El botín de la partitocracia asturiana

La Sindicatura de Cuentas, la Caja de Ahorros, Hunosa… La lista de chiringuitos que han utilizado los políticos asturianos es tan larga como diminutos son sus currículums profesionales

Foto: Pablo Lorenzana.

Javier Álvarez Villa

Artículo publicado en el número 61 de nuestra edición de papel (marzo de 2019)

El 20 de diciembre de 1994, la Comisión de Investigación de la Junta General del Principado sobre el caso Petromocho hizo público su dictamen sobre las causas y consecuencias de la falsa inversión para la instalación de una petroquímica en Asturias, con la supuesta participación del Saudi International Bank. El dictamen fija las responsabilidades administrativas y políticas derivadas de las irregularidades que en el mismo se detallan, que recaen sobre un total de doce altos cargos políticos, siete de ellos pertenecientes o dependientes del Gobierno asturiano, entre los que se encontraban: Juan Luis Rodríguez-Vigil, presidente del Consejo de Gobierno, y Víctor Zapico, consejero de Industria, que ya habían dimitido con antelación. También Avelino Viejo, consejero de Economía y Hacienda, y Juan Cofiño, secretario general de la Presidencia, a los que la Comisión exige la dimisión inmediata de sus cargos.

La aproximación a la trayectoria posterior de estos cuatro políticos reprobados por el Parlamento asturiano nos da pie para inventariar algunas de las patologías de la democracia representativa degenerada: confusión entre responsabilidad política y  penal, ninguneo del control parlamentario del Gobierno, captura de los organismos no representativos mediante el reparto de sus miembros por cuotas de partido, instrumentalización de los partidos políticos por el capitalismo clientelar o de amiguetes, transformación de aquellos en agencias de colocación de dirigentes y afines, colusión entre intereses públicos y privados.

La Comisión de Investigación del Petromocho, presidida por el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, atribuye al Sr. Rodríguez-Vigil, que se negó a comparecer personalmente ante la misma, el desprecio del criterio de su propio Consejo de Gobierno y la omisión de las mínimas cautelas en las gestiones que hizo para que el fallido proyecto de la industria petroquímica fuera bien recibido por los responsables del Gobierno del Estado. Esta reprobación sin paliativos por parte del Parlamento asturiano no fue impedimento, sin embargo, para que la propia Junta General, en el año 2005, propusiera al expresidente para el puesto de vocal del, por entonces, recién creado Consejo Consultivo del Principado de Asturias, puesto en el que se mantuvo hasta diciembre de 2018.

Aunque el Consejo Consultivo se quiera presentar como el órgano independiente de consulta de la Comunidad Autónoma, la ley de creación se pasa esa supuesta independencia por el forro, atribuyendo al Consejo de Gobierno el nombramiento directo, a dedo, de tres de los cinco vocales, mientras que los dos restantes lo son a propuesta de la Junta. Así ha podido suceder, sin que nadie se ruborice por ello, que el nombre de la actual presidenta de este organismo se filtre a la prensa varios días antes de que hubiera sido elegida por votación de los vocales, en un fraude de ley admitido como normal en las prácticas políticas imperantes en la democracia asturiana.

El político jeta siempre consigue flotar

De los trece vocales nombrados desde el año 2005 hasta ahora, seis habían tenido una larga trayectoria política previa en cargos públicos vinculados a los principales partidos de la Comunidad Autónoma: Bernardo Fernández y Juan Luis Rodríguez-Vigil, en el PSOE; Fernando Fernández Noval, primero en el PP y luego en Foro Asturias; Dorinda García, del PP; y José María García y Jesús Iglesias, en Izquierda Unida. Por tanto, a pesar de que la ley exige que el nombramiento de vocales debe recaer en juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional efectiva, parece evidente que lo que ha primado en estos nombramientos ha sido la instrumentalización partidista del Consejo Consultivo a través de un sistema de designación por cuotas de partido.

Por su parte, el ex consejero de Industria Víctor Zapico, que también se negó a comparecer ante la Comisión de Investigación de la Junta General por el Petromocho y al que la citada Junta imputó una falta de preparación para tareas de responsabilidad –que le habría impedido asumir las cautelas y realizar las comprobaciones imprescindibles en el negocio fallido–, se incorporó al equipo directivo de Mina La Camocha en el año 1997, en un caso evidente de “puerta giratoria”. Parece obvio que la entrada del señor Zapico en la dirección de esta mina privada no tenía tanto que ver con su experiencia previa como topógrafo en Hunosa, como con sus cargos anteriores de director regional de Minería y consejero de Industria, con el fin de pagar favores previos y/o aprovechar su agenda de contactos.

