Javier de Lucas: “La UE está en guerra contra los migrantes y refugiados”

Javier de Lucas es catedrático y experto en políticas migratorias. Foto / Juan Miguel Baquero.

Javier de Lucas (Murcia, 1952) es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política, experto en políticas migratorias, problemas de legitimidad y legalidad, obediencia y desobediencia civil, entre otras áreas. Este fecundo escritor, que acaba de publicar el ensayo «Mediterráneo, el naufragio de Europa» y es también director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, contesta a las preguntas con la pulcritud del académico y la sorna de quien sabe que hasta lo más grave necesita del aire para digerirse.

Patricia Simón / Periodista.

Los responsables en la Unión Europea de la gestión de lo que llaman ‘flujos migratorios’ llevan dos décadas presentándolos como una amenaza, para a continuación anunciar el endurecimiento de las medidas para frenarlos. Año tras año, fracasan en sus supuestos objetivos, mientras aumenta la cifra de muertos en nuestras costas sin dar ninguna respuesta nueva. ¿Por qué siguen siendo minoritarios otros planteamientos para gestionar algo tan evidente y universal como el hecho de que las personas se muevan?

La UE está en guerra contra los migrantes y refugiados y para explicarlo habría que hablar de sinrazones porque ningún análisis racional que estudie sus estrategias se sostiene porque el resultado es un fracaso tras otro. Hay que partir de una distinción de la Sociología del Derecho: las funciones latentes de las normas jurídicas y de las políticas frente a las manifiestas. Las normas del Derecho de Inmigración –que en España se sigue llamando de Extranjería porque no les quieren reconocer sus derechos– tienen la función manifiesta de adecuar los movimientos migratorios a las necesidades del mercado de trabajo. Éste es el primer problema porque supone entender las migraciones desde una sola clave, cuando son mucho más que una cuestión de desplazamiento de mano de obra.

Esa lógica unilateral en la que solo se prima el beneficio viene arropada por el proyecto neoliberal, que entiende a los inmigrantes como mercancía caducable y sustituible. El objetivo es desestabilizar el propio mercado de trabajo nacional con el fin de mantener a los inmigrantes en la precariedad.

De esta manera, la función latente de la política migratoria es lo que los sociólogos llaman “un problema obstáculo”, es decir, un conflicto creado para decir que yo lo soluciono. Crear así un discurso con el que apaciguar a las clases a las que antes se les llamaba peligrosas y que han sido depauperadas a través de la gestión de la crisis. Grandes sectores de la población para los que el trabajo ya no asegura salir de la pobreza.

Para evitar la conflictividad que genera suprimir derechos fundamentales, se nos dice que nos están protegiendo del peligro que representan los inmigrantes y refugiados, de su competencia desleal en el mercado, de la delincuencia porque nos roban, de la pérdida de nuestra identidad… Extienden este discurso para que la gente piense que lo está pasando mal por los inmigrantes y refugiados, cuando estudios de fundaciones poco marxistas como la del BBVA o La Caixa han demostrado que las primeras víctimas de la crisis han sido precisamente los inmigrantes y refugiados.

Por tanto, la explicación de que los Estados no rectifiquen cuando claramente sus políticas han fracasado es porque así ganan los mercados –los que realmente nos gobiernan–, y a los Gobiernos les sirve para una relegitimación en un momento en el que deberíamos estar en guerra contra ellos o, por lo menos, siguiendo el ejemplo de lo que están haciendo los franceses: echándoles en cara con sus manifestaciones que nos están arruinando la vida.

Lobbies de fronteras

Y una de las industrias más beneficiadas por estas relaciones con países como Arabia Saudí es la armamentística, a su vez, una de las más favorecidas por las políticas de control fronterizo. Vemos cómo el Frontex, la agencia europea para el control de fronteras exteriores, nació en 2005 con un presupuesto de 6,3 millones de euros y en 2015 ya disponía de 115.

El Frontex está absorbiendo un porcentaje creciente del presupuesto que debería estar dirigido a la gestión de políticas migratorias y de asilo, para destinarlo a una respuesta policial de fronteras. Se ha presentado brutalmente la disyuntiva –que engancha mucho a la opinión pública– de enfrentar los derechos de los refugiados a la seguridad de las fronteras y el espacio Schengen. Pero quien crea ese dilema es el Frontex, el mismo que nos dice que hay un desbordamiento del control de las fronteras. Es una mentira de libro que sea inabarcable. Son cifras perfectamente gestionables, pero el Frontex nos está trasladando los intereses de los lobbies del negocio de la policía de frontera. Esa función se podría hacer razonablemente bien con la intervención de agencias internacionales sin la necesidad de militarizar las fronteras.

La armamentística es una industria capital en la Unión Europea y tiene absolutamente penetrados los aparatos del Estado. En España, ahora que se ha perdido la vergüenza, tenemos a un ministro de Defensa, Pedro Morenés, que ha sido consejero delegado y director ejecutivo de empresas armamentísticas. Es bastante ilustrativo el hecho de que España sea el tercer proveedor europeo de armas a Arabia Saudí, que las vende para el conflicto sirio.

¿Por qué la UE toma la decisión insólita de pedir la intervención de la OTAN en el control de frontera entre Turquía y Grecia? Se ha pasado de un control policial a operaciones militares, de las que las grandes beneficiarias son la industria armamentística, y el discurso que quiere hacernos ver es que los refugiados son un problema de seguridad, por lo que requiere una lógica militar en la que la política desaparece.

