Raimundo Abando: “El Musel es el mayor latrocinio de la historia de Asturias”

Raimundo Abando con la regasificadora de El Musel al fondo, una gran inversión que no entró aún en funcionamiento. Foto / MAXII.

Raimundo Abando Tartiere (Oviedo, 1956) lleva treinta y cinco años en el sector marítimo portuario y fue presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés durante el Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos. Desde hace años viene clamando contra lo que considera el mayor latrocinio de la historia reciente de Asturias: la ampliación del puerto de El Musel, en Gijón. Fue innecesaria –el número de toneladas movidas por el puerto no hace sino descender año a año–, ruinosa –acabó costando más de 800 millones de euros– y está plagada de ilegalidades.

Pablo Batalla / Periodista.

La primera irregularidad de la ampliación es que el director general del puerto, José Luis Díaz Rato, se nombre a sí mismo director de obra.

Sí. Ese trabajo debería haber sido asignado al director de infraestructuras o a otro ingeniero por él nombrado. Es el primer caso en España, que yo conozca, de que un director general de un puerto se nombre a sí mismo director de obra. ¿Por qué? ¿Qué interés tenía?

La propia concesión es también irregular. Se hace, habiendo otras ofertas más baratas, a la UTE Dique Torres, capitaneada por Dragados, por 579 millones de euros de los cuales la Unión Europea aportará, a través del Fondo de Cohesión, 247,5 millones.

Efectivamente. Ésa es una de las cosas con las que se mete la Oficina Antifraude de la UE (OLAF). Había cuatro ofertantes y el más barato era Constructora Hispánica, que ofertaba 73 millones menos que Dragados, pero que ni se consideró. Pero es que ni siquiera se consideró a los segundos más baratos, Sacyr, que ofertaron 62 millones menos. Y se la rechazó, en primer lugar, porque la Autoridad Portuaria dijo que su partner para el tema de las gabarras, Somague, no era muy de prestigio, cuando era uno de los tres contratistas de obras marítimas más importantes del mundo. Eso ya daba para sospechar. Por otro lado, resulta que los dos licitadores más caros, Dragados y Ferrovial, ofrecen respectivamente 579.241.559 euros y 579.241.559 euros. Es decir, exactamente lo mismo. ¡Hasta en el euro! Oye, yo no soy un experto,  pero a mí me parece que si a ti y a mí nos enseñan un piso y luego nos encierran a mí en un monasterio en el sur y a ti en otro del norte y nos piden que hagamos una oferta, es imposible que coincidamos exactamente en la misma cifra. Mucho menos si somos competidores. A mí un alto directivo de una de estas empresas me dijo que la obra estaba adjudicada a Dragados de antemano.

La gran irregularidad del proceso son las canteras.

Lo irregular en todo esto es, en primer lugar, un acuerdo de intenciones firmado entre la Autoridad Portuaria e Hidrocantábrico y que permite a la UTE adjudicataria utilizar la cercana cantera de Aboño, que es propiedad de Hidrocantábrico pero también de SATO, una de las empresas de la UTE Dique Torres. Eso choca con los principios de transparencia e igualdad de trato de la Unión Europea y hace que la UE imponga una primera multa de 18,3 millones de euros. Por otro lado, un argumento –por otra parte ilegal– que se da para conceder la obra a Dragados es que promete utilizar más piedra de esa cantera que Sacyr, pero luego la cantera de Aboño no está disponible porque Hidrocantábrico construye delante una planta de desulfuración que provoca un retraso en la apertura de la cantera y dificultades de transporte. Eso obliga a acudir a canteras comerciales no previstas en el proyecto y situadas a entre 60 y 150 kilómetros del puerto y eso a su vez incrementa considerablemente los costes de la piedra: se pasa de 7 euros el metro cúbico a más de 25 en sendas «actas de precios nuevos» que Díaz Rato firma sin someterlo, como debía, a la aprobación del Consejo de Administración. Si se hubiera adjudicado la obra a Sacyr, los asturianos nos hubiéramos ahorrado los 62 millones de más de la oferta de Dragados y el sobrecoste por el fallo de Aboño: en total, 287 millones. La historia, muy, muy resumida, es ésa.

Despropósitos y delitos fiscales

No solo los precios son irregulares: también los tonelajes. De esto se ha hablado menos.

Sí. Los camiones no se pesaban, y ésa fue otra de las cosas a las que apuntó la OLAF. Pero es que tampoco se controló en absoluto el tipo de material que se metía. En el pliego de condiciones se especificaba el tipo de material que había que meter, que debía tener unas características específicas y especiales. Bueno, pues atención: más de 600.000 toneladas del material que se metió eran inertes de La Camocha, o sea, desperdicios de carbón, ¿y sabes por qué? Pues porque el señor Víctor Zapico, condenado por el tema de La Camocha como director de la mina, resulta que era amigo, de cuando había sido director general de Minas, de todos los socialistas de Asturias, y tenía 600.000 toneladas de inerte que lo que tenía que hacer era llevarlas a Cogersa, que le hubiera cobrado una cantidad que se hubiera sumado al precio del transporte hasta allí: una pasta. ¿Qué hace Zapico? Llama a Menéndez Rexach y éste le dice que no se preocupe, que las meta en El Musel, que total qué más da. Así que se las lleva la UTE a coste cero, pero las cobra a la Autoridad Portuaria.

