Todo menos la baja

Ana Rodríguez Porrón, funcionaria, no tiene derecho a estar enferma. Foto / Iván Martínez.

La crisis exprime los derechos laborales hasta el punto de que muchas personas acuden día a día a su puesto de trabajo en un estado de salud deplorable. El miedo al desempleo, la falta de solidaridad de los empresarios y los recortes sanitarios, que cuestionan hasta el derecho a estar enfermo, hacen que Comunidades como Asturias registren tasas históricamente bajas de absentismo laboral.

Blanca M. García / Periodista.

Un viejo refrán dice que, a veces, “pagan justos por pecadores”. Es el caso del trabajador o trabajadora que acude al ambulatorio con una fuerte gastroenteritis o una gripe y se echa a temblar cuando el médico le pregunta si quiere la baja. En estos tiempos de crisis, el miedo a quedarse en la calle y la idea de que hay más defraudadores que enfermos queda latente en los datos que maneja el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En 2013, los procesos de absentismo laboral por incapacidad temporal (IT) descendieron un 45% en Asturias respecto a 2006, dos años antes la crisis, al pasar de 28,48 procesos por cada mil trabajadores a los 15,61 que hubo el pasado ejercicio. Respecto a la duración, hace ocho años una persona que cogía la baja permanecía sin acudir a su trabajo una media de 55,03 días, mientras que en la actualidad lo hace 47,03 días; es decir, ocho menos en ocho años y 14 menos que hace  una década –en 2004 ese dato era de 61,70 días–.

Las razones son obvias. El pasado marzo, había 103.443 personas haciendo cola en los Servicios Públicos de Empleo de Asturias, una de las tres Comunidades junto a Castilla-La Mancha y Cantabria que registró más parados de larga duración en 2013. “Tengo pacientes a los que han despedido por coger una baja de cuatro días debido a una gripe”, explica un médico de familia de Oviedo que prefiere mantenerse en el anonimato. Entiende que, mientras antes abundaba el llamado síndrome de renta –más bajas de las necesarias–, ahora hemos pasado a la situación contraria. “La tendencia es atender a un paciente con 39 de fiebre y que te diga que no quiere la baja”.

Las personas que tienen hernias discales, lumbalgias y otros problemas traumatológicos son las que más conflictos suelen tener con el INSS a la hora de recibir la IT, según ha podido comprobar este médico, que calcula que al menos tiene un tercio menos de pacientes de baja desde que comenzó la crisis. Pese a todo, afirma que la decisión de un médico de atención primaria ante un posible caso de IT “tiene muy poco peso” frente al INSS, “a no ser que exista un informe expreso y por escrito de un especialista que diga lo contrario”.

Algo así fue lo que le ocurrió a Ana Rodríguez Porrón, funcionaria que llevaba 19 años trabajando en la sección de coordinación bibliotecaria del Principado cuando le fue diagnosticado un trastorno adaptativo ansioso-depresivo motivado por problemas laborales. El 29 de abril de 2013, su médico le concede la IT. Un mes más tarde, Rodríguez Porrón regresa a su centro de salud con los mismos síntomas de depresión y la doctora sugiere que sea vista por un especialista de salud mental, cuya cita fue fijada para el 29 de julio de ese año. Su sorpresa llegó cuando, poco antes, recibe una notificación del INSS para presentarse en sus oficinas el 15 de julio. “Había adelgazado seis o siete kilos. La inspectora que me entrevistó no me hizo ninguna pregunta médica. Me dijo que, como no había tenido un ingreso hospitalario, me daría el alta. No esperó a que fuera atendida en el centro de salud mental”. Al ver que no se encontraba en condiciones de trabajar, optó por pedir unos días de vacaciones y presentar un recurso administrativo contra esa decisión, que posteriormente le sería denegado.

A pesar de que cuando asistió a la consulta del psiquiatra, el 29 de julio de 2013, éste emitió un informe en el que hacía constar que Ana debía permanecer al menos un mes en situación de IT, el INSS revisó su caso y se opuso a que cogiera la baja por recaída. “Me dijeron que no aportaba nada nuevo y que, si quería la baja, debía presentar una denuncia en el juzgado”. Rodríguez Porrón cuenta que, tras ser asesorada por un abogado, optó por no presentar una denuncia, ya que el juicio tardaría probablemente varios meses en celebrarse. Al no sentirse en condiciones de ejercer su profesión, la solución que tuvo que tomar fue la de solicitar en su centro de trabajo las vacaciones que le quedaban, un mes de permiso sin sueldo y el traslado.

