Refugiados, moneda de cambio en Europa

Un bote cargado de refugiados llega a la isla griega de Lesbos. Foto / Javier Bauluz.

Ningún país de la Unión Europea quiere acoger a los refugiados que siguen arriesgando sus vidas para encontrar un lugar seguro para ellos y sus hijos. Por ello, los Estados que aspiran a formar parte del selecto grupo de la Unión deberán cumplir y absorber a los que huyen, a cualquier precio. Sus derechos ya no importan. Solo son moneda de cambio.

Patricia Simón /Periodista.

Cuando entrevisté a principios de agosto a Abdel en la frontera macedonia con Grecia, el éxodo de refugiados aún no había ocupado las portadas internacionales. De aquellas imágenes, que poco después darían la vuelta al mundo, de mujeres, niños y hombres pugnando por subirse a un tren destartalado, permanecen indelebles los rostros de la desesperación de los que tuvieron que arriesgar sus vidas, una y otra vez, abriéndose paso primero entre los bombardeos, para cruzar luego el Mar Egeo en zodiac y llegar a Europa, buscando un refugio seguro para ellos y sus hijos.

Abdel llamó mi atención entre las dos mil personas que atestaban la estación de Gevgelija por sus tatuajes, su vestimenta rockera y por su sonrisa, típica de un veinteañero. Refugiado palestino nacido en Siria, ya había sufrido la intolerancia del régimen de Bashar al-Ásad antes de la guerra. Encarcelado por escribir canciones sobre la libertad de expresión, también había perdido a un sobrino por la hambruna provocada por el sitio al que el régimen somete al campo de refugiados en el que se criaron, Yarmouk, bastión del Estado Islámico. Tras huir de Siria ante la evidencia de que la guerra no solo no tenía visos de acabar, sino que seguía recrudeciéndose, pasó tres meses trabajando en la construcción, en Turquía, para conseguir los 1.100 euros que les cobran a los refugiados por cruzar hasta las islas griegas. Un viaje que, en sentido inverso, no les cuesta más de 20 a los turistas de las islas helenas. En aquel momento su hermano, de 17 años, llevaba encarcelado dos meses en Hungría por negarse a registrar su huella dactilar. De hacerlo, no podría solicitar asilo en ningún otro país.

Turquía es el país que más refugiados sirios ha acogido desde el inicio de la guerra –2 millones–, seguido de Líbano con 1,2 –el 20% de su población– y Jordania, 650.000. Ninguno de los tres países les permite trabajar, aunque es habitual que sean explotados en los sectores más precarios: trabajo doméstico, construcción, hostelería… Aún así, según las Naciones Unidas, “Turquía ha mantenido una respuesta de emergencia de altos estándares de consistencia y ha declarado un régimen temporal de protección, garantizando la no devolución de los refugiados”.

Sin embargo, la falta de expectativas de poder volver a Siria ante el recrudecimiento del conflicto y el creciente rechazo de parte de la sociedad turca al aumento de población migrada, a quienes consideran responsables del empeoramiento del mercado laboral de su país, ha impulsado a parte de los refugiados a buscar un futuro estable en la UE.

Abrir y cerrar fronteras

Hasta principios de 2015, los sirios que llegaban por mar a Europa lo hacían principalmente a través de la ruta Libia-Italia, la más cara y peligrosa desde que el Estado Islámico se hizo fuerte también en la guerra civil que vive este país africano. Pasó a ser más barato y seguro hacerlo por Turquía, sobre todo después de que el Gobierno de este país dejara vía libre a los “transportistas”, que cualquiera puede contratar en céntricas plazas de Estambul o en la ciudad de Esmirna, de donde suelen zarpar las zodiacs y que hacían el trayecto ayudados por la falta de control de la policía. Basta un dato: por esta ruta llegaron en 2014 a Grecia 43.000 refugiados. Este año lo hicieron 750.000.

