La piel de toro agujereada por las fosas del franquismo

Una fosa como ejemplo del terror franquista en Puerto Real (Cádiz). Foto / Juan Miguel Baquero.

España, el país de la desmemoria, tiene miles de tumbas ilegales por exhumar donde yacen al menos 114.226 desaparecidos forzados. La impunidad de los crímenes de la Guerra Civil y la represión franquista contrasta con el olvido oficial con el que el Estado español somete a las víctimas de Franco.

Juan Miguel Baquero / Historiador.

España es el país de la desmemoria. Una piel de toro perforada por miles de fosas comunes en las que yace un reguero casi inabarcable de desaparecidos forzados. Y el mismo manto que arropa los crímenes franquistas con el traje de la impunidad somete a las víctimas de Franco con el olvido. España, agujereada por la ignominia, es el país que nunca derrotó al fascismo.

El mapa de fosas del Ministerio de Justicia contabiliza más de 2.500 tumbas ilegales de la Guerra Civil y la dictadura. La investigación del juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional registró 114.226 represaliados con nombre y apellidos. Todos muertos a balazos y arrojados por golpistas, como perros, a una cuneta.

Son las cifras oficiales. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) eleva las sepulturas a unas 4.000. Los asesinados, igual, rondarían un número redondo: 150.000, situando a España como uno de los países con más ejecutados por motivos políticos del convulso siglo XX.

La base de datos estatal, sin actualizar desde el año 2011, cuenta unas 400 fosas en Asturias con alrededor de 10.000 personas. Unos 700 enterramientos y un tercio de los desaparecidos totales están en suelo andaluz. El Gobierno de Aragón ofrece información de 1.026 en su territorio, el País Vasco quiere intervenir las 80 que quedan identificadas con fecha límite 2020, Extremadura supera las 70 intervenciones arqueológicas con apenas víctimas exhumadas cuando solo Badajoz supera los 13.000 muertos. Y así todo. La imagen resultante es un mapa salpicado de restos óseos. Una cartografía inacabada de la barbarie.

Desde el terror fundacional del franquismo tras el golpe de Estado fascista de julio de 1936, apenas unos centenares de fosas comunes han sido intervenidas con criterio arqueológico para localizar y exhumar a una décima parte de los desaparecidos. El resto sigue ahí, esperando bajo tierra.

En torno al 10% de las tumbas, además, ha sido expoliada por las dinámicas de uso de los cementerios, la construcción de carreteras y operaciones urbanísticas e incluso trabajos agrícolas que arrasaron por siempre aquellos enterramientos.

O con el Valle de los Caídos. Edificado con mano de obra esclava, es la mayor fosa común del país con más de 30.000 personas. Unas 12.000 yacen de forma anónima. El régimen dictatorial usurpó fosas de republicanos para trasladar los huesos a espaldas de las familias y ‘completar’ el mausoleo de Francisco Franco.

Suspenso de Naciones Unidas

Este escenario de terror dibuja una nación de contrastes que protege al verdugo y castiga a la víctima. Un país que a la postre no abre la tierra para sacar un puñado de huesos a los que dar un entierro digno. Y con las puertas de la verdad, la justicia y la reparación cerradas casi a cal y canto, salvo excepciones, familiares de represaliados y asociaciones ciudadanas han tirado del carro de la Memoria Histórica. Un movimiento que toma impulso desde el año 2000 y al que se han ido sumando, a trompicones, algunas instituciones públicas y partidos políticos.

La desatención y desamparo oficial es uno de los principales suspensos que Naciones Unidas endosa a España en materia de derechos humanos. El Consejo de Europa y organismos como Amnistía Internacional también afean la situación, excepcional en cualquier democracia homologable a la española.

Pero el Gobierno español vuelve el rostro, rechaza los toques de atención e incluso exporta el bloqueo sistemático a la única causa abierta en el mundo para juzgar el franquismo: la denominada Querella Argentina que impulsa la jueza María Servini de Cubría desde un juzgado de Buenos Aires.

