De la “Operación Marea” al “Caso Renedo”

José Luis Iglesias Riopedre a las puertas del Juzgado. Foto / Mario Rojas.

Javier Álvarez Villa y Severino Espina Fernández / Licenciados en Derecho y miembros del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.

El 2 de febrero del 2010, aprovechando una conferencia-almuerzo en el lujoso hotel Ritz de Madrid, organizada por la asociación empresarial Nueva Economía Fórum y patrocinada por el Grupo Sacyr-Vallehermoso, Vicente Álvarez Areces seguía postulándose como candidato del PSOE para las elecciones autonómicas del año 2011.

El mensaje dirigido al sector “oficial” de la FSA, ante la flor y nata de los empresarios españoles, era nítido: ‘Tini’ Areces mantenía el pulso con Javier Fernández, candidato del aparato y secretario general de la FSA, y se sentía fuerte para seguir disputando la partida.

Era el último episodio de una guerra cruenta en la que los aliados mediáticos de los dos contendientes jugarían un papel decisivo, no tanto por los servicios de propaganda prestados, como por el efecto devastador que iba a producir la publicación sucesiva y oportuna de varios escándalos de gestión política sobre las opciones de victoria de uno de ellos. En este apartado, que acabó seguramente inclinando la balanza hacia Javier Fernández, los once años consecutivos de Gobierno arecista ofrecieron un flanco débil sobre el que se cebó la artillería mediática del candidato oficialista.

El 24 de febrero, veintidós días después de la conferencia del Ritz, La Nueva España publicaba en primicia una noticia bomba, que estallaba de lleno en la línea de flotación del Gobierno y acabaría siendo la antesala del mayor escándalo de corrupción de la historia de la Autonomía: la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, acababa de destituir, «por irregularidades administrativas en las que se aprecia un posible delito», a la jefa del Servicio de Procesos Administrativos de la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

En la noticia se decía que la Fiscalía había abierto una investigación para determinar si la alta funcionaria había falsificado la firma del director general, José Alberto Pérez Cueto, para adjudicar servicios de forma irregular asumiendo funciones que no le correspondían; y si estaba ligada, mercantil o sentimentalmente, con alguna de las empresas o empresarios que lograron contratos con el Departamento en el que prestaba servicios.

El día siguiente, 25 de febrero, La Nueva España continuaba informando que la alta funcionaria, que identificaba como M.R.A., había sido destituida por hacer adjudicaciones irregulares de contratos de productos informáticos, que diversas fuentes elevaban a medio millón de euros. Asimismo, destacaba que era una alta funcionaria de la absoluta confianza del Gobierno: había llegado a la Consejería de Cultura cuando Migoya tomó posesión de ese departamento en el año 2003, ocupando la jefatura del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos, bajo la dependencia directa de Carlos Madera, por entonces director general de Promoción Cultural, y cuando la consejera pasó a dirigir la Consejería de Administraciones Públicas, en la reordenación del Gobierno que siguió a las elecciones autonómicas del año 2007, la funcionaria cambió de destino de la mano de Migoya para dirigir el Servicio de Procesos Administrativos.

El banquillo de los acusados del Caso Marea. Foto / Pablo Lorenzana.

Información, negocios e intereses

El Comercio, el otro gran periódico asturiano, no tuvo más remedio que hacerse eco de unos hechos tan graves, si bien, dos días después, titulando que había sido destituida una alta funcionaria que se enfrentaba a seis años de cárcel por estafa.

¿Cómo es posible que la información de un asunto de esta envergadura se conociera por una filtración a un periódico y no de boca de los portavoces del Gobierno en una rueda de prensa con todos los medios adecuadamente convocados?

Nuestra tesis es que la filtración de este grave caso de corrupción es una pieza de un gran valor en la guerra abierta por entonces en el seno de la FSA-PSOE entre los dos bandos enfrentados. En ese conflicto, hacía algún tiempo que el periódico del grupo Prensa Ibérica había tomado partido, de forma clara y sin tapujos, por el candidato “oficialista”, golpeando con dureza al entonces presidente Álvarez Areces donde más podía afectarle: aireando los escándalos de corrupción y de pésima gestión que afectaban a ese modo de hacer política que se ha dado en llamar el “arecismo”.

Podríamos poner varios ejemplos: la crítica despiadada del editorial del 21 de junio del 2009, con ocasión de la sentencia judicial que anuló aquel engendro denominado “carrera profesional” de los empleados públicos (el Gobierno había jugado frívolamente con el pan de los funcionarios y con el dinero de los asturianos, se decía en el editorial), o el despliegue informativo realizado el 1 de mayo del 2010, sobre la anulación judicial de una relación de puestos de trabajo que permitió el nombramiento a dedo de 280 jefes de servicio, ilustran bien esta labor de ariete constante sobre el Gobierno de Areces, percutiendo con los sucesivos varapalos judiciales recibidos por los responsables de una política marcadamente clientelista y de una maquinaria administrativa averiada.

