El Palacio Revillagigedo de Gijón, único centro cultural activo de Cajastur.
Foto / MLXXII.

El cierre abrupto y sin previo aviso de los centros de mayores que Cajastur tenía en Mieres, Oviedo, Gijón, Avilés y Langreo demuestra no solo el desmantelamiento de la Obra Social y Cultural de esta caja de ahorros transformada en banco, según era previsible, sino la confirmación de sus malas maneras, que han provocado malestar y la movilización de vecinos y usuarios.

En los dos últimos meses, en que Cajastur se ha convertido precipitadamente en fundación bancaria, se ha nombrado patrono, a propuesta de la Junta General del Principado y con el voto del PP y el PSOE, al presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, y se ha despedido a la única trabajadora que quedaba en la Obra Cultural, a la que durante años se acosó laboralmente, como cuenta el reportaje que ATLÁNTICA XXII publicó en su número 33 del pasado mes de julio y que ahora reproducimos íntegramente.

El nombramiento de Menéndez incumple con claridad la nueva ley de cajas de ahorros, que establece que la condición de patrono de la fundación es “incompatible” con el desempeño de cargos equivalentes en el grupo bancario, aunque con el subterfugio de una disposición transitoria.

El acoso social y cultural de Cajastur

La aplicación de la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias abre la incógnita de lo que sucederá en Cajastur, que bajo la presidencia de Manuel Menéndez no ha destacado precisamente por su labor social e incluso ha desmantelado la Obra Cultural mediante acoso a sus trabajadores, con varias sentencias desfavorables.

Luis Feás Costilla / Periodista.

Al presidente de Cajastur-Liberbank, Manuel Menéndez, no parecen interesarle demasiado los asuntos sociales y culturales. Desde su llegada a la Caja de Ahorros asturiana en 1995, se ha caracterizado más bien por todo lo contrario, pues ha ido deshaciéndose poco a poco del importante legado moral de sus predecesores, que durante al menos medio siglo sostuvieron todo el entramado base de la cultura asturiana gracias a que tenían que entregar por ley la totalidad de sus excedentes y dedicarlos a tareas no lucrativas, con fines benéficos y buscando siempre el provecho educativo y divulgador de sus propuestas, repartidas equitativamente por todo el territorio del Principado.

Lejos quedan ya esas épocas indiscutiblemente mejores, en las que al frente de la Obra Social y Cultural de Cajastur estaban profesionales como Evaristo Arce o Blas Fernández, que marcaron hitos como la publicación de los Cuadernos del Norte (1980-1990) o la inauguración en 1991 de un centro internacional de arte en el Palacio Revillagigedo de Gijón, por el que pasaron artistas como el francés Francis Picabia, el italiano Mimmo Paladino o el norteamericano Julian Schnabel. Tras el nombramiento de Menéndez por el Gobierno de Antonio Trevín, basado en la supuesta profesionalidad del entonces catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Oviedo, se empezó a contar con gente de cada vez menor rango, desde Regina Rubio al inefable José Vega o al actual Carlos Siñeriz, procedentes todos ellos de la propia Caja de Ahorros y sin otra finalidad que hacer cumplir lo que el nuevo presidente les iba marcando, tendente a la desestructuración de una obra que revertía en la sociedad los beneficios de los quería apropiarse.

Así, el principal obstáculo a batir durante estos casi veinte años han sido los trabajadores de la propia Obra Cultural, que a base de reivindicar derechos y recordarles los fines que marcaban los estatutos a los directivos de Cajastur se convirtieron en un enemigo del que muy pronto quisieron desembarazarse, con métodos de presión que han tenido que ser frenados en los tribunales.

Heroínas de cuento

El frente se abrió con el proceso de equiparación de los trabajadores de la Obra Cultural con los de la Caja de Ahorros de Asturias, que llevó a un acuerdo firmado en junio de 1999 en el que tres de los empleados rechazaron integrarse, iniciando un conflicto con varios amagos de huelga que no prosperaron. En julio de 2002, la hasta entonces coordinadora del Palacio Revillagigedo, Loli Viesca, que se mantenía en su puesto a base de recursos judiciales, fue relegada de sus funciones y sustituida por otro empleado de inferior categoría, al tiempo que era destinada a una dependencia de estanterías vacías y sin calefacción, algo que la Inspección de Trabajo consideró “claramente atentatorio” contra la dignidad de la trabajadora, que tuvo que pedir una baja por depresión.

El Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo consideró probado que se trataba de un caso de acoso laboral, posteriormente ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y por el Tribunal Supremo, y condenó a Regina Rubio y a Cajastur a pagar una indemnización por “daño moral” de 12.000 euros a la demandante, que en la actualidad ya se encuentra jubilada.

