Manifestantes saharauis piden la libertad para los presos políticos. Foto / Juan Miguel Baquero.

Juan Miguel Baquero / Periodista. Salé (Marruecos).

El campamento de Gdeim Izik, cerca de El Aaiún, pretendía ser la puerta a los derechos humanos para el pueblo saharaui. Una explosión colectiva que pedía ‘dignidad’. La protesta, sin embargo, mutó en pesadilla por los disturbios generados con su desmantelamiento en 2010 y la detención de 24 activistas acusados de la muerte de once policías del reino alauí. Tras la condena militar a penas de 20 años a perpetuidad, anulada por el Tribunal Supremo de Marruecos, un juzgado civil reabre la causa contra el «detonante de la primavera árabe», en palabras de Noam Chomsky.

Para la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), el escenario dibuja un «teatro» con una solución final: encarcelar a los acusados bajo sentencias ejemplarizantes y dejar tocado al movimiento de liberación de los territorios ocupados. Defienden la inocencia de los presos. Y que nunca han aparecido los cuerpos de los supuestos asesinados ni el resultado de las necesarias autopsias. Que no hay pruebas que incriminen a los 24 de Gdeim Izik, como confirmaría el alto tribunal marroquí al anular el primer fallo de la justicia castrense.

Marruecos, en cambio, tilda a las víctimas de «mártires» y ha convertido el caso en cuestión de Estado. Un proceso mediático que repiten a diario televisiones y medios locales. El país norteafricano sostiene que los presuntos asesinos desataron una suerte de clima de terror.

Para el Sahara son «presos políticos», pero están imputados por «formación de banda criminal, violencia contra la fuerza pública con resultado de muerte y mutilación de cadáveres». Como elemento probatorio, el reino alauí aporta fragmentos de vídeos grabados en el trágico desalojo del campamento nacido a un puñado de kilómetros de la capital del Sahara ocupado por Marruecos.

Bajo la mirada de un nutrido grupo de periodistas y observadores internacionales, la justicia marroquí tiene en la mesa una macrocausa determinante. Definirá si la apertura y transparencia que anuncia el régimen de Mohamed VI es real. Y dirá si el Tribunal de Apelación de Salé, ciudad siamesa a la capital, Rabat, cumple las anunciadas garantías procesales.

En la vía civil arrancó el 26 de diciembre de 2016 para, al poco, quedar aplazado. El juicio se retomó el pasado 23 de enero y corrió la misma suerte. Se reabre el 13 de marzo, quizás afrontando el dictamen definitivo.

Derechos humanos

Hay una cuestión trascendental: el cumplimiento de los derechos humanos. Tanto en los campamentos de refugiados saharauis como en los territorios ocupados del Sahara Occidental y en la propia sala judicial que encausa a los «presos políticos» de Gdeim Izik, según organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Las jornadas de la reapertura de la causa en enero, que vivió en directo ATLÁNTICA XXII, discurrieron a trompicones entre gritos, consignas, tensión, ruido… manifestaciones saharauis y contra-protestas marroquíes. Una especie de frío caos que dilata el proceso y subraya que en tal rincón del mundo el orden se construye con piezas dispares.

Un retrato de Mohamed VI preside la sala y el magistrado que dirige la audiencia desliza una frase sintomática: los detenidos tendrán un «juicio justo». El régimen marroquí vende tintes democráticos ante la comunidad internacional y marca una línea clara a los independentistas.

El Gobierno saharaui, de otro lado, denuncia continuas violaciones de los derechos humanos que sufren los presos, confinados en cárceles de Marruecos desde hace más de seis años. Sin condena, ni pruebas, según la propia Corte Suprema del país alauí.

Protestas de marroquíes por los ‘mártires’ y el juicio de Gdeim Izik. Foto / Juan Miguel Baquero.

Juicio incomprensible o yihadismo

«Este juicio es incomprensible, al no haber ninguna prueba tendría que haber sido declarado de nulo derecho», resume la activista portuguesa Isabel Lourenço. Así lo han exigido, remarca, «la ONU y la Unión Europea», además de numerosos colectivos defensores de los derechos humanos.

«La detención es ilegal, no hay pruebas, ni víctimas, ni cadáveres, ni autopsias…». Nada se sostiene, refleja con perplejidad Lourenço. Opinión análoga mantienen otros observadores llegados a Salé desde países como Dinamarca, Noruega, EEUU, Irak, Lituania, República Checa, Holanda, Portugal, España y los propios implicados, Sahara y Marruecos. Un nutrido grupo que se suma al de prensa internacional, abogados, jueces y fiscal, familiares de las supuestas víctimas, manifestantes de una y otra causa, funcionarios o militares y policías del Ejército marroquí. Todo compone un tenso escenario que dirime el futuro y el presente entre rejas de los 24 de Gdeim Izik.

Con una perspectiva diametralmente opuesta analiza el proceso el observador español José María Gil. Ahonda en su visión de los sucesos que explotaron en el año 2010. «Nos llamó la atención la violencia extrema usada por los criminales, que no suele ser común en ningún disturbio público», sostiene. Con profusión de detalles relata «degollamientos, lapidaciones, profanación de cadáveres». Episodios «y métodos característicos de otros escenarios», desliza. «Como en Siria por ejemplo», dice. Aquella manifestación espontánea, denuncia, acabó convertida en un campamento de protesta que “se mostró poroso al yihadismo».

