Falo Marcos en Radio Kras. Foto / Vázquez.

Las movilizaciones y las informaciones periodísticas no fueron precisamente irrelevantes en relación al archivo por parte del Principado de la denuncia, proveniente del Gobierno central, que amenazaba la continuidad de las radios libres asturianas. La periodista Patricia Simón fue la informadora que más ahondó en la imposición de un cierre que atacaba gravemente a la libertad de expresión y a lo que se denomina periodismo ciudadano. El reportaje que publicó en el número 40 de ATLÁNTICA XXII, el pasado mes de septiembre, es una buena muestra de ello. Lo reproducimos a continuación.

Las Administraciones quieren cerrar las radios libres asturianas

Presiones, amenazas, retirada de licencias… el Ministerio de Industria ha iniciado una ofensiva, con la complicidad del Principado, para cerrar las radios libres que emiten en Asturias. Es la única Autonomía donde hay esa persecución, mientras se consienten emisiones comerciales ilegales.

Patricia Simón / Periodista.

Mucho antes de que también los periodistas nos indignáramos y empezáramos a crear nuestros propios medios de comunicación con el fin de salvaguardar el derecho de la ciudadanía a una información independiente y veraz, las radios comunitarias ya estaban ahí. Creadas hace décadas por activistas y personas preocupadas por dar voz a los temas silenciados por los medios de comunicación comerciales, ya son más de 200 las emisoras sin ánimo de lucro que emiten en el Estado español. Las más veteranas, Radio Kras en Gijón (105 FM) y Radio QK (107.3 FM) en Oviedo, llevan décadas informándonos y formándonos culturalmente en Asturias. Hasta ahora, cuando se enfrentan al cierre y a multas de hasta 200.000 euros por emitir sin licencia.

Las radios comunitarias o radios libres, como también son denominadas, están consideradas pilares angulares para la consolidación de las democracias por las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y otras entidades supranacionales que llevan años instando a los Gobiernos a fomentarlas y apoyarlas. Unos medios de comunicación que la UNESCO reconoce como el resultado de “los movimientos populares que luchan por lograr un espacio importante en la participación ciudadana y exigir el derecho a poseer y operar medios libres de toda interferencia política o comercial”. Bien lo saben en América Latina, donde se han convertido en herramientas fundamentales para la alfabetización, la formación escolar, agraria y ganadera de las comunidades más aisladas, así como en motores de dinamización cultural y portavoces de los movimientos de la sociedad civil frente al monopolio mediático de los grandes grupos empresariales.

Pero mientras al otro lado del Atlántico son cada vez más respetadas por Gobiernos y apoyadas por entidades internacionales, en España siguen estando condenadas a la clandestinidad. Pese a que en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reconoció por primera vez su existencia en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que establecía un plazo de 12 meses para su desarrollo reglamentario, cinco años después estos medios siguen sin ver cumplido su derecho a la adquisición de licencias, a las que podrían acceder aquellas que emiten desde antes de 2009. “Estamos en un estado de indefensión jurídica porque nos están exigiendo unas licencias a las que tenemos derecho pero que no están concediendo”, explica Falo Marcos, de Radio Kras. De hecho, esta emisora gijonesa solicitó su licencia en 2013 después de que José Antonio Díez Menéndez, el entonces recién nombrado jefe de Telecomunicaciones de Asturias, enviara cartas a las comunidades de vecinos y a los Ayuntamientos que habían cedido espacios a las radios comunitarias exigiéndoles que identificaran a las que emitían desde sus edificios así como a sus propietarios. De lo contrario se enfrentarían a multas de hasta medio millón de euros. Este mismo organismo, dependiente del Ministerio de Industria, es el que desde 2014 está denunciando en Asturias a las radios comunitarias, que en el resto de las Comunidades Autónomas emiten sin contratiempos.

Hostilidad hacia las radios libres

La primera víctima fue Radio Nava, una emisora creada hace 18 años por la asociación Aúpate con el fin de ofrecer un espacio en el que las personas drogodependientes encontraran nuevas motivaciones y entornos. Con el paso del tiempo esta radio se fue adaptando a las nuevas necesidades de la población, emitiendo desde un edificio propiedad del Ayuntamiento. En 2014 el Ministerio de Industria, a raíz de una denuncia de la Jefatura Provincial, les multó con 30.000 euros por emitir sin licencia y en una frecuencia no asignada, pese a que ya la habían solicitado, acogiéndose a la ley de 2010. Por recomendación de su abogado, no solo han dejado de emitir sino que han disuelto la asociación y han donado su equipo radiofónico a otra entidad sin ánimo de lucro. Están a la espera de la resolución de sus alegaciones. “Sería muy triste que después de casi dos décadas trabajando como voluntarios para una radio con fines sociales, tuviéramos encima que terminar pagando una multa los miembros de la Junta Directiva”.

Después vinieron Radio Kras, Radio QK y Radio Ujo, que tuvo que cerrar. En el caso de las dos primeras, la estrategia seguida por la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones ha sido distinta. Sus denuncias fueron dirigidas y, consecuentemente, incoadas por la Dirección General de Economía del Principado. Además del cierre, ambas se enfrentan a multas de entre 100.001 y 200.000 euros. En el momento de la elaboración de este reportaje se encontraban a la espera de la resolución de las alegaciones presentadas.