Solo desde planteamientos ingenuos se puede pensar que los alineamientos político-mediáticos responden a coincidencias ideológicas y/o simpatías personales. Por encima de afinidades de ideario y de empatías o antipatías mutuas, dominan las descarnadas motivaciones económicas de los grandes grupos de comunicación, en las que se amalgaman los intereses del negocio comunicativo en sentido estricto, los de de los anunciantes, accionistas, financiadores, etc. De ahí que resulte perfectamente posible que un periódico o una televisión promuevan abiertamente a un determinado candidato u hostiguen a un alto cargo hasta hacerlo caer, para favorecer los intereses, por ejemplo, de una gran empresa del sector energético, de una entidad bancaria o de una potente constructora, o de todos ellos a la vez.

Las embestidas contra la rocosa y casi numantina resistencia de Areces hicieron mella: el 8 de julio del 2010, el todavía presidente del Gobierno asturiano anunciaba públicamente su decisión de no volver a ser de nuevo candidato a la Presidencia del Principado de Asturias en las elecciones autonómicas a celebrar en mayo de 2011. No obstante aseguraba, según la noticia de agencia, que estaría “al pie del cañón, hasta el último día, con más intensidad si cabe”. Los últimos meses del arecismo gobernante no son, sin embargo, el mejor ejemplo de un final de etapa glorioso.

Menos de un mes después de su renuncia, se hacía pública la del consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, amigo personal y hombre de su máxima confianza. El anuncio fue realizado por la consejera Migoya, resaltado que la dimisión se había producido por “problemas de salud”. En marzo del 2011, dos meses después de la detención del ex consejero, La Nueva España revelaba que tanto Riopedre como María Jesús Otero sabían que estaban siendo investigados cuando presentaron sus respectivas dimisiones en los primeros días de agosto de 2010.

El periódico afirma que “el sumario de la Operación Marea recogía conversaciones de ambos cargos donde se trasluce su conocimiento de que la Policía los investigaba”, y acaba poniendo contra las cuerdas por mentiroso al Gobierno de Areces, recordándole que “negó rotundamente, en la primera comparecencia pública de su portavoz, Ana Rosa Migoya, tras la detención de Riopedre, a finales de enero pasado, que la dimisión del consejero de Educación tuviera relación alguna con la investigación”.

La Nueva España llamó al Caso Marea por su auténtico nombre.

Marea o Renedo

El 24 de enero de 2011 explotaba con virulencia el mayor caso de corrupción de la historia de Asturias: la Justicia detiene ese día a Iglesias Riopedre, a la ex directora general de su máxima confianza María Jesús Otero y a la alta funcionaria Marta Renedo (la M.R.A de la noticia de febrero de hacía un año), además de a dos conocidos empresarios del sector del mobiliario de oficina, por su implicación en una tupida red de amaño de contratos públicos. Nace oficialmente, por entonces, el caso bautizado como “Marea” y “Renedo”, dos denominaciones distintas para un solo caso verdadero. ¿Una mera anécdota, un misterio insondable o una interesada utilización del lenguaje?

La Nueva España adoptó pronto la denominación de “Caso Marea”, coincidente con el otorgado por la Policía a las diligencias de investigación. “Marea” es un acrónimo de Marta Renedo, pero tiene una connotación mucho más amplia (de la misma manera que “Gürtel”, aunque sea la traducción al alemán de “Correa”, es un nombre que simboliza una extensa trama de corrupción, que va mucho más allá de uno de sus personajes centrales).

El Comercio, por su parte, al igual que la televisión pública autonómica TPA, comienza a hablar del “Caso Renedo” desde el 27 de enero -tres días después de la detención-. Xuan Cándano afirma en un artículo de mayo de 2016 que “cuando estalló el Caso Marea, a principios de 2011, el entonces delegado del Gobierno en Asturias y ahora diputado socialista en el Congreso, Antonio Trevín, reunió a algunos directores de medios asturianos para intentar frenar el golpe que para el PSOE suponía este caso de corrupción. Esa debe de ser la causa que explica que aún haya medios, más de cinco años después, que lo llaman ‘Caso Renedo’. Desde el primer momento la estrategia socialista consistía en desviar las responsabilidades a la alta funcionaria por la que se destapó al escándalo, para eludir las políticas que llevaron a la cárcel al entonces consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y a la que era su mano derecha, la directora general María Jesús Otero”.

