Víctimas del acoso inmobiliario: Casas sin “bicho”

José Marcos León y su madre, Julia Martínez, últimos inquilinos de las viviendas de Ferreros en Oviedo. Foto / Alex Piña.

Hace apenas unos meses, tres residentes de la urbanización de Ferreros, que resistían a la llegada de la piqueta en el barrio ovetense de Ciudad Naranco, tuvieron que dejar sus casas tras años de batalla inmobiliaria. Algunos eran propietarios y en un caso una inquilina de renta antigua. Como muchos comerciantes, bajo la amenaza del cierre de sus negocios, que este año tendrán que renegociar sus alquileres por los cambios en la ley de arrendamientos.

Idoya Rey / Periodista.

Hubo unos años, a mediados y finales de la década del 2000, en los que las denuncias por acoso inmobiliario se contaban por decenas. Unidades de gestión en busca de rentabilizar sus solares, propietarios de singulares edificios ubicados sobre un terreno más apetecible que la propia edificación y herederos que querían maximizar los inmuebles recién recibidos expulsando a los inquilinos de renta antigua protagonizaron algunas de esas denuncias públicas de ‘mobbing’ o acoso inmobiliario. En la jerga del mundillo, cuando el ladrillo era el que mandaba, la pregunta que se hacían entre algunos promotores y constructores era si es el edificio tenía ‘bicho’, una forma de referirse a esos residentes con alquileres históricos reticentes a dejar sus casas. Algunos de esos casos aún colean y además este año, con los cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos, serán muchos los comercios que tendrán que renegociar esas rentas antiguas. Los propietarios podrán subir los precios, aunque los años de seria relación con pagos al día también habrán de valorarse, máxime con la crisis económica de por medio. No obstante, los ciudadanos que han vivido algo similar dicen que “siempre pierden los mismos”.

En Ferreros, una zona del barrio ovetense de Ciudad Naranco con unas pocas edificaciones de planta baja junto a la antigua cárcel, resistían hasta hace apenas dos meses tres personas. En febrero varios funcionarios judiciales acompañados por agentes de la Policía Nacional se presentaron en varias ocasiones frente a las viviendas para hacer cumplir una orden de desalojo forzoso en esas últimas casas habitadas de la calle Acisclo Muñiz Vigo. Los residentes se negaron a marcharse hasta que no hubiera viviendas de realojo, una promesa del Ayuntamiento que data de 2006, pero ventanas y puertas de los edificios añejos fueron tapiadas. “A los cuatro días tuvieron que irse, fue todo rapidísimo”, comenta una vecina de la zona.

Tapias y piquetes

Ahora los edificios ya aguardan con ventanas y puertas cegadas la llegada de una piqueta que tal vez se retrase por la crisis, aunque son muchos quienes piensan que, con la tímida recuperación económica, se volverá a las andadas. “Esto ha sido atropello sobre atropello. No nos negábamos a irnos, solo queríamos una nueva casa”, comenta sin ganas José Marcos León, uno de esos últimos propietarios. Vivió durante seis décadas en una casa propiedad de su madre Julia Martínez, que con más de 90 años ha tenido que marcharse. “Todo con unas prisas incomprensibles. Nos tuvimos que marchar sin casa de compensación, poniendo nuestro dinero y encima para dejarlo ahora todo tapiado y abandonado”, explica León, reticente a recordar una batalla que se remonta a 2006 y en la que ha dejado demasiadas fuerzas.

Ese año el Ayuntamiento autorizó las promociones de Almacenes Industriales, Ferreros y Prados de la Fuente. La unidad de gestión Ferreros I requería la expropiación de 17 vecinos para construir 161 viviendas y 200 plazas de garaje. Esa expropiación terminó por aprobarse y la mayoría de residentes llegaron a un acuerdo con la Junta de Compensación formada por Sacejo, Coprosa y Proinfer 5001, propietarias de más del 51% del suelo. Pero había unos pocos propietarios que no estaban de acuerdo en la compensación. Justo quienes no tenían otra vivienda en la que residir.

Junto a José Marcos León y su madre Julia Martínez resistía Carmen, una inquilina de renta antigua que solo pedía una vivienda que poder pagar. “Tuvo que atenderla la ambulancia cuando la desalojaron”, comentan los vecinos. “Ganamos un juicio pero al final hay ciudadanos de primera y de segunda”, lamenta León. A él le ofrecían 109.000 euros, que no le llegan para comprarse una vivienda en la zona y que representan un porcentaje muy bajo de la valoración que tendrán las casas que allí se construyan de llevarse a cabo los planes previstos.

El pleito que ganaron se resolvió en el Juzgado de lo Contencioso número 5 el pasado año. El magistrado atendió la reclamación de los vecinos contra la Junta de Compensación, que pretendía entrar en las viviendas para proceder a la ejecución forzosa del desalojo y la demolición. Argumentaba el fallo que las juntas de compensación no tenían entidad para instar la ejecución, algo que solo podía ejercer el Consistorio. Y ahí fue donde acudió la unidad de gestión, al Ayuntamiento, que siguió la tramitación.

Al auto de desalojo hubo recursos, “y no era firme, no era ejecutable, pero ya es un tema cerrado, es pasado del que preferimos no hablar más. Nos fuimos y tuvimos que poner dinero y ahora todo está tapiado”, incide León.