ATLÁNTICA XXII intentó en varias ocasiones obtener información de Díez Menéndez, responsable de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones, para conocer por qué solo en Asturias se está denunciando a las radios libres. Tras varios intentos fallidos, únicamente conseguimos que se pusiera al teléfono al no aclarar al recepcionista que éramos periodistas. Una vez establecida la comunicación y aclarado este punto, se limitó a manifestar que no podía responder a ninguna pregunta por cuestiones de “confidencialidad”. La misma razón arguyó cuando se le preguntó por la situación legal de EsRadio, la emisora dirigida por Federico Jiménez Losantos. A continuación colgó el teléfono.

Y es que, mientras las radios comunitarias, sin ánimo de lucro e integradas por voluntarios, se enfrentan al cierre, otras emisoras sin licencia están no solo emitiendo y lucrándose con ingresos publicitarios, sino que, en el caso de EsRadio, recibiendo ingresos por parte de la Administración Pública, como ha sido el caso del Ayuntamiento de Gijón.

Federico Jiménez Losantos entrevistó en directo a la alcaldesa de Gijón. Recibió al menos 22.000 euros de las arcas municipales. Foto / EsRadio-Libertad Digital.

Protección a radios comerciales piratas

En octubre de 2014, Jiménez Losantos realizó un programa en el Teatro Jovellanos de Gijón que, como la mayoría de los contenidos monográficos realizados por las cadenas comerciales sobre una ciudad, fue financiado por el Consistorio municipal. En este caso, el polémico informador entrevistó a la alcaldesa, Carmen Moriyón, lo cual fue denunciado por los grupos de la oposición, PP y PSOE, como financiación pública de un acto electoralista. Su partido, Foro Asturias, negó al principio haber pagado por este programa para terminar admitiendo que habían destinado 22.000 euros de las arcas públicas a este fin. Los grupos de la oposición estiman que se pagaron más de 37.000 euros, aunque no pueden confirmarlo porque Foro les ha impedido acceder al expediente de esta contratación. Moriyón no contestó a las preguntas de esta revista al respecto, formuladas a través del gabinete de prensa municipal.

Más allá de la cuantía concreta, lo alarmante es que EsRadio no cuenta con licencia para emitir en Asturias, una información que, pese a que debería ser de dominio público, no quieren aclarar a través del gabinete de prensa de la Consejería de Economía y Empleo, por lo que terminamos requiriéndola a través del Registro Oficial del Principado. En su respuesta oficial, el Gobierno autonómico admite que Jiménez Losantos está emitiendo ilegalmente en Asturias. Los Gobiernos de Catalunya y Andalucía cerraron sus emisoras hace años al comprobar que carecía de licencia.

Según se explica en su propia web, el expresentador de la Cope empezó a emitir en Asturias con EsRadio Libertad Digital en febrero de 2013, tras alcanzar un acuerdo con Viva Publicidad, una empresa vinculada con la emisora Medea FM.

En 2002 aparece en el espectro radiofónico asturiano Medea FM, una radio de contenidos musicales que, pese a carecer de licencia, cosechó una amplia audiencia gracias a la emisión de éxitos musicales acompañados de mensajes de los oyentes. Tras una campaña de recogida de firmas, recibió una licencia en el último concurso público realizado en 2010. Tras cambiarse el nombre a GigaRadio, esta emisora, propiedad de Soninorte SL, cesó sus emisiones en febrero de 2013. En esa frecuencia ovetense le sustituyó inmediatamente Losantos. En Gijón, emite en el 105.2 FM, por lo que en determinadas zonas de la ciudad pisa a Radio Kras. Pese a que la Ley Audiovisual de 2010 permitía por primera vez la venta, alquiler o cesión de licencias, se desconoce bajo qué términos y cuantía se realizó esta permuta de licencias públicas. La asignada a Medea FM fue retirada poco después por el Gobierno asturiano por razones que no han sido aclaradas. A continuación, el mismo grupo empresarial de Medea FM empezó a emitir en otras frecuencias bajo la marca Viva FM, de nuevo sin licencia y lucrándose con la emisión de publicidad. Tanto los responsables de EsRadio en Asturias como de Viva FM se han negado de manera airada a aclarar estos asuntos.

La impunidad con la que parecen contar los responsables de estas radios es bien visible. A la entrada de Oviedo se puede observar una enorme valla publicitaria con el rostro de Jiménez Losantos anunciando su radio. Viva FM ha contado con una vistosa carpa en la Semana Negra desde la que ha emitido durante los diez días que dura el evento cultural.

El robo de Radio Sele

La represión en Asturias a las radios libres tiene precedentes. En 1999, el Principado, a través de un concurso público, adjudicó entre otras una licencia a Radio Sele, un medio comunitario que emitía íntegramente en asturiano desde Oviedo. Dos años más tarde, cuando la emisora estaba consolidada y su alta audiencia y la calidad de sus emisiones la habían convertido en un referente para la normalización lingüística, el Gobierno de Vicente Álvarez Areces se la retiró a través de la resolución de un Consejo de Gobierno, aludiendo a cambios en las bases del concurso público. El propio Álvarez Areces instó en el Teatro Jovellanos de Gijón a la detención de un activista asturianista que protestaba por la persecución a Radio Sele y acusaba al presidente socialista de robarle la licencia.

Años después, en 2005, la justicia se pronunció a favor de Radio Sele declarando ilegal la modificación a posteriori de las bases del concurso y obligando a la devolución de la licencia a su adjudicataria original. Lejos de ver cumplida la sentencia, la ya desaparecida Radio Sele tuvo que cambiar de frecuencia de nuevo, puesto que RTPA comenzó a pisar sus emisiones. En la actualidad es Punto Radio la beneficiaria de su frecuencia y su licencia, que nunca le fue devuelta.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 40, SEPTIEMBRE DE 2015