La explicación que ofrece el director de ATLÁNTICA XXII cuadra bien con la línea argumental que venimos desarrollando en este trabajo: a Trevín solo le habría hecho caso El Comercio, que no tenía ningún interés en culpabilizar a Areces, más bien al contrario, y la TPA, controlada informativamente por el Gobierno arecista; pero no La Nueva España, que había contribuido a pulverizar las aspiraciones del ex alcalde de Gijón de repetir como candidato en la elecciones autonómicas de 2011. y al que consideraba responsable político de la trama.

Así, las informaciones de El Comercio sobre el “Caso Renedo” podrían unirse de tal forma que quedaría trazado un potente cortafuegos para proteger a Tini Areces de la quema. En esa obsesión de convertir el “Caso Marea” en el “Caso Renedo” El Comercio llegó a cambiar el nombre oficial de la Comisión parlamentaria de investigación creada por la Junta General del Principado de Asturias, denominada por la propia Junta General como Comisión de Investigación del conocido como “Caso Marea”, por el de Comisión de Investigación del “Caso Renedo”.

Para La Nueva España, sin embargo, era evidente que Álvarez Areces dejaba una “herencia envenenada” a sus sucesores, basada en el descontrol administrativo generalizado y la politización partidista de la gestión de la Función Pública. El demoledor editorial de este periódico del 23 de enero de 2011 no deja títere con cabeza: “La herencia no es apetecible. El rigor más escrupuloso no inspira muchos procesos administrativos. Hay obras decididas con ligereza y también ligereza en la adjudicación de obras: contrataciones a la carta, supuestos criterios objetivos que son puerta abierta a la discrecionalidad, fraccionamiento excesivo de proyectos para esquivar controles”. Acusa directamente al Gobierno arecista de “controlar al funcionario no para que ejerza su trabajo con provecho y eficacia, sino para recompensar la docilidad como actitud y la fidelidad como mérito, por más que los jueces enmienden este propósito sentencia a sentencia».

Nosotros creemos que el editorialista estaba, en lo sustancial, bastante atinado y que no exagerada en absoluto. A este respecto, nos vemos obligados a recordar, aunque solo sea por una razón de “memoria histórica”, que buena parte de las denuncias sobre estas cuestiones y de las demandas que acabaron en la larga retahíla de sentencias condenatorias del Principado fueron promovidas por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies.

El Comercio denominó al caso como ‘Renedo’.

Una discutida herencia

Ahora bien, lo que nos llama poderosamente la atención es que, tras el acceso a la Presidencia del Principado de Javier Fernández a mediados del año 2012, esa visión implacable sobre la gestión pública en la Administración del Principado empiece a difuminarse, hasta desaparecer por completo de las páginas del periódico. Si el Gobierno de Fernández no ha aplicado ningún antídoto idóneo, que se conozca, para combatir el veneno, ¿en qué estado se encuentra ahora la “herencia de Areces”?

Ahora, cuando la Sindicatura de Cuentas sigue señalando, año tras año, irregularidades constantes en los procesos de contratación y se mantienen, bajo fórmulas sucedáneas de la libre designación, los mismos vicios de nombramiento a dedo de funcionarios, esas prácticas clientelares ya no merecen la atención de este periódico.

La presidencia de Fernández, que tomó posesión del cargo en mayo de 2012, abre una nueva etapa informativa en La Nueva España en relación con el “Caso Marea”, que podíamos describir como una estrategia para desactivar la carga política del caso. Se sigue hablando de trama de corrupción, pero se focaliza sobre un grupo muy concreto de personas, políticos, funcionarios y empresarios, que cometieron unos hechos graves, sin duda, pero aislados, situando fuera del plano a aquella mala praxis administrativa que Areces había dejado en forma de falta de controles administrativos, discrecionalidad generalizada y manipulación del empleo público, es decir, el caldo de cultivo idóneo para la corrupción.

Podemos deducir que se estaba preparando a conciencia el terreno para evitar, o minimizar al máximo, el impacto de la sentencia judicial sobre el Gobierno de Javier Fernández. El titular de La Nueva España del 14 de septiembre de 2017 resulta abrumador en este sentido: “El Principado sale indemne del fallo de ‘Marea’: el ‘caos’ no ha quedado acreditado”.

La “herencia envenenada” de la que hablaba el editorial del 23 de enero de 2011, ¿no era entonces tan ponzoñosa como ese periódico decía?, ¿se utilizó para noquear al aspirante Areces en su lucha con el aspirante Fernández y se oculta ahora para beneficiar al presidente Fernández?

En el primer caso, la sentencia desmentiría el diagnóstico hecho por el propio periódico en el año 2011, dejándolo en un mal lugar. En el segundo, la corrupción y el clientelismo se usarían como munición periodística en función de los intereses y objetivos de cada momento.

Las relaciones ocultas entre el poder mediático y el poder político son, probablemente, el último gran tabú de la democracia representativa. ¿Quién puede tirar de ese hilo?

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 53, NOVIEMBRE DE 2017