España ha sido también denunciada ante la ONU por impedir la exhumación de los hermanos Lapeña en el Valle de los Caídos. Es el primer proceso en el que una sentencia judicial autoriza a sacar del conjunto monumental de Cuelgamuros, en San Lorenzo del Escorial (Madrid), los restos óseos de dos asesinados.

Más de un año después del fallo, la familia de Antonio y Manuel Lapeña Altabás espera que algún ente público, administrativo o del ámbito jurídico mande cumplir una decisión que depende de Patrimonio Nacional y encuentra la oposición firme de la Iglesia, que veta los trabajos exhumatorios.

El ‘caso de los Lapeña’ pasó por diferentes tribunales en los últimos años, incluidos el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Audiencia Provincial de Madrid. Todo, para intentar paliar este desamparo de quienes sufrieron violaciones de derechos humanos por parte de las tropas rebeldes y la posterior dictadura.

El caso Timoteo Mendieta

Como hizo Ascensión Mendieta cuando viajó en 2013 a Argentina para pedir “solo una cosa”: que le ayudaran a buscar los restos de su padre, Timoteo Mendieta. Quería llevarse consigo, a su muerte, “uno de sus huesos”. Eso era todo. Ni venganza, ni dinero… solo un entierro digno, cerrar el duelo.

Ascensión tenía 88 años y un testimonio desgarrador: Timoteo, miembro de UGT, fue detenido, ejecutado y enterrado en una fosa común del cementerio de Guadalajara (Castilla-La Mancha) el 16 de noviembre de 1939. La niña Ascensión abrió la puerta de su casa a los captores y asesinos de su padre. Aquel día lo vio por última vez con vida.

Un cráneo perforado por una bala como evidencia de crímenes contra la humanidad. Foto / Juan Miguel Baquero.

Conmovió a la jueza instructora. Servini remitió un exhorto al juzgado local, que acató el mandato no sin dificultades. Tras superar el viento en contra, los arqueólogos de la ARMH excavaron por dos veces en diferentes fosas del camposanto de Guadalajara. Rescataron un total de 50 cuerpos.

Los análisis genéticos confirmaron en junio de 2017 que uno de ellos era Timoteo Mendieta. Su hija, Ascensión, cumplió el sueño de infancia. Ver sus huesos, tocarlos y darles sepultura en el cementerio de la Almudena de Madrid. “Muchas gracias a todos por venir a este acto tan triste”, declaraba emocionada Ascensión en un entierro multitudinario.

Las lágrimas y el tesón de los Mendieta conmocionaron a gran parte del país. Pero no al Gobierno, con un presidente a la cabeza, Mariano Rajoy, que se jacta públicamente de dar “cero euros” a la Memoria Histórica. “Cero euros” a los derechos humanos de las víctimas del franquismo. Ni al Ayuntamiento de Guadalajara, también del Partido Popular, que quiere cobrar 2.057 euros por el proceso de exhumación, una tasa facturada a la ARMH, responsable de los trabajos, que ha recurrido el caso en los tribunales.

La de Mendieta, y otros 49 desaparecidos, ha sido en todo caso la única recuperación bajo tutela internacional realizada hasta ahora en España. La querella argentina intentó el mismo procedimiento hasta en tres ocasiones más. Todas con resultado negativo. Ocurrió con el caso de Cipriano Martos, muerto en Cataluña tras ser obligado a beber ácido en 1973, y también con una petición clasificada de “confidencial” para exhumar en el Valle de los Caídos.

El pedido de Servini sirvió a medias en la mayor tumba ilegal de las Islas Baleares. Los juzgados españoles rechazaron liderar la excavación de la conocida como ‘fosa de Mallorca’. Pero el bloqueo fue sorteado al cristalizar la colaboración entre el Govern balear, el Ayuntamiento de Porreres (donde está localizada) y las asociaciones memorialistas que promovían la iniciativa. A la espera de una segunda intervención arqueológica, ya han sacado a 55 personas.

En total, de forma directa o indirecta, son 105 víctimas del franquismo exhumadas gracias a Argentina. La diferencia de trato judicial radica en que el tribunal argentino considera las desapariciones forzadas del franquismo como crímenes de genocidio y lesa humanidad y España, por su cuenta, lee la tragedia como un cúmulo de delitos comunes ya prescritos.