En cuanto a Avelino Viejo, el dictamen de la Comisión de Investigación le reprocha “un inaceptable nivel de desconocimiento incluso de lo tratado en Consejo de Gobierno respecto a la instalación de una industria petroquímica en Asturias”, que derivaría “de su propio desentendimiento de problemas de la envergadura de los señalados”. La exigencia de dimisión por dejación de funciones no evitó que el señor Viejo continuara como Consejero de Hacienda con Antonio Trevín hasta julio de 1995, fecha en la que fue cesado como consecuencia del nombramiento del nuevo Gobierno del PP presidido por Sergio Marqués.

En marzo del año 2005, el señor Viejo fue designado Síndico Mayor por la misma Junta General que le había reprobado diez años antes, y en ese puesto se mantendrá hasta este año 2019. Entre los tres síndicos designados por entonces por la Junta se encontraba también Mercedes Fernández (Cherines), presidenta del PP en Gijón entre los años 1989 y 2000, concejala en ese Ayuntamiento durante varios años, diputada en el Congreso y delegada del Gobierno en Asturias entre los años 2000 al 2004, desde donde dio el salto a la Sindicatura de Cuentas, permaneciendo en ella hasta fines del año 2011, coincidiendo con su elección como diputada en el Congreso.

Aunque la Ley de la Sindicatura requiere para poder ser nombrado como síndico contar con reconocida competencia y más de diez años de experiencia en las materias sobre las que versa la función de la Sindicatura de Cuentas (fundamentalmente, la fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público), todo apunta a que en la elección del señor Viejo y de la señora Fernández lo realmente determinante fue, al igual que en el Consejo Consultivo, el sistema de nombramiento por cuotas de partido con el que los partidos institucionalizados vienen repartiéndose el botín de los puestos de designación directa en los organismos “independientes” de la Comunidad Autónoma asturiana. Y, de paso, condicionando el funcionamiento imparcial de los mismos.

El hecho de que, con ocasión del proceso de renovación de los síndicos en el que se encuentra inmersa actualmente la Sindicatura, se haya barajado como candidato del PP a un político profesional como Agustín Cuervas-Mons, vinculado con la etapa negra de la antigua empresa municipal del suelo de Oviedo (Gesuosa), da buena cuenta del grado de desfachatez en el que se mueve el reparto de sinecuras.

Bastante llamativa resulta también la trayectoria de Juan Cofiño, al que la Comisión del Petromocho reprocha el mismo desentendimiento irresponsable que achaca a Avelino Viejo e insta su dimisión. Pero las responsabilidades en este escándalo no afectaron en absoluto a las expectativas de ascenso en la carrera política del señor Cofiño, que ya en junio de 1993 había sido nombrado nuevo Consejero de Infraestructuras y Vivienda por Antonio Trevín, sucesor de Rodríguez-Vigil en la Presidencia del Principado, puesto en el que se mantuvo hasta el año 1995. A partir de este año repite como diputado de la Junta General por la Circunscripción Oriental en la IV y la V Legislatura, desde 1995 a 2003 (ya lo era desde el año 1983). Terminada su etapa política, acaba recalando en la asesoría jurídica de la empresa Telecable, sin que se le conozca ninguna experiencia profesional anterior relacionada con las telecomunicaciones.

Pero la tarta de la partitocracia asturiana tiene otros trozos muy apetitosos. Nos centraremos brevemente en dos: los sillones del Consejo de Administración de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, y el entramado clientelar de sociedades mercantiles y fundaciones de titularidad pública

AJUSTE DE CUENTAS Y REPARTO DE SILLONES POLÍTICOS EN CAJASTUR

Ya es un lugar común señalar el papel central que jugaron las cajas de ahorros, controladas por políticos especializados en urdir redes clientelares, en la financiación irresponsable de la burbuja inmobiliaria que estalló con enorme violencia en el año 2008. En Asturias, la colonización política se vio aderezada por la guerra interna entre guerristas y renovadores del PSOE por el control de las llaves de la Caja.

El 6 de agosto del año 2000, El País dedicaba un artículo a esta lucha cainita con el sugerente título de Cajastur, un caso de ajuste de cuentas, en el que se decía que “con casi un billón de pesetas de depósito en ahorros, la Caja es la primera entidad bancaria de la región y, hasta ahora, el principal aparato de poder económico para el Gobierno autonómico, por su influencia en el reparto de créditos y en el diseño de operaciones de tipo industrial”.

A los pocos días de la derrota del PSOE en las elecciones generales de 2000, Tini Areces, elegido presidente del Principado el año anterior, dio un golpe de mano destituyendo mediante un decretazo al presidente de la Cajastur, Manuel Menéndez. El artículo de El País apuntaba como posible causa de esta defenestración a la oposición de Menéndez a un crédito multimillonario de alto riesgo concedido al Grupo Mall, cuyo presidente sería un reconocido amigo de Areces, cuando este era vicepresidente de la Caja en su condición de alcalde Gijón.