Eso encaja con la actuación del Gobierno de Rajoy que, vista la respuesta solidaria ciudadana, cambió su discurso el pasado verano de “los refugiados son goteras” que nos inundan –como declaró el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz– por el de defender a los refugiados “que sí tienen derechos” frente a los inmigrantes, a los que hay frenar por todos los medios.

Efectivamente el efecto más pernicioso que ha tenido la gestión de la mal denominada “crisis de refugiados” ha sido ese efecto péndulo de decir ‘sí a ocuparse de los refugiados’ –aunque luego no lo hagan–, mientras que con los inmigrantes se puede hacer lo que nos dé la gana porque no hay un convenio internacional como el de Ginebra para los refugiados. Pero sí hay una convención de la ONU de los derechos de los migrantes de 1990, que no ha ratificado ningún Estado de la UE ni los EEUU porque supondría reconocer derechos a los migrantes en situación irregular.

También han recuperado una categoría en desuso, la de “inmigrantes económicos”, entendiendo “económico” como una connotación peyorativa. Pero, ¿qué tiene de malo? Inmigrantes económicos son millones de personas en el mundo, incluidos españoles, aunque para la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, éstos sean “aventureros”.

Hicimos la legislación de asilo porque en 1951 los refugiados eran europeos. Si no lo hubieran sido, esa convención no existiría. Pero tenemos obligaciones jurídicas con esas personas, tenemos que darles unas prestaciones que cuestan dinero. Y en Suiza, Dinamarca, los Estados alemanes de Baviera… se las estamos cobrando obligándoles a entregar sus joyas salvo que prueben que tienen un valor sentimental ¿A qué suena todo esto?

El hecho de que se haya condecorado a los ocho guardias civiles que fueron absueltos de la acusación de haber maltratado a un inmigrante en la valla de Melilla, cuando todos hemos visto las imágenes que lo confirman, ¿qué supone para la legitimidad de la legalidad nacional e internacional?

Esta condecoración contribuye a una pérdida de prestigio no solo en términos de legitimidad, sino también de coherencia del sistema legal. La pérdida de prestigio es más grave socialmente porque, sin legitimidad, la legalidad solo puede sostenerse a base de fuerza. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la legalidad, lo que ese hecho pone de manifiesto es la existencia de un sistema de apariencia de legalidad que en el fondo instituye zonas de no-Derecho. Y eso, aunque sea más difícil de percibir, también es tremendamente grave porque lleva a la convicción de que la legalidad es cualquier cosa que quiera el poder.

Hechos como esta absolución y condecoración evidencian que una parte muy importante de la legislación española reciente –no solo en materia de extranjería– es contradictoria con el rasero mínimo de legalidad. Y eso termina por socavar la confianza en el Derecho y no hay sociedad que pueda sobrevivir sin confianza en el Derecho.

El avestruz compasivo

Ejemplos como la legalización de las llamadas “devoluciones en caliente” o el acuerdo de la Unión Europea con Turquía ¿son, por tanto, muestra de una paulatina desconexión entre la práctica política y la normativa?

El ejemplo del acuerdo de la UE y Turquía, que no solo es ilegítimo sino también ilegal, reúne esos dos aspectos: la falta de justificación última de los valores de la UE y una contradicción brutal con la legalidad europea. Los gobernantes europeos se vieron confrontados con su propio criterio sobre las políticas de inmigración y asilo y, desesperados, acudieron a lo último que se debe acudir: infringir la legalidad en aras de quitarse el problema de encima.

Pero no es la primera vez. La externalización de las fronteras –pagar a terceros países para que controlen nuestras fronteras– ha sido siempre la respuesta en los momentos críticos de política de inmigración. Lo que la politóloga y socióloga Catherine Withol der Wenden ha denominado la “táctica de avestruz”. Yo le añado “el avestruz compasivo”, porque la Unión Europea tiene mala conciencia y trata de disfrazar con apariencia de legalidad lo que saben que, como mínimo, pugna con los principios de legitimidad del proyecto europeo: un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que priman los derechos fundamentales.

El hecho de que la UE haya establecido un límite de acogida de 72.000 refugiados tampoco tiene sentido porque, si es un derecho, ¿cuál es la justificación de esa cifra?  La Unión tiene esa absurda concepción de una política hidráulica de inmigración y asilo en el que hay que poner en un vaso un número que equilibre el del otro vaso. Eso demuestra que en la UE no priman los derechos, sino las estadísticas, los números.

Ahí está fallando el Parlamento Europeo que, aunque ha hecho críticas, debería plantearse la denuncia en los tribunales de los Gobiernos europeos, de la Comisión y del Consejo por haber montado este sistema de vaciamiento del derecho humano al asilo.

Y en este sentido, ¿qué papel está jugando ACNUR?

Es una pregunta complicada que me plantea muchos problemas porque tenía un alto grado de confianza en ACNUR hasta esta crisis de refugiados. Los testimonios de personas que han estado allí y de organizaciones fiables como Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo son muy graves respecto a su papel. Como mínimo, peca de omisión y, se sospecha, que de colaboración con actuaciones inadmisibles desde el punto de vista del derecho del refugiado. Por ejemplo, el desmantelamiento del campamento de Idomeni, con el conocimiento de ACNUR y en condiciones en las que no se garantizaron los derechos de las personas allí asentadas. Fueron encerradas en instalaciones sin condiciones fundamentales para la vida, como fábricas abandonadas, donde no tienen ni luz ni agua. O que haya accedido, a diferencia de las otras ONG, a la transformación de los campos de acogida en campos de reclusión. El hecho de que ACNUR no haya hecho un comunicado sobre la ilegalidad de esta acción infringe su mandato fundacional como agencia de las Naciones Unidas.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 46, SEPTIEMBRE DE 2016