Andalucía y País Vasco como ejemplos

Esta dispar interpretación permite a la justicia española aplicar la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977 y dar carpetazo, en definitiva, a cualquier causa sobre las violaciones de derechos humanos durante el franquismo. Los últimos ejemplos del bloqueo estaban en Paterna (Valencia) y Cobertelada (Soria).

El juzgado valenciano anunció que asumía la exhumación de la fosa 113 del cementerio. Luego dio marcha atrás y archivó las diligencias abiertas porque la supuesta prescripción de los delitos. Los familiares habían denunciado el hallazgo de 12 cuerpos en los trabajos de localización. Con apoyo de la Diputación de Valencia, los arqueólogos han encontrado más de 50 asesinados en varias fosas. En la región levantina, unos 10.000 represaliados están en al menos 300 tumbas ilegales.

La justicia, además, ha rechazado buscar al amigo de Antonio Machado y otros cinco maestros fusilados en Soria. Un juez de Almazán lideraba las labores, pero una circular del fiscal jefe soriano pidiendo el archivo del caso hizo cambiar el rumbo. La Audiencia Provincial ratificó más tarde la decisión desestimando un recurso de apelación. La jugada se repite.

Familiares y asociaciones retoman entonces sin ayuda los trabajos para sacar de la tierra a Francisco Romero, matemático de renombre mundial que era amigo del poeta Antonio Machado, asesinado junto a un grupo de profesores: Eloy Serrano, Hipólito Olmo, Elicio Gómez, Victoriano Tarancón y Martín Artola.

Asturias es una de las regiones con menos solicitudes para exhumar, como publicaba La Nueva España. Con unas 400 fosas comunes del franquismo y otros 10.000 desaparecidos, llegan pocas denuncias familiares, como decía el historiador Alejandro Rodríguez en el ciclo ‘Las fosas del olvido’, que contó con la participación, entre otros, del fotoperiodista Eloy Alonso.

Al otro lado de esta realidad, las políticas públicas de Memoria y los procesos exhumatorios viven ejemplos distintos en los extremos norte y sur de la península, Andalucía y País Vasco. La cartografía andaluza del terror pinta el mapa con cerca de 700 puntos rojos que albergan los restos cadavéricos de más de 50.000 personas.

La mitad de estas sepulturas están en el triángulo que atestigua el arranque del terror fundacional del franquismo: Sevilla (130 fosas), Huelva (120) y Cádiz (100). Era una de las zonas donde el golpe fascista triunfó desde el principio sin muchos problemas y donde los golpistas comenzaron a aplicar la estrategia de “aniquilación del adversario social y político”.

De ahí, las tropas africanistas formadas por legionarios y mercenarios marroquíes asolaron pueblo a pueblo camino a Madrid en lo que fue conocida como ‘la columna de la muerte’. El historiador Francisco Espinosa Maestre relata en un libro homónimo las matanzas perpetradas.

Un caso quedó retratado en la entrevista que el general Juan Yagüe concedió a un periodista del New York Herald Tribune: “Por supuesto que los matamos”, decía el conocido como ‘carnicero de Badajoz’. “¿Qué esperaba usted? ¿Qué iba a llevar 4.000 prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar a contrarreloj? ¿O que iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez?”, sentenciaba el militar golpista.

El mapeado certifica a Andalucía como la región con más represaliados: un tercio del total en España. Y Euskadi anunció un plan de localización e intervención arqueológica para exhumar los restos óseos arrojados a 80 fosas comunes en cinco años, con final en 2020. La dirección del proyecto corre a cargo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el reconocido antropólogo forense Francisco Etxeberria.

Son las tumbas de la vergüenza. Miles en toda España donde yacen arrojados un listado sonrojante de mujeres y hombres con nombres y apellidos. Es la tierra que guarda todavía las semillas latentes de una tragedia vital en la piel de toro perforada por las fosas del franquismo.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 52, SEPTIEMBRE DE 2017