Más presión todavía está recibiendo la empleada de la Obra Cultural de Cajastur que ejerció como delegada de personal en el primigenio conflicto de asimilación laboral, Laila Bermúdez, sobre la que se han practicado diversos métodos de hostigamiento, el último y más grave un intento de aplicarle desde noviembre de 2013 hasta 2017 una reducción de jornada y salario del 52%, un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) al que se añadiría la suspensión temporal del seguro de vida, del seguro médico, de las pagas por 25 años de servicio, del plus de convenio, de la ayuda de estudios y de las aportaciones al plan de pensiones. Se intentó algo semejante con seis empleados de la Obra Social de Cajastur, solo que con una reducción del 10,4%, finalmente aplicada a una única trabajadora.

La Inspección de Trabajo encontró llamativo que se pretendiera diferenciar entre Caja de Ahorros de Asturias y la Obra Social y Cultural, y dentro de esta entre el área cultural y el área social, “cuando realmente la empresa es única”, aunque se tenga a los trabajadores de ambas áreas en cuentas diferentes para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Considera que se han incumplido “las normas del procedimiento” y que las medidas son “totalmente desproporcionadas”, toda vez que se comprueba que el trabajo de la ya hoy única empleada del área cultural de Cajastur, “prácticamente sin ocupación efectiva”, lo está realizando personal de Liberbank.

El informe también habla de “un cierto chantaje (en el sentido coloquial de la palabra)” y de “represalia”, toda vez que los trabajadores del área cultural de Cajastur “han mantenido conflictos que han tenido que ser resueltos judicialmente” y que, “dado el resultado de los mismos”, siempre favorable a los empleados, “a la empresa, evidentemente, no le ha gustado”. Todo lo expuesto, según la Inspección de Trabajo, “pone en duda claramente la buena fe” de los directivos de Cajastur, a los que acusa de “fraude, dolo o abuso de derecho”. Finalmente, hace constar que, a pesar de que los motivos aducidos para intentar el ERTE son económicos, “en los últimos días las informaciones aparecidas en prensa son que el Grupo Liberbank, al que pertenece la empresa Caja de Ahorros de Asturias, ha obtenido beneficios netos en los últimos tres meses”.

Como consecuencia, el titular del Juzgado de lo Social número 6 de Oviedo estableció como firme, y sin posibilidad de recurso alguno, la nulidad de la medida contra la trabajadora de la Obra Cultural de Cajastur, a la que restituyó en sus condiciones anteriores con el abono de las diferencias de salario existentes. Una sentencia, fechada el 21 de abril de 2014, que no ha impedido que la trabajadora, a la que fuentes sindicales de la empresa consideran “una heroína”, haya sido encerrada posteriormente en una torre del Palacio Revillagigedo de Gijón, como en los cuentos infantiles.

Carlos Siñeriz, director de Relaciones Institucionales y Asuntos Sociales de Liberbank.

Siñeriz como mensajero

La persona encargada de aplicar estas medidas de represalia ha sido el actual director de Relaciones Institucionales y Asuntos Sociales de Liberbank, Carlos Siñeriz de Paz, al que el informe de la Inspección de Trabajo señala como poco prudente, por ofrecer datos y opiniones “sin venir a cuento”. Se da la circunstancia de que Siñeriz, en su anterior función como secretario de la sección sindical de UGT en Cajastur y miembro del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Asturias en representación de los trabajadores, fue, como recalcan las fuentes sindicales citadas anteriormente, quien firmó en 1999 el acuerdo por el que se rebajaba drásticamente los salarios de los trabajadores ingresados en Cajastur a partir de esa fecha y al que no quisieron adherirse los empleados de la Obra Cultural.

Según las mismas fuentes, Menéndez premió a Siñeriz, “en pago a esta traición a los trabajadores y a su apoyo absoluto en el Consejo”, con varios ascensos “que no tienen nada que ver con su mediocre trayectoria profesional”. Entre estos puestos, destacan su etapa como director de seguridad informática, que coincide “con una oleada de anónimos denigrantes difundidos mediante Internet contra sindicalistas de Cajastur” que protestaban contra el cierre del Centro de Procesos de Datos, “que resultó un ruinoso negocio para la entidad pero muy lucrativo para Accenture”, la filial de Arthur Andersen que se hizo con la gestión.

A Siñeriz se le acusa también de ser el encargado de “aceitar” las relaciones del presidente de Cajastur con el aparato del PSOE asturiano. Es frecuente verle compartir mesa y mantel con Fernando Lastra, diputado regional y portavoz del Partido Socialista en la Junta General del Principado, al que se señala como ejecutor de las sucesivas reformas de los estatutos de Cajastur que han modificado por ejemplo los límites de la presidencia de Manuel Menéndez (de dos mandatos de cuatro años a partir de su nombramiento en 1995 hasta la actual situación de presidente blindado de Liberbank).

