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Atlántica XXII

La privatización del monopolio radiofónico

Afondando

La privatización del monopolio radiofónico

David Fernández lleva un programa en Radio QK de Oviedo. Foto / Pablo Lorenzana.

David Fernández lleva un programa en Radio QK de Oviedo. Foto / Pablo Lorenzana.

Patricia Simón / Periodista.

La dictadura franquista estableció en España un modelo radiofónico mixto, donde coexisten las emisoras gestionadas directamente por el Estado con las privadas. “Una situación bien distinta a la de otros países europeos, donde el desarrollo de la radio se articula bajo un modelo de monopolio público”, exponía Rosa Franquet, catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Autónoma de Barcelona, en un artículo sobre la concentración radiofónica en España.

Desde entonces, la privatización del monopolio ha llegado a niveles que cuestionan la vigencia del pluralismo, un valor fundamental del sistema democrático. En la actualidad, un 90% de los oyentes de los medios generalistas en España escuchan una de las principales emisoras (Cadena Ser, Onda Cero, Radio Nacional, COPE y la catalana RAC1). La situación se repite en Asturias, con la RTPA entre las más seguidas.

Decía el libro blanco sobre la propiedad de los medios de comunicación Media Ownership: The Government’s Proposals que “los medios proporcionan la pluralidad de voces y opiniones que informan al público, influyen en la opinión y generan debate político. Promueven la cultura del desacuerdo con que debe contar toda sana democracia… Si una voz se hace demasiado poderosa, este proceso se pone en peligro y la democracia queda dañada”.

Lo sabemos bien en Asturias, donde no habríamos tenido quién nos contara desde dentro el movimiento de la insumisión al servicio militar obligatorio, las movilizaciones contra las guerras de Irak y Afganistán, el 15-M, la resistencia a los desahucios… si no hubiera sido por Radio Kras, Radio QK, Radio Nava… Porque, como resume Falo Marcos, el inconfundible reportero de gafas a lo John Lennon omnipresente en movilizaciones y protestas, “aquí no estamos hablando de tener licencia o no, sino del derecho fundamental a la comunicación y a la libertad de expresión”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 40, SEPTIEMBRE DE 2015

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