“Cuando Dios quiera”

En esa lucha por conservar la vivienda familiar, en algunos casos de más de cien años, existe en la capital asturiana otro ejemplo de resistencia. Está en un piso de las conocidas como casas del Cuitu, en plena calle Uría. Hace apenas quince días falleció una de las tres hermanas que conservan un contrato de alquiler de renta antigua y que no se replegaron a las condiciones que ofrecía la propietaria, que desde que adquiriera el histórico edificio en el año 2002 logró llegar a acuerdos con todos los residentes. Eso sí, entre acusaciones de acoso inmobiliario.

Solas en el edificio no abren la puerta a nadie y en alguna ocasión han declarado que saldrán de la casa, que su familia alquiló hace más de 90 años por un duro al día, “cuando Dios quiera”. La empresa propietaria, Propiedades Urbanas SA (Prusa), del grupo Masaveu, adquirió el edificio de 8.300 metros cuadrados al Banco Herrero en una subasta por 9 millones de euros. La idea era transformar las viviendas, en su mayoría ocupadas por inquilinos de rentas antiguas, en oficinas de alquiler. Para agilizar las obras intentó que declararan el edificio, incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, en ruina técnica y económica.

Eso sostenía Prusa y todo lo contrario los vecinos. La contienda en los tribunales se resolvió en 2007. Esta vez, el juez primó los argumentos del perito municipal y judicial, ambos contrarios a la declaración de ruina técnica o económica. Se ordenaron unas obras para garantizar la seguridad y estabilidad de algunos elementos del edificio y la empresa comenzó a negociar con los inquilinos que aún no se habían ido.

Todos fueron cediendo y abandonado sus pisos de 200 metros cuadrados, en un edificio construido entre 1913 y 1917 por encargo del indiano José Santullano, apodado como ‘El Cuitu’. Todos menos las últimas residentes que resisten mientras el resto del inmueble permanece vacío, sin rastro de las oficinas que allí iban a ubicarse.

Las declaraciones de ruina

La estrategia de intentar declarar la ruina del edificio también se empleó en otro histórico edificio donde hubo también denuncia de acoso inmobiliario, en la casona de La Regla, edificio del siglo XVIII, casa natal de Eduardo Martínez Torner. En un primer intento el Ayuntamiento lo rechazó, pero en 2004, tras la compra del edificio por Latores 2000, el Consistorio tramitó el expediente de ruina y ordenó el desalojo. La sociedad llegó a acuerdos con once residentes, con todos menos con un cerrajero que peleó por permanecer en su negocio. Daños en las cañerías, que un informe policial llegó a tildar de intencionados, inundaron varias veces el local de José Luis Caravia. Hablaba abiertamente de acoso inmobiliario, aunque no pudo demostrar ninguna de sus acusaciones en los juzgados.

La Regla luce ahora remozada, pues en ella se construyeron 18 nuevas viviendas. No ocurre lo mismo con otros edificios, con la ‘manzana de oro’ del centro comercial de la ciudad, esa que va desde Uría a Palacio Valdés y que mira a la calle Milicias Nacionales. “Recuerdo perfectamente el caso de Manolita que residía en ese edificio. Tenía filtraciones de agua y grietas en su casa que nadie reparaba. Como era de renta antigua querían echarla, pero ella denunció el caso”, explica el edil de Izquierda Unida, Roberto Sánchez Ramos, ‘Rivi’. Fue en 2009, cuando el concejal, por aquel entonces en Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda, se propuso la defensa de todos estos vecinos.

“En España y también en Oviedo, la técnica que usaban los propietarios y que descubrí visitando muchos edificios era la de quitar tejas para conseguir la ruina técnica y así deshacerse de los edificios protegidos y buscar un pelotazo con el solar”, rememora. Con la cantidad de lluvia que cae en Asturias en dos o tres años las estructuras “se dañaban”.

Parte de esa manzana consiguió finalmente la ruina. Una farmacia y una tienda de ropa que se ubicaban en sus bajos tuvieron que mudarse y ahora el edificio permanece andamiado. En los últimos meses ha cerrado también una cafetería de esos bajos comerciales de la calle Milicias Nacionales y la histórica librería Santa Teresa, tras 86 años de actividad, dejaba los estantes vacíos. Alberto Polledo se jubiló y, con el fin del contrato de alquiler, el local quedó vacío. La librería Santa Teresa reabrió a los pocos meses. Un sobrino de Polledo, Pedro, y uno de los antiguos empleados decidieron retomar la actividad. Eso sí, en otro local. Como ellos, muchos negocios históricos tendrán que renegociar sus alquileres antiguos antes de fin de año.

Las rentas comerciales

A partir de enero de 2015, todas las personas que siguen con un contrato de renta antigua firmado con anterioridad a mayo de 1985 tendrán que actualizar sus acuerdos de alquiler.  La Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) permitía la prórroga de los contratos de alquiler, pero el denominado Decreto Boyer puso fin a esa cláusula con una fecha determinada: finales de 2014. Solo en el caso de que el arrendatario sea una persona física, el contrato de arrendamiento seguirá hasta la jubilación o fallecimiento, a menos que su cónyuge continúe con la misma actividad.

“Por las consultas que hemos recibido hay un número significativo de comerciantes afectados, en especial en los cascos históricos, donde los negocios tienen rentas muy antiguas”, explica Magdalena Huelga, secretaria de la Federación Asturiana de Comercio (FAC). De momento, los arrendadores, dice, parecen no tener prisa por solucionar y aunque hay tiempo de negociar, el temor de los comerciantes es que las rentas se multipliquen hasta precios tan elevados que les aboquen al cierre.

No obstante, desde la FAC confían en que la situación de crisis económica haga que las negociaciones lleguen a buen puerto, para que Asturias no pierda negocios históricos como algunos de los han tenido que cerrar o mudarse por esas elevadas rentas.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 32, MAYO DE 2014