
El centro de interpretación de la cueva de Tito Bustillo, en Ribadesella.
Luis Feás Costilla / Periodista.
Desde 2013, el Gobierno asturiano presidido por Javier Fernández viene renunciando al 1% cultural al que le obliga la ley. En los Presupuestos Generales de ese año se incluía una disposición adicional quinta en la que se establecía que durante ese ejercicio «se suspende la aplicación de las disposiciones de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, referidas a las aportaciones del uno por ciento cultural a realizar por la Administración».
En las sucesivas cuentas, prorrogadas o no, hasta las actuales, se ha incluido esa misma disposición, por lo que ya son seis los ejercicios que han visto mermadas sustancialmente las aportaciones fijadas en el año 2001 tras la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural del Principado, que lo que hacía en realidad era elevar a rango superior una reserva de fondos para la cultura que se llevaba realizando desde 1989, tras la aprobación de un decreto que así lo estipulaba.
El artículo 99 de la Ley de Patrimonio Cultural ordenaba lo siguiente: «En el presupuesto de toda obra pública de importe superior en su conjunto a 50 millones de pesetas financiada total o parcialmente por el Principado de Asturias, se reservará un uno por ciento de los fondos para la conservación, restauración y enriquecimiento del patrimonio cultural, incluyendo la instalación de obras de arte, en su entorno, siendo prioritaria la atención a estos efectos las actuaciones contempladas para el mismo en el Plan del Patrimonio Cultural de Asturias».
Pero la crisis llegó con fuerza y en 2013 se incluyó por vez primera la citada renuncia, con lo que eso supone de pérdida de dinero para la cultura en Asturias. En 2009 la cifra había sido importante, 1.667.100 euros, pero fue disminuyendo paulatinamente a los 946.940 de 2010 o los 200.000 de 2011, que se elevaron un poco, hasta los 326.542 euros, en 2012, el último año que los presupuestos autonómicos incluyeron el 1% cultural. Su completa desaparición en 2013 provocó por ejemplo que el Museo de Bellas Artes de Asturias carezca desde entonces de dinero para la adquisición de obras, puesto que sus fondos se nutrían básicamente de esa partida, ahora suplida en parte por un legado privado, el del difunto Aureliano Menéndez, que ha permitido comprar obra de los artistas que han expuesto individualmente allí en los últimos años.
La ley deja claro que estas aportaciones no deben confundirse con las inversiones que el propio Gobierno asturiano, a través de la Consejería de Educación y Cultura, ha de destinar al patrimonio, como bien expresa la propia norma: «La aplicación del 1% cultural será considerada una inversión de carácter extraordinario y no podrá formar parte de las consignaciones o partidas del ejercicio presupuestario destinadas a la investigación, protección y fomento del patrimonio cultural y de la creatividad artística».
Estas partidas del ejercicio presupuestario ordinario también han decrecido de forma notable en los últimos años, e incluso han llegado casi a desaparecer en los ejercicios de prórroga presupuestaria, como sucedió en 2014 y en 2016, en el que la inversión en patrimonio de bienes culturales fue de apenas 50.000 euros. Si en 2009 el presupuesto contemplaba para patrimonio cultural una partida de 1.439.269 euros, en 2017 ese mismo apartado fue de un millón.
Un porcentaje conservador
También al Gobierno central le corresponde un porcentaje cultural, elevado al 1,5% con Ana Pastor como ministra, que en este caso sí se aplica, gestionado por los Ministerios de Fomento y Educación y Cultura. Conforme a la convocatoria de 2017, el Ministerio de Fomento destinará a la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico en el Principado de Asturias 1,1 millones de euros con cargo a ese porcentaje cultural, que irán a tres actuaciones ligadas a la Administración socialista.
Así, Fomento financiará con 499.698 euros la consolidación del yacimiento arqueológico de Chao Samartín, en Grandas de Salime, lo que supone el 67,5% del presupuesto total de la actuación -que sus detractores consideran muy agresiva- sobre el castro, el más importante de la zona. Requiere de dos proyectos que suman un presupuesto de 740.000 euros, de los que 285.000 irán a las obras de emergencia en las estructuras del asentamiento y 456.000 al proyecto de consolidación. El presidente del Principado, Javier Fernández, visitaba el yacimiento el pasado mes de agosto y se comprometía a abonar el 15% de la actuación, es decir, 111.000 euros, en un apoyo muy cuestionado al polémico alcalde de Grandas, Eustaquio Revilla.
Además, el 1,5% cultural irá a la rehabilitación del palacio de Maqua, por la que el Ayuntamiento de Avilés recibirá 498.853 euros para acometer obras de mejora de este edificio, ubicado en la calle La Cámara, para establecer en él dependencias municipales, como un nuevo centro de empresas o la Fundación para el aprendizaje del español.
Otros 148.283,44 euros irán a la adecuación ambiental del entorno y accesos a la cueva de Tito Bustillo y a su centro de interpretación de arte rupestre, perteneciente a Recrea, la empresa de gestión cultural del Principado. La aportación supone un tercio del presupuesto total, fijado en más de 300.000 euros. Entre las actuaciones proyectadas se encuentra una senda peatonal que unirá el barrio de El Picu con La Mediana, a la altura de Picu Ramonón, a lo largo de toda la avenida de Tito Bustillo. Además, las obras incluyen una reordenación de la zona de accesos y el aparcamientos situado en el entorno de la cueva, con el fin de generar una zona de parada de autobuses para los visitantes.
Tanto el 1,5% cultural del Gobierno central como el 1% del Gobierno de Asturias es obligatorio por ley dedicarlos no solo a conservación del patrimonio, como se está haciendo, sino también a la creación de nuevo patrimonio, es decir, a la adquisición de bienes culturales, exposiciones, publicaciones, y al fomento de la creatividad artística o, lo que es lo mismo, la adquisición de obras de autores vivos o encargos a éstos para que realicen obras, conforme a los criterios establecidos en 2005 por la correspondiente Comisión Interministerial. Algunas asociaciones profesionales como el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) reclaman que se dedique al menos el 20% de la partida a la creación de este nuevo patrimonio.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 56, MAYO DE 2018
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