
Pocas televisiones locales han sobrevivido a la competencia con la RTPA, a pesar de la deuda que ésta arrastra. Foto / Mario Rojas.
Francisco Petit / Periodista.
La radio televisión autonómica, la RTPA, controlada sin tapujos por el Principado, no solo tiene problemas de credibilidad y audiencia, también uno muy serio económico. Lleva años arrastrando deudas con proveedores, cuestión que le genera serios problemas de liquidez y amenaza incluso a su continuidad. Actualmente la deuda del ente público está cercana a los 10 millones de euros. Solamente el móntate del último ejercicio de 2016 asciende a casi 6.705.000 euros. El ratio de endeudamiento es muy elevado, la sociedad tiene unos fondos propios negativos y además compuestos en su mayoría por las subvenciones y donaciones derivadas de la concesión de utilización del edificio del convento de Las Clarisas en Gijón por parte del Principado. Todo ello está unido a la existencia de un fondo de maniobra negativo y una descapitalización evidente. De persistir esta situación en el tiempo, la RTPA podría encontrarse en una de las causas de disolución descritas en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de capital (cuando el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social).
Entre las empresas a las que la RTPA adeuda grandes cantidades se encuentran las dos productoras que principalmente dotan de contenidos a su programación. Más de tres millones de euros adeuda a Zebra y por encima del millón y medio a Asturmedia. Otra importante cuantía corresponde a la SGAE, 632.000 euros. La lista de acreedores es larga y en ella se encuentran desde equipos de fútbol como el Unión Popular de Langreo y el Caudal hasta empresas de limpieza, taxis o incluso el SOMA-UGT, al que el ente público adeuda unos 4.000 euros por el alquiler del local de Radio Langreo, que es propiedad del sindicato minero.
Ante la gravedad de esta situación el Consejo de Administración de la cadena pública ha propuesto como solución al Principado aumentar los fondos propios de la sociedad mediante una ampliación de capital por valor de 6.704.850, es decir, el importe de la deuda vencida a 31 de diciembre de 2016. Aun así, restarían más de tres millones de deuda a los que hacer frente.
Esa ampliación se realizaría mediante la emisión de 134.097 acciones nominativas de 50 euros de valor nominal cada una de ellas. La suscripción de las acciones se llevaría a cabo íntegramente por el Principado y serian suscritas y desembolsadas de acuerdo al siguiente calendario: 25% en el momento de la suscripción de las acciones, 50% antes del 31 de enero de 2017 y el 25% restante antes del 28 de febrero de 2017.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 48, ENERO DE 2017
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