En pocos meses, Turquía se convertía así en un aliado imprescindible para la Unión Europea en la gestión de la crisis de los refugiados. Paradójicamente es Merkel la que, tras convertirse en el adalid de los que huyen al abrir su país a un millón de ellos, lidera las negociaciones para que la Unión destine 3.000 millones de euros a Turquía con el fin de que tapone el éxodo y admita la repatriación de los no admitidos. A cambio, promete acelerar la liberalización de visados Schengen para los ciudadanos turcos y reanudar las negociaciones de ingreso de este país en la Unión. Un proceso de integración que lleva décadas en el horizonte y que hasta ese momento había tenido en Merkel a una de sus opositoras más férreas.

Pero el negocio de los refugiados no ha sido tan rentable para otros candidatos a formar parte de los 28 y a los que este éxodo no ha beneficiado en sus aspiraciones, sino, más bien, evidenciado su debilidad en la negociación. Es el caso de Serbia y Macedonia –con el estatuto de país candidato– y Bosnia y Herzegovina y Kosovo  –candidatos potenciales–. Se han visto obligadas a dictar sus políticas en medio de una tensión continua entre las directrices de la UE, las tensiones nacionalistas que siguen latentes quince años después de las limpiezas étnicas  y sus propias crisis económicas internas que, en casos como el kosovar, provocaron la migración de casi 100.000 personas en 2015.

Por eso, cuando nosotros aún no teníamos noticias de la crisis humanitaria, Serbia y Macedonia –tránsito obligado en su ruta por los Balcanes– escucharon con atención la advertencia de Dimitris Avramópoulos, comisario europeo de Interior: “Esos países que aspiran a entrar en la UE deben entender que forman parte del problema y que deben ayudarnos a gestionar las migraciones”.

Se les ponía a prueba y se les nominaba a la expulsión en ese tan ansiado proceso de integración. Tenían que demostrar que eran capaces de asumir la política comunitaria de cierre de fronteras, en la que la UE ha gastado más de 2.000 millones de euros entre 2007 y 2013. Parte de este presupuesto ha servido para externalizar las fronteras, es decir, pagar a terceros países que no respetan los derechos humanos como Libia, Marruecos o Turquía para que frenen los flujos migratorios. Siguiendo esta estrategia, los 28 pagarán a países de los Balcanes para que alberguen en su territorio campos de refugiados en los que podrán pasar hasta 2 años retenidos, antes de ser reubicados en otros países, en caso de ser admitidas sus solicitudes de asilo.

En estos meses de crisis humanitaria, Macedonia, Serbia, Hungría y Croacia han abierto y cerrado sus fronteras al rebufo de las decisiones de Alemania y Austria (Merkel declaró que daría asilo a cualquier ciudadano sirio que llegara a su territorio el 5 de septiembre para reintroducir los controles fronterizos con Austria una semana después); han construido vallas con concertinas visibilizando unas fronteras, resultantes de las guerras de los años noventa, que, regadas por cruces de acusaciones mutuas por no impedir el flujo de refugiados, han reavivado los conflictos nacionalistas latentes. Tras los atentados de París y la aparición del pasaporte de un refugiado sirio, que podría pertenecer según los investigadores a uno de los terroristas, las autoridades macedonias ordenaron al Ejército construir una valla colindante con Grecia.

La normativa de Dublín, el reglamento de la política común de asilo, determina que es el primer país al que llegan los refugiados el que tiene que registrar digitalmente su huella dactilar y gestionar su solicitud. Esta normativa delega de facto en los países del Sur –especialmente Italia, Grecia y Croacia–, la acogida del grueso de los exiliados. Países que, a su vez, están entre los que menos asilos conceden de la Unión Europea, amparándose en que son los que reciben un mayor flujo migratorio. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en 2011 que no se podía deportar a los exiliados a los países en los que solicitaron asilo inicialmente si éstos no cumplían con sus derechos fundamentales, como es el caso de Italia y Grecia. Ello vulneraría, decía el texto, la Convención de Derechos Humanos porque allí corrían el riesgo de recibir un “trato inhumano y degradante” y no ver garantizado su derecho de protección internacional. Italia apenas registra un 25% de los refugiados que llegan a su territorio y Grecia un 40%, según la Comisión Europea.

