El café Le Bonne Bière el día de su reapertura. Foto/ Patricio Zambrano.

Lucía Menéndez / Periodista (París).

Antes de que los terroristas acabaran con la vida de 130 personas el 13 de noviembre en distintos puntos de París, Francia ya se encontraba en estado de alerta. Diariamente saltaban noticias de desarticulación de comandos preparados para atentar o de presuntos radicales detenidos. Meses antes de aquella tragedia el presidente François Hollande comparecía en televisión augurando lo peor, “que los ciudadanos estén preparados porque puede surgir un ataque inminente”.

Tras el frustrado atentado en el tren Thalys, en el que un joven de origen marroquí pretendía disparar a los pasajeros con un fusil de asalto, se habilitó un número especial de emergencia en los transportes, el 3117, que cualquiera puede usar en caso de sospecha. Desde entonces los cortes del metro parisino son habituales. “Informamos de la ralentización de las líneas con motivo del aviso de un paquete sospechoso”, se escucha por megafonía.

El mismo día de los atentados se había desalojado la estación de tren parisina Gare de Lyon, por amenaza de bomba. Un asunto que no trascendió a los medios, hasta que comenzó la masacre.

La sala Bataclan, escenario principal de los atentados, ya había sido objeto de amenazas y estaba en el punto de mira de los terroristas, según reconoció la policía. Durante los interrogatorios del pasado febrero a los miembros del grupo terrorista Jaish al-Islam [La armada del Islam], responsables del asesinato de un estudiante francés en El Cairo en 2009, se pudo escuchar que tenían un proyecto de atentado contra esa sala de propietarios judíos. En 2007 y 2008, la discoteca parisina ya había sufrido amenazas. Acogía habitualmente conferencias de organizaciones judías, como la de la Policía de Fronteras de Israel. Por esas fechas se difundió un vídeo en Internet que mostraba a una decena de jóvenes con la cara cubierta con sus habituales kufiyas (pañuelos), en el que amenazaban a los responsables de Bataclan por aquel encuentro.

Además, el grupo de rock estadounidense Eagles of Death Metal, que estaba actuando en la sala cuando empezaron los disparos, había estado de gira por Israel y ya había sufrido numerosas llamadas al boicot.

Tras aquella tragedia los parisinos no solo viven con miedo, sino que han visto cómo su estatus de libertad se ha visto reducido para garantizar, dice el Estado, la seguridad. Es habitual ver cómo registran a cualquier ciudadano con aspecto árabe sin que medie ningún indicio de sospecha. Los registros indiscriminados en las viviendas, la prohibición de reuniones y concentraciones, la suspensión de conciertos y actividades culturales o el cierre temporal de los monumentos turísticos, en este caso los días posteriores a los atentados, son algunos de los ejemplos del estado policial y militar que se vive en Francia.

El estado de emergencia también permite a las fuerzas del orden restringir la circulación de vehículos y personas, y en los 61 principales puntos de paso fronterizo de Francia se producen  controles estrictos a cargo de la Policía del Aire y de las Fronteras (PAF) y de agentes de la Dirección General de Aduanas (DGA). En ese marco se llegó a suspender el tratado de Schengen durante un mes, coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Clima en París (COP21), donde participaron 150 jefes de Estado.

Bajo la excusa de que la amenaza terrorista en Francia tiene un carácter duradero, el Gobierno se permite todas estas licencias. Incluso estas medidas llegan a contemplar el control de los medios de comunicación, que se produciría si así lo decretasen las autoridades.

Francia ya advirtió al Consejo de Europa que las medidas de emergencia tomadas tras los atentados terroristas del 13-N podrían romper el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), invocando uno de ellos. El artículo 15 del texto contempla la derogación excepcional de las garantías establecidas en el convenio «en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación».

La excepción no exime de la obligación de respetar el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, el trabajo forzado y la condena cuando no exista ley que sancione una infracción, según se especifica en varios de sus artículos. Ante eventuales demandas, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo deberá decidir caso por caso si se violaron los derechos humanos o si, por el contrario, la reclamación está cubierta por dicha norma.

La Asamblea Nacional, a propuesta del Gobierno de Manuel Valls, aprobó prolongar dicho estado de emergencia tres meses más en noviembre, días después del atentado. Se plantea incluso una reforma constitucional para introducir alguna de estas medidas.

La plaza de la República de París un mes después de los atentados. Foto / Patricio Zambrano.

El Gobierno también lanzó recientemente una guía de seguridad con recomendaciones en torno a cómo actuar en caso de nuevos ataques terroristas. Al más puro estilo de los folletos explicativos de las instrucciones que se mandan seguir en los aviones ante posibles accidentes aéreos, el documento gráfico muestra con dibujos e indicaciones los pasos a seguir en caso de una situación de peligro. Escaparse, esconderse y alertar son las tres premisas básicas a seguir, y los carteles se podrán ver expuestos en estaciones de metro, centros comerciales, Ayuntamientos o estadios deportivos.

El miedo no evita el peligro

Dos meses después de la tragedia la ciudad ansía retomar su pulso habitual. Los locales quieren reabrir, la gente desea salir sin miedo a la calle, pero las flores y los mensajes aún se mantienen en los lugares de los atentados. Muchas voces piden que se retiren y de un modo u otro mirar hacia adelante sin pavores. Pero lo cierto es que la sociedad aún tiembla y es lógico que tampoco quiera olvidar lo ocurrido.

Tres semanas después del atentado, reabrió La Bonne Bière, uno de los bares atacados en el que cinco personas perdieron la vida. La gente demuestra que no tiene miedo o que no quiere verse vencida por un temor inútil, porque, como comentaba un parisino sentado en la terraza rehabilitada tras los disparos, “el miedo no evita el peligro”.