El médico de atención primaria ya citado recomienda “que sea el especialista y no el médico de cabecera quien dé la baja por escrito”. Este último indica que casi todos los meses recibe en su consulta multitud de cartas del INSS que adjuntan informes de las mutuas donde ruegan que sean revisadas las bajas que concede.

Incapacidad permanente

A pesar de que los datos hablan por sí solos, fuentes del INSS niegan que los inspectores “den más altas por la crisis”. “Jamás hemos tomado una decisión por el dinero que haya en el cajón”. A su juicio, la crisis ha servido para que “los ciudadanos estemos más concienciados de que no hay que defraudar al sistema”. Sin embargo, sí ha habido ciertos cambios en la legislación vigente desde que ésta comenzó. Por ejemplo, mientras antes la prórroga de una IT tras 365 días era automática, en la actualidad es el INSS quien debe decidir si concede esa prórroga. Otro de los cambios importantes es que, en los procesos de menos de un año, el INSS tiene la capacidad de citar a un paciente en situación de IT en cualquier momento y revisar su caso.

El portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, cree que, aunque no haya habido recortes presupuestarios para disminuir el número de procesos de IT, sí existe “una presión ambiental”. “Las condiciones para conceder la incapacidad se han endurecido mucho”. Prueba de ello es el caso de M. G. M., un enfermero que llegó a presentar una denuncia por el juzgado de lo social contra el INSS tras serle denegada la incapacidad permanente. M. G. M. fue diagnosticado hace cuatro años de un linfoma casual por el que recibió un tratamiento que incluía ocho sesiones de quimioterapia. Después de trece meses, se reincorporó a su puesto de trabajo a finales de julio de 2011. El 29 de febrero de 2012, M. G. M. sufrió una muerte súbita con parada cardiaca mientras recorría en taxi el trayecto que separa su domicilio de su lugar de trabajo. Este ATS, que además padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, recibió el alta médica 18 meses después de sufrir la parada cardiaca. Desde entonces, está obligado a presentarse día a día en su trabajo. En el mejor de los casos, las trabas administrativas para que tenga derecho a percibir las prestaciones de la Seguridad Social le costarán entre 12.000 y 14.000 euros, precio que deberá pagarle a su abogado si el juez falla a su favor.

El derecho a enfermar

Un problema similar es el de J. D., un fotógrafo de prensa a la espera de que se celebren los tres juicios que tiene pendientes después de que en 2013 le fuera denegada la incapacidad permanente. Entre otras cosas, fue diagnosticado de espondilitis anquilosante, padece una osteoporosis con signos degenerativos, ha sufrido varias anginas de pecho, ha sido operado de bypass –tiene una obstrucción del tronco común del 90%–, recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico desde 2006 y tiene reconocido por los servicios de salud del Principado un grado de incapacidad del 65%. Un informe del jefe de traumatología del Hospital Central de Asturias emitido el año pasado señala de forma expresa que J. D., cuyo trabajo le obliga a cargar a diario con cámaras y objetivos pesados, “está seriamente limitado para realizar cualquier actividad que exija las más ligeras sobrecargas mecánicas del esqueleto axial”. Por el contrario, otro documento del INSS de ese mismo año afirma que, como este trabajador paga la cuota de autónomos, “está exento a la sujeción de las exigencias de un tercero”.

Ante ejemplos así, fuentes del INSS entienden que la cuestión a la hora de acogerse a una incapacidad no es “lo que hayas tenido, sino cómo estás para desempeñar un trabajo”. “Evaluamos la capacidad de la persona para trabajar en el momento en que revisamos su caso”, afirman esas mismas fuentes. En total, los equipos del Instituto de la Seguridad Social tramitan cada año cerca de 50.000 expedientes en Asturias, 4.534 de ellos de incapacidad permanente –datos de 2013–.

Para atajar estos problemas, el portavoz de la Federación para la Defensa de la Sanidad cree que “la IT y su duración deberían quedar exclusivamente en manos del Sistema Nacional de Salud”. “Con la nueva reforma laboral, ya no tienes derecho ni a ponerte enfermo”, puntualiza el médico de atención primaria citado unos párrafos más arriba.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 32, MAYO DE 2014