Marcos Madrigal y José Pando, en la sede de la ONG «Identidad para ellos», en Gijón. Foto / Marcos León.

Patricia del Gallo / Periodista.

De los cerca de 400 niños que están hoy bajo protección en el Principado, unos 30 cumplen al año la mayoría de edad y tienen que abandonar el sistema o, como dice Marcos Madrigal, el sistema les abandona a ellos. Este trabajador y educador social preside “Identidad para ellos”, una ONG asturiana que muestra como pocas que el sistema falla. Surge en 2002 con gente que como Madrigal han pasado media vida institucionalizados, pero también con psicólogos, antropólogos y otros profesionales asqueados con lo que han visto hasta ahora.

La organización nace para dar una salida a las decenas de jóvenes que tras años bajo el “paraguas”, como lo llaman ellos, de una institución pública o privada, al cumplir la mayoría de edad les dan “una patada en el culo y fuera”, afirma Madrigal. “Nadie se preocupó de formarles, no solo académicamente, y eso que sería su obligación que el menos acabaran la enseñanza básica, sino para vivir de forma independiente. Para que os hagáis una idea aunque os parezca banal”, cuenta Madrigal, “algunos no saben ni poner un despertador. Durante años sus cuidadores se han ocupado de ir a su cuarto a levantarles. No saben gestionar su dinero, no han tenido un referente, una familia que les transmita lo que cuesta ganar un euro. Tienen un total desconocimiento de la vida real”.

Marcos lo sabe por experiencia y la organización que preside es una de las más críticas con el sistema actual.  A ellos llegan cada año jóvenes que recién salidos de un centro no tienen adónde ir. “Vienen aquí sin nada [habla de un pequeño bajo en el barrio gijonés de El Llano] y tratamos de que por lo menos no duerman en la calle. Les pagamos una pensión y les ayudamos a  buscar trabajo”. Pero no es fácil y muchos acaban volviendo a sus familias, de las que la Administración los separó hace años, con las que la mayoría ha perdido el contacto y lo peor es que sin que nadie resolviera los problemas, de maltrato, violencia o alcoholismo por los que fueron tutelados. “La situación llega a ser tan surrealista -lamentan en “Identidad para ellos”- que muchos chavales no están empadronados en ninguna parte y sin eso no pueden acceder a nada, a ningún recurso público”.

Por ello este pequeño local gijonés es la residencia “oficial” de muchos de estos jóvenes. “No es la solución”, asegura  pero “estamos hartos de intentar que la Consejería de Bienestar nos haga caso y nos escuche. Que esto es un problema, que no pueden soltar a gente a la que tuvieron protegida durante años y dejarla en la calle sin más, que son carne de presidio, porque si no tienen que comer van a delinquir. Y lo más tremendo es que durante años la Administración se ha gastado miles de euros en mantenerles en sus centros, recursos que ahora se tiran a la basura. Ahora lo único que podemos ofrecerles es enviarles a la caridad”.

La última ayuda que llegó a esta ONG fue hace cinco años y, tras dar de baja el correo electrónico y el teléfono, ahora van a tener que abandonar el local en el que subsisten. Pero aseguran que seguirán trabajando por los chavales. Ninguno en la ONG vive de esto. Su trayectoria contrasta con otras entidades privadas que en los últimos años solo en Asturias han recibido cientos de miles de euros con el sistema de acogida de niños. En el Principado la mitad de los centros de protección son privados y están en manos de la Iglesia.

Durante el tiempo que pasan internados, la Administración insiste en que los niños “no deben aferrarse a una figura estable”. Hay niños que en 15 años de estancia en un centro llegan a tener una decena de cuidadores. Si son adoptados se les impide luego mantener relación con los que fueron sus compañeros en el centro o sus tutores. En APRODEME son muy críticos con estas medidas y se preguntan: “¿Por qué se les borran sus recuerdos de infancia, tan malos cree la Administración que son? ¿Alguien se imagina que te obligaran a borrar tus primeros seis años de vida, por ejemplo?”.

Un reciente estudio realizado por la Facultad de Humanidades de Granada sobre la influencia del acogimiento residencial de los menores en desamparo concluye que “la estancia en régimen de acogida en un centro se relaciona habitualmente con una peor adaptación posterior, aumento de problemas escolares y aparición de conductas disruptivas de carácter agresivo”. Entonces la pregunta que muchos se hacen es por qué hay niños que jamás son adoptados cuando hay cientos de familias dispuestas a ello.

La respuesta para José Pando es la burocracia y el propio sistema. “Basta con que los padres biológicos aunque estén en prisión se interesen una vez cada dos años por el niño, para poner el contador a cero”. Y no es teoría. Él conoce muy bien a Lola. Abandonada al nacer, pasó toda su vida en centros sin ser dada en adopción. Sus padres, de etnia gitana, pusieron todos los problemas posibles y el sistema permitió que ella creciera institucionalizada. Hace unos días salió con 17 años. Ahora convive con un yonki en la zona de Ventanielles de Oviedo. No tiene estudios ni recursos. “El sistema la ha abandonado a su suerte, como a tantos”, lamenta.