Las citadas fuentes sindicales subrayan que “asuntos como el de La Talá, ahora en los tribunales, explican el tráfico de favores mutuos entre el aparato del partido y la cúpula de Cajastur, de la que Siñeriz ejerce como mensajero”. Esta revista ha intentado varias veces ponerse en contacto a través del gabinete de prensa de la empresa con el director de Relaciones Institucionales y Asuntos Sociales de Liberbank para contrastar estas informaciones, pero no ha sido posible.

Acción social

Bajo el mandato de Siñeriz en Asuntos Sociales, Cajastur anunció en 2012 su decisión de suprimir la Obra Cultural y someter a la Social a un duro recorte de fondos. Era algo que se podía prever desde el inicio de su privatización como Liberbank, en un proceso impuesto por el real-decreto establecido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2010, que dejaba abierta la posibilidad de que los nuevos bancos surgidos de la fusión de cajas de ahorros redujeran significativamente sus aportaciones dedicadas a las obras sociales y culturales, pero no se esperaba que la medida fuera tan drástica, en contraste con otras cajas como La Caixa y la antigua Caja Madrid, ahora Bankia, que incluso han reforzado su apuesta cultural, a pesar de estar la segunda nacionalizada.

De los 11 millones con los que contó la Obra Cultural de Cajastur en 2011, en 2014 están previstos tan solo 133.000 euros, que se van principalmente en sueldos, frente a los 130.000 ejecutados en 2013. Aun así, la Obra Social y Cultural de Cajastur tuvo en su conjunto un presupuesto para 2013 de unos 12 millones de euros de los que se ejecutaron solo 8,5, con una previsión de gastos para 2014 de 9 millones de euros.

La excusa que han puesto desde la entidad bancaria asturiana es que la actual normativa legal que impide a las entidades financieras repartir dividendos hasta el año 2015 impone un recorte drástico en las prestaciones sociales y culturales, pero lo cierto es que se trata de un nuevo caso de rapto de lo público que ATLÁNTICA XXII ya denunció en un artículo de su número 14, publicado en mayo de 2011.

Según ellos, están obligados a “recapitalizarse”, lo que no significa otra cosa que mantener los sueldos y las prebendas de quienes la gobiernan, que son los mismos políticos y sindicalistas que estaban antes de la reforma y concentración de las Cajas de Ahorros. Si la razón alegada por Cajastur es real, ¿por qué puede “centrar todos sus esfuerzos en la parte social” y no en la cultural? Pues para enfrentar demagógicamente las dos áreas y eludir así su responsabilidad en el ámbito de la cultura. De todas maneras, la Obra Social también se encuentra seriamente mermada, como demuestra el hecho de que en Cajastur mediten retirar su apoyo económico a la Universidad de Oviedo, incluida la investigación del cáncer, al tiempo que reclaman exclusividad en las operaciones financieras.

Contra este proceso, curiosamente, va a actuar la nueva Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, de fecha 27 de diciembre de 2013 y margen de aplicación de un año, que establece que aquellas Cajas cuya participación en una entidad de crédito sobrepase un determinado porcentaje pasen a constituirse como Fundaciones Bancarias, como es el caso de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, que integran Liberbank. Puesto que las Cajas “ya no ejercen actividad financiera alguna y centran sus funciones en la acción social”, la ley crea esta nueva figura jurídica, que separa claramente la actividad bancaria y la Obra Social de las Cajas de Ahorros.

La ley entra a regular aspectos fundamentales de la organización y funcionamiento de las Fundaciones Bancarias, como son los relativos al régimen de profesionalidad e incompatibilidad de los miembros que integran los órganos de gobierno, así como las cuestiones de supervisión y de transparencia. Impone la figura del “consejero independiente”, que “toma sus decisiones en los órganos de gobierno de acuerdo con criterios de objetividad y neutralidad”, y en este sentido impide que los directivos del banco puedan entrar a manejar los intereses de las Fundaciones, que tendrá como actividad principal “la atención y desarrollo de la obra social”.

En resumidas cuentas, que Manuel Menéndez y Carlos Siñeriz, en tanto que directivos de Liberbank, no podrán manipular a su antojo, por incompatibilidad, la nueva Fundación Bancaria de Cajastur, que habrá de tener obligatoriamente finalidad social, por mucho que pretendan lo contrario. Aunque a buen seguro lo intentarán.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 33, JULIO DE 2014