Por su parte, los establecimientos Le Petit Cambodge y Le Carrillon, donde fueron asesinadas cuatro y once personas respectivamente, tienen prevista su reapertura este mes de enero. “Un nuevo año para mirar hacia adelante”, pretenden sus dueños.

La nombradísima sala de conciertos Bataclan, donde se produjo la mayor matanza ese 13-N, retomará su actividad previsiblemente a finales de 2016. Sus propietarios no han vuelto a entrar en el interior del local por expresa recomendación de la policía, que sigue investigando lo sucedido.

Su deseo es que no se convierta en un circo o lugar de peregrinación y que cuando reabra vuelva todo a la normalidad, sin olvidar lo ocurrido pero sin alimentar un morbo público que muchas veces provoca un inmenso dolor a los familiares y allegados de las víctimas.

Los Eagles of Death Metal, por su parte, ya han dicho que quieren ser los primeros en tocar en Bataclan cuando abra de nuevo sus puertas.

La banda también actuó en el segundo de los conciertos de U2 en París, pospuestos tras los atentados, que el grupo finalmente ofreció en diciembre. Durante la actuación los miembros de Eagles of Death Metal se subieron al escenario para homenajear a los fallecidos, entre los que se encontraba su manager de merchandising.

Iglesias y escuelas

El país vivió sus primeras Navidades bajo estado de emergencia y en alerta máxima antiterrorista. Las iglesias se han convertido en una preocupación para el Gobierno francés. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, ha dado instrucciones claras a los prefectos y directores de la Policía y la Gendarmería: mejorar la seguridad en los edificios religiosos y sus alrededores.

El propio Cazeneuve ya se había pronunciado acerca de los lugares de culto. En este caso había decidido cerrar todas las “mezquitas radicales que promovieran el odio”. En algunas iglesias ya se habían producido incidentes, como el pasado mes de abril, cuando se produjo un atentado frustrado contra un templo cristiano en Villejuif, al sur de París.

Aunque la seguridad ya se había multiplicado en esos lugares, el Ejecutivo francés ha puesto en marcha un paquete de medidas excepcionales, como interrogar a los párrocos y curas para “conocer el programa y la organización de los oficios navideños”, vigilar las proximidades de las iglesias y parroquias en busca de coches o individuos sospechosos, limitar el número de asistentes, prohibir de manera eventual el acceso a las mismas con mochilas y maletas o revisar los abrigos de los congregados. Todo ello fue llevado a cabo de manera escrupulosa en Navidades.

Pero la seguridad en estas fechas navideñas no se limitó a los centros de culto. Si desde hace más de un mes centros comerciales, cines o supermercados ya adoptaron las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades, ahora también las estaciones de tren de alta velocidad tienen un nuevo sistema de vigilancia. Arcos de seguridad, escáneres de rayos X para comprobar los equipajes y brigadas caninas son las tres principales novedades que se ponen en marcha, promovidas por la conocida actual ministra de Transportes, Ségolène Royal.

Un paso más en esta “nueva cultura de la seguridad”, todo para que “los franceses que utilizan el transporte público se sientan seguros”, apuntaba la ministra tras inaugurar estas instalaciones en la Estación del Norte de París. En los próximos meses estas medidas se implantarán también en la estación de Lille-Europa, en todos aquellos andenes con destino a Bélgica y Holanda.

El anuncio de esta nueva política de seguridad no ha sido una sorpresa. Este sistema de control parece tener sus lagunas: mientras Francia instala estos nuevos dispositivos, todavía no se prevé ningún sistema de control sistemático de viajeros.

De la misma manera, en los colegios se ha intensificado la seguridad y más se hará tras el incidente provocado por un profesor de una escuela primaria, que denunció a la policía haber sufrido un ataque de un terrorista armado con un cuchillo hace unas semanas, para luego desmentir su testimonio. El falso relato puso a toda la sociedad de nuevo con el corazón en un puño y llegó a provocar inmediatas reacciones, como la de la ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, quien se desplazó al lugar para anunciar precisamente un mayor refuerzo de los dispositivos de vigilancia en los centros educativos.

El estigma de los musulmanes

En Francia viven más de 5 millones de musulmanes. El islam es la segunda religión del país después del cristianismo, lo que representa un 7,6 % de la población. El país se tiene por un ejemplo de laicismo. Pero el Estado, que presume de ser integrador y de amparar a una multiplicidad de culturas, tradiciones y religiones, en la práctica no lo es tanto.

La población árabe se concentra en unas pocas zonas de la ciudad y de la periferia de París. En muchas ocasiones se ha generado conflictividad social, como quedó patente en las revueltas protagonizadas por los jóvenes contra la policía en 2005. En ciertos guetos se advierten grandes desigualdades, y en colegios o zonas de ocio salen a la luz casos de verdadera discriminación por razón de raza o cultura. Cinismo e hipocresía es muchas veces lo que se desprende de una sociedad francesa que presume de plural, pero que en realidad disgrega.

Estos conflictos han sido caldo de cultivo para partidos como el Frente Nacional de Marine Le Pen, sobre todo tras los atentados que generaron aún más tensiones entre la población e hicieron ganar adeptos al sector más reaccionario y ultraderechista de la sociedad.

En las elecciones regionales se visibilizó el crecimiento de este partido en muchas zonas donde antes no tenía representación. En la segunda vuelta se desinfló, pero nadie descarta que en los próximos meses pueda volver a tomar fuerza para intentar hacerse con el poder en las próximas presidenciales.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 42, ENERO DE 2016