Mojarse para financiar al partido

Joaquín Fernández, que trabajaba para Aquagest, cuando fue detenido en Avilés por su implicación en el Caso Pokémon. Foto / Mara Villamuza.

Daniel Ripa / Investigador en Psicología Social y del Trabajo. En 1996, 25.000 ovetenses rechazaban en un referéndum popular que Aqualia se hiciera con el agua municipal (ya gestionaba la limpieza y basuras desde 1982 y después se haría con el cementerio y la grúa). No serviría de nada y Aqualia, propiedad de FCC y presidida por las hermanas Koplowitz, se hacía con la concesión. Pero la sombra de la corrupción siempre la acompañó: “¿Qué hacían empresas de servicios comprando caballos en la yeguada de los hijos de Gabino de Lorenzo?”, se preguntaba en Diagonal Asturies el ex concejal de ASCIZ, Celso Miranda. Dieciocho años después, Aqualia gestiona el agua de 850 municipios del Estado. En Asturias, Langreo, Oviedo, Lena, Castrillón, Valdés, Aller, Piloña, Cabranes, Sariego, Llanera, Peñamellera Baja y Villaviciosa. El aterrizaje de la otra gran empresa del sector, Aguas de Barcelona-Aquagest, fue igual de ruidoso: 20.000 firmas contrarias, sin éxito, en Avilés. De los más de 1.000 municipios que gestiona (con 225 millones de euros en beneficios en 2011), una veintena son asturianos: Avilés, Corvera, Llanes, Grao, Cangas del Narcea, Salas, Gozón, Tapia, Tineo, Vegadeo, Cudillero, Ribadesella, Cabrales, Cangas de Onís, Castropol, Coaña, Colunga, El Franco, Navia, Muros y Ribadedeva. Todas estas concesiones de Aquagest serán ahora investigadas a requerimiento de la jueza que lleva la instrucción de la concesión que obtuvo de la piscina municipal de Las Vegas (Corvera) y donde los pagos en negro de hasta 135.000 euros llevaron a la imputación del ex alcalde de Corvera, Luis Berlarmino Moro, y varios concejales del PP, USPC y ASIA. La gestión de las piscinas en Lena por la empresa rival (Aqualia) también fue polémica y el coste ascendió de los 70.000 euros anuales iniciales hasta los 150.000 en 2012.

¿Había gato encerrado en que Gobiernos de PP y PSOE realizaran privatizaciones favorables a Aqualia y Aquagest frente a la voluntad vecinal? ¿Hay que mojarse con aguas sucias para financiar a los grandes partidos? Eso parece a la luz de los casos Bárcenas y Pokémon. Los papeles de Bárcenas han salpicado a directivos de FCC y Aquagest: Rafael Palencia (6 donaciones al PP entre 1998 y 2008) y Lucio Moreno (3 pagos entre 1999 y 2000), vinculados a Degremont-Agbar-Aquagest, y Cecilio Sánchez, de FCC-Aqualia (una donación de 30.000 euros), que se suman a los 165.000 euros que donó el ex presidente de FCC, José Mayor Oreja, hermano del ex ministro del Interior. Estas donaciones a la contabilidad estatal del PP se podrían corresponder con concesiones en los Ayuntamientos donde gobernaban. Enrique Santiago, abogado de la acusación popular de IU, añade que “este sistema era generalizado en todas las Administraciones Públicas del PP”. Las ramificaciones a nivel autonómico y municipal también aparecen en el Caso Pokémon, que afecta a políticos del PSOE, PP y BNG en Galicia, Cantabria y Asturias, y a la empresa Aquagest, que podría haber pagado las campañas electorales del PSOE en Santiago (donde también hay 7 concejales del PP inhabilitados).

En Asturias, esta empresa abonó estancias en el balneario de Las Caldas a tres dirigentes populares: Joaquín Aréstegui (presidente del PP de Avilés), Ignacio de Diego (presidente de Cantabria) y Joaquín Fernández (ex vicesecretario de comunicación del PP). Este último, que fue detenido y está a la espera de juicio, trabajaba como ‘conseguidor’ en nómina de Aquagest, facilitando concesiones en Ayuntamientos. Su implicación en el Caso Pokémon salpicó al PP asturiano e incluso a su presidenta Mercedes Fernández (véase ATLÁNTICA XXII número 32 y la web de la revista).

Rentabilidad y maletines

La rentabilidad está garantizada. Las concesiones son rehenes: duran dos o tres décadas, su rescisión supera hasta en 15 veces el canon pagado al Ayun­tamiento y a veces se renuevan automáticamente si se realizan infraestructuras. Nuria Álvarez, del PSOE de Cudillero, lo expresaba claramente en una entrevista publicada en La Nueva España: “No sé en concreto los términos de la adjudicación, fue hace muchos años”. En Asturias tenemos varios ejemplos: en Salas se renovó la concesión por otros 10 años a cambio de 400.000 euros en 2009; también ese año, en Grao, dos recursos de IU no impedían la concesión por 25 años a cambio de 4 millones, y en Llanes la ampliación por 25 años se obtenía por 2 millones, sin concurso y con el compromiso de realizar obras, en lo que el ex edil de Foro (ahora no adscrito) Juan Carlos Armas calificó de “un auténtico saqueo”. Para aumentar la rentabilidad, la concesión se acompañaba de subidas de precios del agua en los meses anteriores (como en Avilés o en el Canal Isabel II de Madrid) o posteriores a la privatización, a pesar de que según la ONU el coste del agua no puede superar el 3% de los ingresos del hogar. Más allá, las compras y obras de la concesionaria (a veces, empresas mixtas con mayoría pública) recaen en filiales de la empresa privada. En Gozón, por ejemplo, el Ayuntamiento del PP financió a Aquagest con 6 millones de euros para renovar redes de agua y saneamiento, pero fue la propia empresa quien se certificó las obras a sí misma. Encaja con la denuncia de Miranda, que recordaba que “si en Oviedo se limpiaban las calles a manguerazos era porque la misma empresa (FCC) facturaba el agua al Ayuntamiento”.

Con las arcas municipales vacías desde 2008 se ha disparado la financiación a partir de privatizaciones. Decía José Luis Zafra, profesor de Economía en la Universidad de Granada, en El País, que “los Consistorios hacen verdaderas chapuzas en los concursos (…) porque lo que les interesa es conseguir el dinero rápido”.Aunque la Directiva Marco del Agua obliga a que el beneficio que obtienen se reinvierta en el ciclo del agua, los Ayuntamientos los utilizan para otros fines. Eloy Badía, de Ingeniería Sin Fronteras, resumía el proceso en Diagonal: “Un municipio con las arcas vacías (…) [privatiza]. Se suben las tarifas unos meses antes de cambiar de manos el servicio y a cambio se produce la entrega de un maletín. El resto se va dando a lo largo de la concesión”. Aunque en municipios como Oviedo se han aprobado planes de emergencia para evitar cortes de agua, en otros municipios no ha sido así y en ciudades como Mérida hubo movilizaciones. A pesar de todo, los vecinos lo suelen tener claro. En Italia, se sometió a referéndum en 2011 el mantener la gestión pública del agua: el 95% votaron contra la privatización. Parece urgente investigar y auditar las concesiones en Asturias, pero también volver a la gestión pública de unos servicios que nunca debieron ser privatizados. Habrá más sorpresas.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 33, JULIO DE 2014