8,2 millones en 2016-, es la imagen diplomática que la Unión Europea emite al mundo. A millones de personas en Rusia, Turquía, Estados Unidos, China o Latinoamérica, editorializadas por medios de comunicación dependientes de esos Gobiernos. No es la marca España lo que está en juego, sino la marca Europa.

La entrada en juego del bloque Wikileaks-Julian Assange-Edward Snowden es la principal victoria de la diplomacia independentista, trasladando el conflicto catalán a escala global. Wikileaks tumbó a la Administración Obama-Clinton en las pasadas elecciones estadounidenses (favoreciendo la desmovilización de su electorado) y ahora supone una nueva preocupación para la política exterior europea.

El 1-O, ¿y después qué?

El 1-O se va a votar y no se va a votar a la vez. No se puede eliminar el referéndum sin una amplia carga de violencia con efectos inciertos. Por lo tanto, habrá colegios abiertos y colegios cerrados, centros con urnas y sin urnas, papeletas oficiales y papeletas caseras, y una multitudinaria resistencia pasiva. Rajoy pretende limitar el número de votantes este 1-O para poder deslegitimar los resultados. A partir de 2,5 millones de votos a favor de la independencia se avalaría de inmediato una declaración unilateral (el 9-N votaron 2,4 millones). Cada voto que consiga reducir esa cifra, limitando el voto, le ayudará a defender que no existen resultados concluyentes. Así, se votará en algunos lugares, desobedeciendo, pero los cuerpos policiales paralizarán otros centros de votación, lo que a su vez reducirá la participación.

No obstante, este 1 de Octubre se va a producir una movilización ciudadana excepcional que, unida a la huelga general del día 3 de octubre (convocada por CGT, apoyada por el Govern), puede conducir el 4 de octubre a que el Parlament catalán realice una declaración unilateral de independencia que no será aceptada ni en España ni a nivel internacional. Una opción posible sería otra fórmula mixta: una declaración unilateral de independencia sujeta a un mecanismo validador por medio de una elecciones constituyentes, con forma de elecciones autonómicas. La obtención de la mayoría pondría en marcha el parlamento constituyente de la república catalana y, por tanto, avalaría la independencia. La aplicación del artículo 155 va a sobrevolar ante ese escenario.

Hay voces, abiertamente ya en el PSOE, pero también en privado en el PP y especialmente en el PDeCAT, que progresivamente están pidiendo un pacto con Catalunya. La fórmula sería la inclusión exprés constitucional de las cuestiones vetadas en el Estatut en 2010, reconocimiento como nación, blindaje de la enseñanza en catalán, nuevas competencias y marco fiscal. ¿Sería suficiente? No lo parece. Lo apunta Manuel Castells: “¿cómo puede esperarse que una negociación entre políticos pueda restañar las heridas profundas de un pueblo humillado en su dignidad? El pisoteo [de la demanda del derecho a decidir] no permitirá una vuelta a la normalidad como si nada hubiera pasado”. Por otra parte, ¿aceptarían los votantes del PP concesiones a Catalunya como consecuencia del Procès? No. Y, en el otro lado, ¿aceptarían los votantes de Junts pel Sí ese acuerdo? El Procès se ha construido desde 2012 en un delicado equilibrio: era un movimiento social impulsado por organizaciones pro-gubernamentales de la sociedad civil (ANC y Omnium), que aseguran que la movilización no desborde la hoja de ruta oficial siempre que el Govern tampoco se desmarque de ella. Un paso atrás del Govern y esa movilización se le puede llevar por delante, como ya lo hizo con Unió. Esa ha sido la estrategia de la CUP y de ciertos sectores de Esquerra: alimentar y fortalecer desde la base las organizaciones procesistas para tensionar una hoja de ruta que obligase a Junqueras y Puigdemont a ir más allá de lo que les gustaría. No parece que estos sectores vayan ahora a frenar.

En este escenario, y ante una eventual declaración unilateral de independencia y el rechazo de un pacto territorial-fiscal, solo hay dos soluciones posibles. La primera, una aplicación desproporcionada de la fuerza que implique la suspensión de la Autonomía catalana, con efectos a su vez impredecibles a nivel internacional, y que desconecte emocionalmente de manera definitiva a los catalanes de España. La segunda, un referéndum pactado a realizar en un tiempo prudencial que permita afianzar medidas políticas de encaje político y territorial y calmar los ánimos por ambas partes antes de votar e intentar un nuevo comienzo. En ese proceso, Rajoy seguirá siendo un estorbo para la solución. Y es que España también ha cambiado en los últimos años y el 33% de la población ya apoya el derecho a decidir. Hay una clara diferencia generacional y también territorial, pero existen condiciones para proponer un nuevo modelo de país, descentralizado y plurinacional. Hemos de garantizar los máximos derechos para todos los territorios, sin Autonomías de primera y otras de segunda, y que reforme estructuralmente una democracia española en descomposición, donde los corruptos siguen impunes y no entran en la cárcel. Cada vez hay más personas que quieren construir un país sobre la base de la fraternidad y la garantía de los derechos para todos y todas. Quienes defienden la democracia, pero también quienes defiendan una Catalunya y una España vinculadas emocionalmente han de tener claro cuál es la mejor solución.