Familias que no interesan

En los últimos años los sistemas de protección de la infancia de los países más desarrollados de Europa fueron buscando alternativas a las grandes instituciones residenciales creando pequeños hogares o una red de familias de acogida. En algunos casos han llegado a eliminar el recurso a los centros de menores, sobre todo para pequeños de hasta los doce años. En países como Alemania el acogimiento en familias es mayoritario. En otros países, nórdicos y anglosajones, las familias acogedoras son predominantemente profesionales y es más frecuente que sean autónomas. En Francia, once de cada trece niños acogidos lo están con familias profesionales y asalariadas. Cobran por ello, pero aún así, el mecanismo no solo es mejor para el niño sino que sigue siendo más barato.

En España estamos a años luz. El último informe del Sindic de Greuges de Cataluña es demoledor para la Administración española al señalar que el recurso del acogimiento en un centro sigue siendo mayoritario. En este sentido, sentencia, “no parece aceptable que la  Administración no ofrezca a un niño desamparado el recurso que necesita porque no ha creado un cuerpo de familias acogedoras preparadas para atenderle”. Y aunque reconoce que “no hay familias acogedoras suficientes, habría más si se destinases a ellas los  instrumentos adecuados”. El informe elaborado en 2010 por la Comisión Especial de Estudio de la adopción nacional constituida en el Senado, en la que participaron responsables en materia de infancia de todas las Comunidades Autónomas, concluyó que nuestro país debe potenciar el acogimiento. E incluso planteaba ya entonces la “necesidad de “suprimir legalmente el acogimiento residencial para menores de seis años” y hacerlo “de forma escalonada”, en un primer momento en el tramo de 0-3 años y en un plazo razonable hasta los seis.

Dibujo de Lucía, una niña tutelada de cinco años, tras la visita de su madre biológica.

España rectifica

España acaba de reconocer que su ley de protección a la infancia no funciona. Que ese “interés superior del menor” que debe primar se queda en simple término jurídico y tras varios años de debate y consulta ha acatado algunas de las propuestas que le vienen lanzando desde hace mucho tiempo Naciones Unidas. Así, dentro de unos días el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de ley de Protección a la Infancia.

Según la ONU, España debía adaptar su ley a las nuevas realidades sociales del país. La anterior norma data de 1996. La actual comenzó a gestarse con el PSOE y acabará siendo aprobada por el PP.

Claudicará nuestro país, al menos sobre el papel, a una recomendación que distintos organismos internaciones le llevan haciendo desde hace años. La primera es la de fomentar el acogimiento de los menores en familias y dejar las instituciones para casos muy concretos, nunca para menores de 3 años y por un período de tiempo límite de 24 meses, salvo casos excepcionales. Pasado ese tiempo serán adoptados o acogidos y para ello, dice el nuevo texto, se facilitarán los trámites administrativos. El problema a esta medida es que el Gobierno quiere que en esos casos la decisión no esté como hasta ahora en manos de un juez, lo que para muchos colectivos podría restar garantías tanto a padres como a hijos. Sus defensores dicen que lo hará más ágil.

En 2012 fueron 3.200 los menores que sufrieron algún tipo de violencia en el entorno familiar o social. Por ello la nueva ley contempla que aquel que quiera trabajar en actividades con menores tendrá que acreditar que no tiene antecedentes penales de abusos sexuales. La medida, hasta ahora, no era un requisito.

Otro aspecto importante que modifica la ley por recomendación de la ONU es que se pueda escuchar al afectado, o sea al niño en casos de separación, divorcio o adopción. Se hará con los mayores de 12 años y con los menores que muestren “suficiente madurez”.

Uno de los aspectos más polémicos y que más rechazo está suscitando la nueva ley es el límite de 45 años de diferencia como máximo para adoptar a un niño. Pocos entienden que hoy en día, cuando la maternidad se pospone cada vez más y son miles las mujeres que tienen su primer hijo a partir de los 40, la ley deje a las de 45 sin esa posibilidad. Hasta ahora algunas Comunidades tenían en cuenta esa diferencia entre adoptante y adoptado y otras no. Así que muchas parejas se empadronaban en otra región para lograr más fácilmente el certificado de idoneidad necesario para ser padre. Ahora los criterios serán iguales en toda España.

Y otro derecho que reivindican desde hace mucho los adoptados es que cuando se apruebe la ley tendrán derecho a conocer sus orígenes. La Administración tendrá que guardar y facilitar durante 50 años los datos sobre sus padres biológicos. Y va más allá la norma al permitir a los adoptados seguir manteniendo relación con sus familias biológicas aunque con dos salvedades demasiado importantes, que los padres adoptantes estén de acuerdo y que además lo autorice un juez. En el trasfondo de esta medida están los casos de bebés robados.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 37, MARZO DE 2015