La reacción del grupo socialista en la Junta General del Principado, de mayoría guerrista, contra el presidente del Gobierno surgido de su propias filas, fue fulminante.  En unos pocos meses consiguió aprobar una nueva de Ley de Cajas, con el apoyo del PP, que suprimía la competencia del Gobierno asturiano para nombrar al presidente del consejo de administración de Cajastur. Poco después, Manuel Menéndez fue repuesto en el cargo de presidente. Pero lo que no cambió fue la colonización política de su Consejo de Administración.

En el nº 22 de ATLÁNTICA XXII, publicado en septiembre de 2012, Fernando Romero dedica un artículo a la ocupación del Consejo de Cajastur por un nutrido grupo de enchufados políticos, que no solo cobraban elevados estipendios en concepto de sueldos y dietas por figurar y levantar la mano en las reuniones, sino que también, en algunos casos, habían obtenido préstamos y tarjetas en condiciones muy favorables.

La relación de los nombres que se ofrecen en el reportaje es muy sonora: Santiago Martínez-Argüelles (portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón), Francisco Villaverde (secretario de acción electoral del PSOE de Gijón), Pilar Varela (alcaldesa de Avilés), Margarita Vega y Paloma Sainz (exconcejalas del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo), Luis María García (exalcalde de Mieres por el PSOE), Juan José Corrales (exalcalde Siero por el PSOE); José Ramón García Cañal (diputado del PP), Luis Crego (secretario general del PP de Gijón), Daniel Gancedo (exalcalde de Colunga del PP), entre otros. La lista se hace casi interminable si nos remontamos a los años anteriores (a título de ejemplo, Agustín Iglesias Caunedo en el año 2009 habría ganado 47.000 euros como consejero de Cajastur).

A la vista de los nombres y de los cargos previamente desempeñados, no sería descabellado deducir que la ocupación de estos sillones fuera, en una buena parte de los casos, la recompensa por una larga trayectoria de fidelidad a los jefes de los partidos respectivos exteriorizada, parafraseando al sociólogo italiano Diego Gambetta, con muestras y signos inequívocos de incompetencia o estupidez.

EL ENTRAMADO CLIENTELAR DE LAS EMPRESAS Y FUNDACIONES PÚBLICAS DEL PRINCIPADO

El manual de Derecho Administrativo de García de Enterría y T. R. Fernández que se estudiaba en las Facultades de Derecho a principios de los años ochenta del pasado siglo ya advertía sobre el fenómeno de la “huida del Derecho Administrativo” mediante la creación de entes instrumentales. Lo hacía recordando que los poderes públicos, a diferencia de los empresarios privados, no pueden dilapidar su patrimonio, ni favorecer con él a los amigos, ni asumir los riesgos que le venga en gana o no contabilizar sus cuentas, ni elegir como quieran a sus empleados y a sus contratistas.

Pero a ninguna administración le interesó tener en cuenta esta admonición moralizante. Los tres periodos de gobierno sucesivos de Álvarez Areces (1999- 2011) fueron especialmente pródigos en esta materia, con la creación de dieciocho nuevas empresas y fundaciones públicas sujetas al Derecho Privado. Una Administración Pública paralela propiciatoria para la formación de clientelas políticas, por agradecimiento a quien facilita el acceso a un puesto de trabajo público o contratos a la carta, que degradan severamente la calidad del sistema democrático.

Un reportaje publicado por el digital Asturias Diario el 15 de noviembre de 2016, titulado Sogepsa, un entramado político y familiar revela, con toda crudeza y lujo de detalles, como la plantilla de la empresa pública Sogepsa era, en su mayoría, “un círculo cerrado de familiares y amigos, con ramificaciones en el Gobierno asturiano y en el PSOE”. El nº 50 de ATLÁNTICA XXII, publicado en mayo del 2015, incluye el artículo titulado Los chiringuitos, esa oscura administración paralela, que es una buena aproximación a una parte importante del clientelismo burocrático asturiano.

Pero el PP también utiliza a lo grande sus posibilidades institucionales como agencia de colocación en el sector público de políticos asturianos amortizados.  Son, por ejemplo, los casos del exconcejal y exsenador Javier Sopeña, colocado como directivo de Hunosa, del exdiputado regional durante muchos años Joaquín Aréstegui, nombrado delegado para Asturias de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) o de la exconcejala y excandidata a la presidencia del Principado Isabel Pérez-Espinosa, colocada al frente de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Norte S.A. (AcuaNorte).

Como el PSOE también recurre con frecuencia a estas mismas prácticas. No nos sorprende la crisis política, por estupefacción, que generó la renuncia de Daniel Gutiérrez Granda a la colocación que Areces le había ofrecido en el “chiringo” de La Laboral, como premio de consolación tras su cese como director general de Deportes del Principado en el año 2007.

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