Hasta el cementerio de Oviedo es un servicio privatizado. Foto / Pablo Lorenzana.

Celso Miranda / Economista y ex concejal en Oviedo.

La definición más completa y precisa de un servicio público aparece en el manifiesto de la Iniciativa 100% Público: “Entendemos por Servicios Públicos la protección de la salud y los cuidados sanitarios en caso de enfermedad, la educación en todos sus niveles, el acceso a la cultura en sus diferentes formas de expresión, la vivienda, la protección y mejora del medio ambiente, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, los servicios de correos y telecomunicaciones, la seguridad de la vida ciudadana, los servicios de transporte colectivo, la protección civil, el eficaz funcionamiento de la justicia, la protección y amparo de la infancia, de las personas mayores y de los discapacitados, el sistema de pensiones, unas fuentes de energía para toda la población, el acceso al crédito y todos aquellos objetivos que el desarrollo de la civilización vaya planteando”.

No parece que la clase política gobernante, en los diferentes niveles de la Administración Pública, se haya inspirado precisamente en esta cosmovisión de la res pública. Más bien al contrario, la concepción neoliberal que ha resultado hegemónica tras la crisis del petróleo de 1973 ha tomado como objetivo restaurar la tasa de ganancia del capital a nivel internacional a costa precisamente de los servicios públicos. Esa inspiración neoliberal ha hecho que, como si de cientos de miles de caballos de Troya se tratara, casi todos los dirigentes políticos hayan optado por minar las parcelas de la actividad económica que permanecían en el ámbito del Estado, para ganarlas para la mal denominada “iniciativa privada”.

Las privatizaciones en España

El fenómeno de las privatizaciones en España es más reciente, paradójicamente, debido en gran medida al hecho diferencial del franquismo. Una pintada en los muros de Avilés de los años ochenta, en plena reconversión industrial, tiene un gran potencial expresivo: “¡Franco, hijo puta, vuelve!”. Serán, siguiendo con la paradoja, los sucesivos Gobiernos socialistas (1982-1996) quienes, bajo el lema no menos gráfico de “la mejor política industrial es la que no existe”, se pusieron manos a la obra, desmantelando el antiguo Instituto Nacional de Industria y deshaciéndose de la participación pública en empresas como Viajes Marsans, Seat, Endesa, Repsol, Argentaria, Enagas,…

La llegada al Gobierno del PP en 1996 deshace las contradicciones de un Gobierno socialista que privatiza. Si este lo hace bajo la bandera de la tecnocracia, el PP, con un denominado “Programa de Modernización del Sector Público Empresarial”, se deshace de complejos ideológicos y se lanza al proceloso mar de las privatizaciones. Aznar no se corta, ya que coloca a antiguos compañeros de pupitre al frente de las empresas privatizadas (Villalonga en Telefónica, Blesa en Cajamadrid…). Va cayendo (modernizándose) el sector público en la economía: Repsol, Gas Natural, Telefónica, Argentaria, Tabacalera, Endesa, Red Eléctrica, Iberia… Mención especial para la economía asturiana merecen la privatización de las fábricas de armas (Santa Bárbara), que acabarán en manos de la norteamericana General Dynamics, con las consecuencias que hoy conocemos, o la venta de Aceralia, antigua Ensidesa, que si inicialmente no se puede considerar estrictamente una privatización, al pasar el control a Arbed, grupo empresarial de capital público luxemburgués, acabará al final en manos del indio Mittal.

Pan para hoy, hambre mañana

Tres son los objetivos teóricos en los que se fundamenta la necesidad de privatizar: la mejora de la eficiencia económica, el aumento de la libre competencia y el saneamiento de las finanzas públicas.

Respecto a la eficiencia, hay que señalar que no existe a priori base científica para asegurar que la gestión privada asigne mejor los recursos que la gestión pública, ni que aquella vaya a dar como resultado siempre un mejor producto o servicio. Más bien al contrario, numerosos estudios ex post señalan que, en gran cantidad de privatizaciones de servicios, basados en la precarización de las relaciones laborales, lo que se obtiene es una peor calidad del servicio. Por otra parte, quedan al descubierto también prácticas políticas de gestión pública negligente para favorecer, acto seguido, la privatización ante el deterioro doloso de los servicios públicos.

Tras las empresas de limpieza que trabajan para los Ayuntamientos están grandes grupos empresariales. Foto / Pablo Lorenzana.

Respecto al coste de los servicios en relación al tipo de gestión por el que se opte, se puede indicar a modo de ejemplo que, según el Informe del Tribunal de Cuentas de España de 2011, el coste medio de la limpieza urbana es de 16,23 € por habitante y año cuando el servicio es prestado directamente por los Ayuntamientos, y de 27,83 €, un 71% más caro, cuando es gestionado por una empresa concesionaria o contratada por las entidades locales. En cuanto a la recogida de desechos sólidos urbanos, el coste medio de la gestión pública es igualmente la más conveniente para el erario público, con un valor medio de 42,55 € per cápita frente a los 53,90 del servicio privatizado.