Pertenece Gil al grupo de observadores internacionales que defiende las tesis oficiales, dibujando un contexto y resultado criminal para Gdeim Izik, un término que significa ‘dignidad’. Frente a los analistas proalauís están quienes apuestan por reclamar el cumplimiento de todas las garantías procesales y democráticas, en entredicho desde la detención de los acusados de once asesinatos.

«La principal clave es la violación del derecho internacional y que a los presos no se les pone en libertad cuando el Tribunal Supremo de Marruecos ha dicho que la sentencia militar anterior no existe y que no había pruebas para condenarlos», explica Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad del País Vasco. Bajo la «apariencia de un juicio serio», refiere, discurre un lento camino «para gente que lleva seis años en la cárcel, donde alguno entró con 20 años de edad y con la única prueba de una declaración obtenida bajo tortura», subraya.

Un juicio a voces

Las jornadas que retoman el juicio dejan claro que no hay pruebas concluyentes. La intención de mostrar signos de apertura desde la reforma constitucional de 2011 está ahí. Pero en el caso de Gdeim Izik los elementos probatorios están cogidos con pinzas. Tanto como la teórica voluntad de realizar un «juicio justo», como dice el instructor, a quienes tachan de terroristas.

«Ni hay pruebas de las armas usadas, ni del móvil de los asesinatos o de cómo fueron estas muertes y de quién habría cometido cada una de ellas… y tampoco aparecen las autopsias ni los cuerpos de las supuestas víctimas», concluyen abogados de los encarcelados y una parte de los analistas de otras naciones.

Los presos, en la reanudación procesal, ocupan una suerte de jaula de cristal habilitada en la sala y donde son custodiados. Muestran una actitud firme e incluso animada a ratos que contrasta con el lustro pasado de duro confinamiento carcelario. Un cautiverio que soportan con el peso de cadenas perpetuas en algunos casos y en todos de torturas y malos tratos, según las reiteradas denuncias. Los reclusos incluso saludan desde el interior del recinto acristalado e intentan entablar comunicación con los familiares saharauis presentes en el Tribunal de Apelación de Salé. Las fuerzas policiales no ponen fácil la interacción.

Si la imagen de Mohamed VI vigila desde un cuadro colgado en la sede judicial, cada edificio soporta enseñas nacionales de un país salpicado de banderas. Todo refleja el orden que no aporta el transcurso del juicio. El juez casi ni arranca a hablar cuando la causa se interrumpe con gritos y consignas enfrentadas entre los marroquíes y saharauis presentes en el palacio de justicia. También hay intercambio de amenazas. Nadie detiene el ensordecedor ruido que paraliza a destiempo el proceso.

En la calle, la tensión crece a cada día que pasa y la presión se hace cada vez más evidente, dura, sobre los manifestantes que defienden a los 24 de Gdeim Izik. «Este tribunal no pone sentencias a favor de quien más grita», apela de forma gráfica el magistrado titular. Caso omiso. Pide «a ambas partes que ayuden» al discurrir de la causa, enlazada a trompicones. Y avisa: «Si no hay forma de trabajar, tendremos que suspender». Es lo que ocurre finalmente, de nuevo. El juez «entiende los sentimientos de todos, pero necesitamos respeto para continuar», decía intentando imponerse a la algarabía.

Sede del Tribunal de Salé (Marruecos), donde se celebra la vista. Foto / Juan Miguel Baquero.

“La mayoría fueron torturados”

En noviembre del año 2010, miles de manifestantes pidieron «el fin de la ocupación y el derecho inalienable a la libre determinación y la independencia», decía la RASD en un comunicado. El desmantelamiento de la protesta produjo graves disturbios. Fue el momento más crítico vivido en la zona desde el alto el fuego proclamado entre Marruecos y el Frente Polisario en 1991. En una tierra que vive marcada por un conflicto bélico latente.

La causa abierta responde a un «juicio político», según uno de los abogados de los activistas, Mohamed Fadel Leili. Y la anulación de «la sentencia del tribunal militar» reafirma «que no se han justificado las imputaciones por asesinato y complicidad». Las pruebas «son falsas», subraya otro letrado, Bazaid Lehmad. Desde la defensa aseguran que el nuevo juicio puede suponer «penas de 15 años como mínimo» a encarcelados que declaran «maltratos y violaciones de todo tipo por las autoridades». Es «lo único seguro», en palabras de Leili: «La mayoría de los detenidos fueron torturados».

El objetivo del ‘campamento de la dignidad’ era «reivindicar nuestros derechos sociales, civiles y políticos», defiende Hassanna Aalia, condenado a perpetuidad y refugiado político en España. De la protesta, el grupo de Gdeim Izik pasó a la cárcel. Donde espera, entre rejas, la justicia que enfrenta una nueva oportunidad desde el 13 de marzo.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 49, MARZO DE 2017