O sea, a todos los contribuyentes.

Y La Camocha no es el único que aprovecha la ampliación de El Musel para deshacerse de sus desperdicios. En Perlora, Tudela Veguín también tenía una montaña de unos 6 millones de toneladas de estériles, es decir, polvillo, escoria y desperdicios varios. Y pasa lo mismo que con La Camocha: Tudela Veguín tiene que coger esos 6 millones de toneladas y llevarlos a Cogersa. ¿Cuánto cuesta transportar 6 millones de toneladas de estériles a Cogersa? Pues mucho, ya que hay que pagar el transporte más lo que cobra Cogersa. ¿Qué le dice Tudela Veguín entonces a la UTE? «Oye, ya de paso, estos 6 millones de toneladas, al puerto». Y esos estériles se van para El Musel y Tudela Veguín no paga ni transporte ni a Cogersa, por lo que es como si le regalaran más de 25 millones de euros. Paga la Autoridad Portuaria y doblemente, porque esos inertes y esos estériles no cumplen las condiciones del pliego, lo cual conlleva riesgos evidentes. De hecho, durante la ampliación hubo hundimientos de suelo. Quizás no fuera por utilizar inertes, pero es posible, igual que lo es que con los años la obra sufra como consecuencia de no haber utilizado los materiales adecuados. Pero la cosa no acaba ahí: las dos empresas de control, aun elegidas por la Autoridad Portuaria, eran pagadas por la UTE.

Es decir, controlaban a quien les pagaba.

Eso es. Un despropósito. ¡Pero es que todavía hay más! En sede judicial –esto a mí ya me pareció el súmmum– al gerente de la UTE le preguntó uno de los abogados: «Oiga, pero vamos a ver, ¿está usted diciendo que Tudela Veguín regaló la piedra de su cantera?». Y el gerente de la UTE, en sede judicial, delante del fiscal y del juez, dijo: «No, hombre: no pagamos directamente, pero indirectamente sí: hicimos obras y servicios por valor de 80 millones de euros». Claro, en cuanto el fiscal oye eso dice: «¿Cómo es eso? ¿Les hicieron 80 millones en obras y servicios? ¿Dónde está el 16% de IVA de esos 80 millones? ». Resulta increíble.  ¡En una obra pública! Claro, en cuanto el fiscal vio esto pidió al juez una ampliación de la demanda para añadir dos posibles delitos fiscales por parte de Tudela Veguín; uno por IVA y otro por el impuesto de sociedades.

Políticos y técnicos

Los sobrecostes son negados en 2005 y 2006, pero en 2007 se redacta un modificado del proyecto en el que se dice que habrá uno de 250 millones. De todas formas, y aunque los permisos de Puertos del Estado y de Fomento llegan en diciembre de 2007, el modificado no es aprobado por el Consejo de Administración hasta 2009 y no es firmado hasta febrero de 2010.

Sí. Un modificado en el que no hay servicios u obras adicionales a aquéllas objeto del contrato, sino solo un aumento de precios debido a una falta de previsión del contratista, y que supone un 43% del importe de ejecución que supera con creces el máximo del 20% permitido por la ley de Contratos del Sector Público. Y un modificado que se hace dos años después del inicio del expediente y cuatro desde que se le comenzaran a pagar indebidamente los nuevos precios al contratista. ¿Por qué? Pues para convencer a Europa de ampliar los 247,5 millones que en principio estaban aprobados. Es una absoluta irregularidad.

Hablemos de las responsabilidades políticas. El único político imputado es, de momento, Ángel Riego, exalcalde de Carreño.

Yo llamaría a declarar a todos los miembros del Consejo de Administración desde el año 2004 hasta 2011. Son 35. Querría saber si estaban informados por el presidente, por el director y por el secretario del consejo de todas las irregularidades que se estaban cometiendo. Si dicen que sí, pues fíjate en quiénes estaban allí metidos: Belén Fernández, actual consejera de Infraestructuras; José María Pérez, número uno del PSOE en Gijón; Justo Rodríguez Braga, secretario general de UGT… Pero no solo eso. ¿Quién nombra al presidente Menéndez Rexach? Tini Areces. ¿Quién nombra al director y al secretario? Menéndez Rexach. Ahora bien, ¿responsabilidades directas? Yo creo que los únicos que las tienen son el presidente, el director y el secretario, José Luis Barettino, que no solo es secretario del consejo, sino también subdirector general y jefe de la autoridad jurídica, con lo cual sabía todo lo que estaba pasando y si los consejeros no lo sabían era porque él no los informaba. Yo creo que era así; que no los informaba. No creo que José María Pérez, o Paz Fernández Felgueroso, o Belén Fernández, supieran lo que estaban votando. Pero yo, si fuera la jueza, los llamaría y se lo preguntaría en sede judicial.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 43, MARZO DE 2016