¿Mejorar la libre competencia? ¿Liberalizar mercados? Si Adam Smith levantara la cabeza, seguro que correría a gorrazos a sus supuestos adalides. En España se ha confundido a menudo liberalizar (es decir, favorecer la libre competencia con una regulación contraria a las posiciones dominantes en un mercado) con privatizar, que es introducir los intereses privados en ámbitos donde funciona el capital público, sustituyendo a menudo una posición con el interés general de referencia por otra con el ánimo de lucro como seña de identidad. El resultado, la oligopolización descarada en la mayoría de los sectores (gas y electricidad, transportes, telecomunicaciones, carburantes, medios de comunicación…) en clara contradicción con el interés de los consumidores, verdaderos paganinis de la situación creada. Fenómenos como el de las “puertas giratorias” no son ajenos a este proceso, sino que están fuertemente imbricados en él. Basta señalar que el 40% de los miembros de los Consejos de Administración de las cinco mayores empresas del sector eléctrico y gasístico en España están vinculados a la política.

Debemos reseñar también que es literalmente imposible generar competencia ante la existencia de monopolios naturales, entendidos estos como situaciones sectoriales donde el volumen de inversión y/o los canales de distribución física del servicio hacen que solo pueda existir un único proveedor del mismo. Es el ejemplo del suministro de agua, bien que debería por su naturaleza mantenerse alejado siempre de espurios intereses económicos privados. En la práctica, en todo el territorio español, aproximadamente el 50% del servicio de suministro de agua está privatizado. El 90% del mismo está en manos de dos grandes grupos empresariales: Aguas de Barcelona (AGBAR) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Las privatizaciones han sido también una forma de financiación encubierta, cuando no directamente ilegal, de las Administraciones Públicas. “Pan para hoy, hambre para mañana”, parece ser la máxima aplicable. En ocasiones, se utiliza de rehenes a los consumidores finales, como ha sido el caso del sector eléctrico: nada menos que dos billones de euros trasladados durante 10 años al recibo final de la luz para compensar los denominados “costes de transición a la competencia”, por no hablar del denominado “déficit tarifario”, que asciende ya a unos 30.000 millones de euros, insuficientemente auditados, convierten la energía eléctrica española en una de las más costosas de la UE-27.

Aunque solo sea a nivel anecdótico, la privatización del agua en Oviedo, fuertemente contestada desde la ciudadanía, supuso un ingreso para las arcas municipales de 15 millones de euros bajo la fórmula de canon a compensar en el recibo del agua de los ovetenses. De su bolsillo, a través de recibos difícilmente descifrables, se pagaban también el coste del mantenimiento de las fuentes ornamentales que proliferaron como setas durante los mandatos del ex alcalde Gabino de Lorenzo y el suministro de agua para el generoso baldeo de calles, que curiosamente ejercía la empresa concesionaria de la limpieza viaria, del mismo grupo empresarial que la concesionaria del servicio de suministro de agua. Como Juan Palomo, con solo abrir el grifo, FCC hacía caja mientras los ovetenses se empobrecían.

La privatización adopta la forma de la venta de acciones de empresas públicas o participadas, o la de concesiones de obras o servicios públicos. Es significativa la terminología de la Unión Europea, que en su léxico oficial descarta la definición de servicio público y habla de Servicios de Interés Económico General (SIEG), aunque, como señala el profesor Vicenç Navarro, España no ha llegado en absoluto a los niveles de desarrollo de un sistema público de servicios digno de tal nombre. Según sus datos, España es el último país de la UE-15 en gasto social, tanto en gasto per cápita como en porcentaje de PIB (gastamos un 26% menos que la media), y tan solo uno de cada diez adultos trabaja en servicios públicos, frente a uno de cada cuatro en un país como Suecia.

Con Gabino de Lorenzo en la Alcaldía llegaron las privatizaciones a Oviedo. En la foto, en un pleno mostrando un cheque. Foto / José Luis Cereijido.

El Modelo Oviedo

Oviedo constituye un verdadero laboratorio de privatizaciones que ha sido un modelo referencial en las últimas décadas, con Gobiernos del PP en mayoría absoluta. A raíz del encargo de un estudio diagnóstico adjudicado a la consultora Arthur Andersen en 1993 por casi 40 millones de las antiguas pesetas, en la capital asturiana no solo se privatizaron absolutamente todos los servicios públicos que pudieran resultar rentables (Parques y Jardines, Alumbrado Público, Agua y Saneamiento, Limpieza Viaria y Recogida de Basuras, Transporte Urbano, Servicios Sociales, Servicios Mortuorios, Informática, Gestión e Inspección de Tributos, Turismo, Festejos…), sino que se llega a apartar del derecho público hasta la toma de decisiones estratégicas en materia de urbanismo e infraestructuras, trasladando estas inversiones y huyendo de cualquier control público (ya sea de funcionarios y/o políticos) a empresas de capital público pero gestión seudoprivada, como la ya extinta GESUOSA o Cinturón Verde de Oviedo SA, hoy en proceso de disolución.

Levantar el velo de complejas operaciones millonarias llevadas a cabo de forma opaca desde estas empresas, así como llevar adelante auditorías rigurosas e independientes sobre el comportamiento de las empresas concesionarias de los servicios públicos, es tarea que se deberán acometer a corto plazo si se quiere revertir un proceso perverso para el interés de la mayoría que lleva demasiado tiempo ya hegemonizando la vida pública municipal en beneficio de una minoría cualificada. Lo que, en términos políticos actuales, viene siendo la casta, vaya.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 36, ENERO DE 2015