Yolanda Pérez: “Esto es como las preferentes”

Yolanda Pérez y su familia se manifiestan casi a diario frente a la sede de Mapfre en Gijón. Foto / Vázquez.

Elena Plaza / Periodista.

Uno de esos casos complejos que dan lugar a diferentes interpretaciones y a informaciones equívocas es el que les ocurrió a los padres de la gijonesa Yolanda Pérez, que llevan seis años luchando por lo que consideran suyo. En 2007 contrataron cada uno de sus progenitores un seguro de accidentes con la compañía Mapfre que, según les dijeron, y como se recoge en varias grabaciones que realizaron, cubre el fallecimiento accidental y accidentes vasculares. Es decir, que según les explicaron no deberían necesariamente fallecer para cobrar las indemnizaciones. El seguro se llama ‘Protección familiar’, hoy desaparecido.

El caso es que al padre, Julián Pérez, le dio un infarto reconocido como accidente laboral, y al cabo de un año es la madre, Sara Fernández, quien sufre otro. El capital a cobrar según les reconocen en Madrid es de 120.000 euros, pero cuando lo van a tramitar en Oviedo les dicen que esa incidencia no está cubierta porque la póliza no cubre incapacidades, solo fallecimiento.

En un juicio en primera instancia el juez da la razón a la familia, pero la compañía aseguradora (que declinó participar en este reportaje) lo recurrió y ganó en segunda instancia en la Audiencia Provincial. La familia fue condenada a pagar las costas, 30.000 euros, por el magistrado Rafael Martín del Peso. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimó el recurso presentado por la familia de Julián Pérez.

Martín del Peso explica que se entiende que las coberturas de esta póliza son por fallecimiento accidental y por fallecimiento por accidente vascular y que un infarto, salvo en unas condiciones determinadas, no se considera accidente vascular y que no suele estar cubierto. “Y así lo entiende también el Tribunal Superior de Justicia, que no prosigue con la causa”, añade. “La causa del pleito no era si el infarto era accidente vascular o laboral, sino si la incapacidad estaba cubierta por la póliza, y no es así. Es un seguro médico que cubre por fallecimiento, no por incapacidad, si no se pagaría más”. La prima anual del seguro ronda los 150 euros.

Su hija, que a raíz de este caso está estudiando Derecho, ve un sinfín de irregularidades en todo el proceso, complejo de por sí, destacando la diferencia de fechas entre originales y copias. Asegura que su madre nunca firmó nada, aunque en la copia presentada por Mapfre aparece su firma, objeto de un peritaje por parte de la Policía Nacional que en un primer cuerpo de escritura no es concluyente pero en uno posterior, basado en un documento de la aseguradora, da la razón a la compañía.

También considera extraño que fueran condenados en costas, algo que suele hacerse cuando el que pierde es el que recurre, y que la compañía no las haya cobrado aún, dos años después. Pérez entiende que así “pretenden tenernos callados, porque lo pueden cobrar en cualquier momento”. Como señala el magistrado, el cobro de las costas es un derecho, no una obligación, “una especie de crédito”.

Desde el mes de agosto Yolanda y su madre se manifiestan todos los días delante de la oficina de Mapfre en la calle Pérez de Ayala de Gijón. Por ello aparecieron en la prensa y la compañía mandó un par de burofaxes intimidatorios a su padre, que nunca se había manifestado. Asegura también que su padre tiene contratado un seguro de nómina con Bankia (de cuyo accionariado forma parte Mapfre) que nunca cobró, y que en fechas recientes les contactaron manifestándoles que “si se quedan callados les pagan el seguro de la nómina”, así como la eliminación de las costas pendientes de cobro. “Las aseguradoras funcionan así, con tal de no pagar lo que deben. Es muy normal que antes de entrar a una conciliación o juicio te ofrezcan un acuerdo y la gente lo acepte”, añade.

Yolanda Pérez no desiste en reclamar lo que considera que es de su familia. Mientras tanto se sigue preguntando: “¿A mis padres qué les vendieron? Salvando las distancias, esto es como las preferentes”.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 41, NOVIEMBRE DE 2015