La peligrosa aventura de coger un taxi en Quito

Un taxi circula por la noche en el centro de Quito. Foto / Patricio Zambrano.

Viajar en taxi en Quito puede suponer una excitante aventura de alto riesgo. La mitad de los taxistas son piratas y entre ellos hay delincuentes responsables de la mayoría de los secuestros exprés que se producen en la capital de Ecuador. La crisis y la regulación estatal del sector parecen las causas.

Lucía Menéndez / Periodista (Quito).

Coger un taxi en la ciudad de Quito puede llegar a ser peligroso debido a la inseguridad que se vive en ciertos vehículos que no circulan con licencia en la capital y que en ocasiones son manejados por conductores que, lejos de ser servidores de la ciudadanía, se dedican abiertamente a delinquir. Hay unos 15.000 taxistas regularizados y casi la misma cifra de los llamados “piratas”, que operan sin autorización legal. El problema, que existe desde hace años y heredan sucesivos Gobiernos del municipio metropolitano, ha ido agudizándose paulatinamente hasta dar lugar a una situación insostenible para los trabajadores del taxi legales y, por supuesto, para la ciudadanía.

En la capital de Ecuador el 83% de los secuestros exprés que se suceden al año se producen dentro de los taxis piratas. Paul Garzón, quiteño de 24 años, sufrió uno hace varios meses en pleno centro de la ciudad: “Venía con mi novia de un bar y decidimos subirnos en un coche que aparentemente parecía legal, al cabo de un rato nos percatamos de que era pirata cuando se introdujo por una calle estrecha y oscura donde se subieron dos hombres”. Garzón explica que le golpearon, le rociaron a él y a su pareja con gas lacrimógeno e incluso le apuntaron con una pistola. “Buscaban dinero, tarjetas de crédito y al ver que no teníamos nada nos lanzaron del coche en marcha”. El joven reconoce que fue una experiencia traumática y que a día de hoy teme subirse en un taxi, sobre todo de noche.

Este es un ejemplo de los muchos casos de secuestros y extorsión que se viven en la ciudad utilizando los taxis como cebo. La cuestión parece sencilla si se trata de diferenciar a un taxi legal del que no lo es, ya que el autorizado va pintado de amarillo y debe portar de manera visible los sellos e insignias identificativas oficiales municipales, incluyendo una pegatina que reza “taxi seguro”. No obstante, el truco está en que muchos de los ilegales malintencionados falsean dichos logotipos homologados, incluso el número de placa oficial clonado de un trabajador autorizado.

Para el presidente de la Unión de taxistas de Pichincha (Quito), Carlos Brunis, esta práctica es “un atentado a la seguridad ciudadana”. Cada semana se detectan hasta cien casos de fraude de este tipo, por lo que el gremio pide encarecidamente que se tomen medidas rigurosas para acabar con esta plaga. Muchos coches ilegales se sitúan a las puertas de los hoteles y normalmente suelen manifestarse con un pitido o encendido de luces, por lo que Brunis insiste en que deben tenerse en cuenta estos signos y ser precavidos a la hora de elegir un taxi.

Medidas de seguridad

Las medidas de seguridad en los taxis se implementaron desde el 2013 en un plan del Gobierno de la República. El equipo consta de cámaras de seguridad en varios ángulos del coche y botones rojos dispuestos para ser presionados en caso de incidente, tanto por parte del conductor como de los usuarios.

“Ha mejorado la seguridad, ahora se ven menos robos o asaltos. En mi caso, sufrí hace doce años un asalto con tres hombres, me pusieron un cuchillo en la sien, se llevaron el dinero y se fueron”, detalla Luis Córdoba, de la Cooperativa Galaxia.

Las protestas de los taxistas que operan en las cooperativas y compañías registradas se centran en lo que ellos consideran competencia desleal, ya que, según la ley, un taxista, para obtener su licencia, debe cumplir una serie de requisitos que pasan por ser chófer profesional, socio o accionista de una operadora, costear la patente municipal y que su vehículo se someta a dos revisiones al año. Además del evidente pago de impuestos al Estado que evaden los ilegales.

Paul Garzón, un joven quiteño que sufrió un secuestro exprés en un taxi. Foto / Patricio Zambrano.

De la mano de esta problemática existe el debate sobre la masificación de taxis en la capital que hace de esta metrópolis un auténtico caos. Actualmente entre cooperativas y compañías se cuentan 360 operadoras lo que supone exactamente un total de 14.618 autorizados legales. En cuanto a los ilegales calculados, se baraja aproximadamente el mismo número, teniendo en cuenta que en 2011 se produjo un proceso de regularización en el que se inscribieron 18.000 personas de las que 5.300 fueron legalizadas. Por tanto, más de 13.000 personas quedaron sin normalizar y se detectó un aumento y mayor proliferación de taxistas informales, por lo que se calcula una cifra en torno a los 15.000.

En ese mismo año, previo a la regularización, se realizó un estudio en el que se determinó que para la ciudad de Quito serían suficientes exactamente 3.308 vehículos, por lo que queda de manifiesto que sobran taxistas.

Para muchos taxistas que en la actualidad circulan sin licencia es muy difícil introducirse en cooperativas y compañías y obtener el permiso legal, según ellos mismos reconocen. “Es cierto que circular sin licencia es estar incumpliendo la normativa pero hay que tener en cuenta que muchos somos personas que queremos trabajar y prestamos el mismo servicio que los legalizados. Muchos intentamos regularizarnos y no nos lo permitieron”, revela un conductor que no quiso dar su nombre.

El gremio legal en pie de guerra

El colectivo de cooperativas y compañías profesionales se movilizó en manifestaciones muy sonadas y tuvo el apoyo público del alcalde Mauricio Rodas, opositor del presidente Rafael Correa.

En la situación de fuerte recesión económica que vive el país se incrementa el número de desempleados que optan por utilizar su vehículo para transportar pasajeros sin ningún tipo de licencia o autorización y es a la vez cuando más cae la demanda de usuarios.

Un añadido a esta situación es el cambio tarifario que se produjo en 2015, con un aumento por mandato de la Agencia Metropolitana de Transportes. Fernando Pacheco, presidente de la cooperativa de taxis Obrero Independiente, opina que también les ha perjudicado, ya que el flujo de usuarios ha disminuido: “Ahora una carrera empieza con un mínimo de 50 centavos en el taxímetro, antes no era así y la gente lo nota”, explica Pacheco.

Además de las quejas de los ciudadanos sobre la subida, muchos denuncian que los taxímetros están modificados con pericia para que marquen más rápido el precio a pagar. Según la usuaria Silvia Regalado, hay taxímetros que van a una velocidad “tremenda”. “Hay alternaciones sin duda, una misma carrera te puede llegar a costar dos dólares más con ese fraude”.

Dentro de los piratas cabe diferenciar entre los conductores que están en trámites de legalización, los que recientemente se han sumado a esta actividad tras perder su empleo y los delincuentes que se aprovechan de los usuarios para cometer robos o secuestros.

“No todos somos delincuentes o piratas, no me gusta ese apelativo. Muchos de nosotros lo único que queremos es trabajar y hemos intentado entrar en cooperativas donde también existe mucha corrupción”, alega el conductor entrevistado.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 45, JULIO DE 2016