Pero en lugar de replantearse el sistema de acogida entre los 28 Estados miembros, la Comisión Europea ha resuelto esta situación expedientando a Grecia, Italia y Croacia por no registrarlos, algo a lo que además se niegan la mayoría de los refugiados porque ello les impediría solicitar asilo en los países a los que se dirigen. Ha habido personas que han intentado borrar sus huellas con ácido sulfúrico o lijárselas para no ser identificadas.

A su vez, Francia y Alemania ya barajan, según The Guardian, la creación de un cuerpo de unos 2.000 policías para controlar las fronteras comunitarias que no necesitarían de la aprobación de los Gobiernos nacionales para ser desplegados en sus territorios. Italia también ha sido advertida de que en 2016 deberá abrir nuevos centros de detención de migrantes y refugiados, lo que según el Gobierno de Roma podría desembocar en la surrealista situación de que la población reclusa extranjera –que no habrá cometido delito alguno salvo buscar un lugar mejor donde vivir– sea mayor que la nacional.

Demasiados muertos

Desde que en marzo de 2011 el régimen sirio aplacara con bombardeos en Homs una protesta pacífica contra la detención de unos chavales que habían pintado unos grafitis pidiendo reformas democráticas –animados por el efecto de las Primaveras Árabes–, unas 300.000 personas han sido asesinadas –de éstas, 57.000 niños y niñas, la mayoría de ellos bajo las bombas de Ásad– y 4 millones han tenido que refugiarse en los países vecinos.

Huyeron arriesgando sus vidas y las de los suyos para alejarse del terrorismo de Estado del régimen de al-Ásad, del autoproclamado Estado Islámico (EI), de las consecuencias de la invasión ilegal de Irak, del Estado fallido que es Afganistán… Hubieran tardado apenas unas horas en llegar a un lugar seguro en Europa. Pero nadie les permitió coger un avión, ni se abrieron corredores humanitarios. Se les obligó así a subir con sus criaturas a unas barcazas, a sabiendas de que podrían ahogarse, como les ha ocurrido a al menos 20.000 personas en los últimos 20 años, en la fosa común en que se ha convertido el Mediterráneo.

La fotografía del niño Aylan, muerto en las costas griegas, revolvió el estómago de la opinión pública internacional y la clase política se vio obligada a manifestarse, a reunirse en cumbres, a teatralizar encuentros y desencuentros. Aylan fue uno más de los cerca de 1.100 niños que han muerto en 2015 intentando llegar a Europa por el Mediterráneo. Uno de cada tres ahogados era menor.

Sin embargo, ahora que las consecuencias de la guerra siria han llegado hasta las calles de la capital francesa con los atentados del Estado Islámico, al-Ásad ha pasado de ser un presunto criminal de guerra a un actor con el que hasta Francia –líder junto a Estados Unidos en la oposición a la permanencia del régimen en un escenario de proceso de paz– estaría dispuesto a colaborar con tal de acabar con el EI. Para ello, han organizado una coalición internacional en la que participan medio centenar de países, algunos de ellos con posiciones irreconciliables en la cuestión siria hasta hace unos meses, como Estados Unidos –que ha apoyado con armas a grupos de la oposición–, Rusia –que lleva meses bombardeando a la oposición del régimen y dotándole de armamento al Gobierno– y Turquía –acusada de financiar al Estado Islámico mediante la compra de petróleo–. Una alianza para combatir la guerra con unos bombardeos que generarán más refugiados y más ahogados.

De los que sobrevivan a toda esta ofensiva, Naciones Unidas calcula que llegarán a nuestras fronteras europeas este nuevo año un millón y medio de refugiados, a los que nadie quiere.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 42, ENERO DE 2016